Por Rodolfo Franco

Una de las instituciones de las fuerzas armadas más respetable era la Marina Armada de México, la más confiable, la que más aciertos tuvo en el combate al crimen organizado, ahora vemos que unos cuantos marinos, bajo la silente complicidad del jefe supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador la corrompieron, la enlodaron, mancharon su honor y prestigio, la enviaron a navegar en aguas turbulentas.

La génesis del más reciente escándalo denominado ‘huachicol fiscal’ fue la entrega a la Marina de la vigilancia y control de las Aduanas, responsabilidad que recaía en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la decisión de López Obrador la justificó de la siguiente manera: “Se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia”, “Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, el ‘plata o plomo’. Se requiere por eso del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano”, fue así que los expuso a la fuente de la corrupción, hoy se sabe que los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, contralmirante y vicealmirante, el primero ya en la cárcel y el segundo prófugo, eran quienes encabezaban (visiblemente) en la Aduana el ingreso de combustible en buques, que luego era distribuido en ferro tanques y pipas en las diferentes gasolineras del país, con la detención de uno y la orden de captura de otro, se trata de cortar el cable que conduzca a los verdaderos responsables en la institución para no llegar al tío político de los Farías Laguna, Rafael Ojeda Durán secretario de Marina de López Obrador, personaje en donde recaen todas las dudas a partir de las contradicciones en la que cayó cuando manifestó que estaba enterado de los que estaba sucediendo, lo informó a la Fiscalía General de la República (FGR), dejando la duda sobre el reporte que debió hacer a su superior jerárquico, el presidente López Obrador, si no en la mesa de seguridad que ‘todas las mañanas encabezaba el presidente’, pudo haberlo hecho en privado, pese a ello las operaciones de ingreso de combustible y evasión de impuestos se continuó por dos años hasta que por graciosa coincidencia de la visita a México de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, verdaderamente se activó la redada en contra del cártel de los huachicoleros fiscales.

De los 14 funcionarios capturados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum como parte del combate a la red de huachicol, seis eran marinos, tres empresarios y cinco ex funcionarios de aduanas, a ello debemos sumar los asesinatos y ‘suicidio’. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre del 2024 en Manzanillo luego de haber informado al secretario Rafael Ojeda Durán cómo estaba funcionado la entrada ilegal de combustible, el 8 de septiembre de este año se ‘suicidó’ el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fuera responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, citado por el ex director de Aduanas de Tampico de haber recibido sobornos, al día siguiente se reportó la muerte del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una ‘práctica de tiro’ en Puerto Peñasco, Sonora, a donde llegó después de haber estado adscrito a la Aduana de Manzanillo Colima, la vacante de Adrián Omar fue ocupada por Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado a solo dos semanas de asumir el cargo.

La sombra luctuosa del cartel del huachicol alcanza a Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, asesinado en el mes de agosto luego de encabezar el operativo de aseguramiento de combustibles, en octubre del 2024 Magaly Janet Nava Ramos funcionaria de la delegación FGR de Colima fue asesinada, investigaba al cártel del huachicol de los hermanos Farías, en mayo del 2024 Carlos Narváez Romero, ex funcionario en la Agencia Nacional de Aduanas de México fue arteramente asesinado en Ciudad de México, en total siete personas fallecidas ha dejado la investigación.

Otro agravante para la Marina fue la captura de personajes que intervenía en el traslado y venta de combustibles; Roberto Blanco Cantú, propietario de Mefra Fletes, y su hermano Rigoberto, vinculado con grupos del crimen organizado de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los otros son José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de Mefra Fletes. El hermano del segundo es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada en relación al rancho Izaguirre.

La Marina fue lanzada por López Obrador al fango, ya se enlodó, habrá que esperar que seque el barro para que se caiga.