RFInforma / Laura Centeno  / Ciudad de México / viernes 15 de noviembre del 2024

Redacción.-

Mientras en el sexenio de Vicente Fox la ciudadanía promovió un promedio de 157 solicitudes diarias de acceso a la información y protección de datos, en el de López Obrador subió hasta 900 solicitudes diarias.

En la administración de López Obrador, los recursos de revisión promovidos ante el INAI debido a la negativa de las instituciones federales para entregar información alcanzaron su máximo histórico con 113,610 casos, un incremento del 116.1% respecto al sexenio anterior.

La Plataforma Nacional de Transparencia del INAI ha centralizado y optimizado la gestión de solicitudes a la federación, estados y municipios, consolidando más de un millón de trámites anuales y permitiendo un crecimiento promedio de 147% en la demanda ciudadana.

Casos como Ayotzinapa y los contratos de vacunas COVID-19 ejemplifican cómo el INAI ha desclasificado información clave que, de otra manera, habría permanecido oculta bajo el criterio discrecional de las autoridades aún cuando se trata de responsabilizar al INAI de la falta de información.

Sindicatos, partidos políticos e instituciones como las Universidades Benito Juárez destacan por ser los entes con menores respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, por lo que son un foco rojo de opacidad.

Dos décadas de transparencia: de la autonomía a la discrecionalidad
En los últimos cuatro sexenios, el acceso a la información pública y la protección de datos personales del orden federal han mostrado un crecimiento sostenido en México. Desde la administración de Vicente Fox, en la que se gestionaron 172,169 solicitudes, hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un total de 1,972,174 solicitudes, el incremento representa un crecimiento superior al mil por ciento en un periodo de dos décadas.

Este aumento en la demanda de información del ámbito federal no solo muestra el grado de involucramiento de la ciudadanía en el escrutinio de los asuntos públicos, sino también la capacidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para responder a la demanda creciente de transparencia.

Los datos indican que, con cada sexenio, el acceso a la información pública se ha visto fortalecido por la evolución tecnológica impulsada por el INAI. Un hito clave en este proceso fue la transición de sistemas dispersos, como Infomex y las plataformas locales, hacia una sola herramienta integrada: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Este avance ha permitido consolidar la gestión de más de un millón de solicitudes desde su implementación, con un crecimiento promedio anual del 147%. Este volumen se traduce en un aumento significativo del promedio diario de solicitudes, que pasó de 157.2 durante el gobierno de Vicente Fox a 900.5 en el de López Obrador. La PNT no solo centralizó el acceso a la información, sino que también optimizó los procesos, facilitando a la ciudadanía el ejercicio de su derecho a la información de manera más eficiente y accesible.

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En este contexto, la reciente iniciativa de trasladar las funciones del INAI a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno plantea una interrogante crítica: ¿quién garantizará el mismo nivel de acceso y confiabilidad en la información que hoy es posible gracias a este organismo autónomo? Esta decisión no solo implica un cambio administrativo, sino también la pérdida de una institución del Estado que ha mediado entre los ciudadanos y el poder político, asegurando que la información pública y la protección de datos personales no dependan de la voluntad discrecional de las autoridades. Un claro ejemplo es el caso Ayotzinapa, donde diversas solicitudes de información relacionadas con la investigación fueron inicialmente negadas o declaradas inexistentes por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, gracias a los recursos de revisión interpuestos ante el INAI, se lograron desclasificar documentos clave que arrojaron luz sobre las irregularidades en la investigación.

Otro ejemplo es el de los contratos relacionados con la compra de vacunas contra el COVID-19. Durante la pandemia, la Secretaría de Salud se negó a entregar los contratos completos, alegando cláusulas de confidencialidad. Fue a través de la intervención del INAI que se logró la entrega de versiones públicas de estos contratos, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se estaban utilizando los recursos públicos en un contexto crítico. Ambos casos demuestran que, sin la mediación del INAI, estas solicitudes habrían quedado sin respuesta o sujetas al criterio discrecional de las autoridades gubernamentales.

Transparencia bajo demanda
La evolución en el volumen de solicitudes dirigidas al ámbito federal desde 2003 refleja un patrón de crecimiento sostenido y una demanda consolidada. A partir de las 24,097 solicitudes iniciales, la cifra se ha multiplicado en dos décadas hasta alcanzar un máximo de 380,377 en 2020, año en que la pandemia impulsó la necesidad de transparencia en la gestión gubernamental. A su vez, este crecimiento coincide con la implementación de la PNT en 2016, una herramienta que el INAI habilitó para hacer más accesible la información pública. Lejos de ser una respuesta coyuntural, este incremento revela un derecho que la ciudadanía ha asumido como propio y que ha consolidado al INAI como un pilar en el acceso a la información.

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En términos específicos, la siguiente tabla comparativa por sexenio revela cómo el INAI ha gestionado un crecimiento acelerado en la demanda ciudadana de solicitudes de acceso a la información pública, excluyendo aquellas relacionadas con la protección de datos personales. Esta distinción es fundamental, ya que permite analizar de manera específica la evolución en el ámbito de la transparencia gubernamental, separando los dos pilares sobre los que opera el INAI.

En promedio, las solicitudes de acceso a la información aumentaron un 136% cada sexenio. Por ejemplo, mientras que durante el mandato de Vicente Fox se gestionaban 141 solicitudes diarias, esta cifra se incrementó a 759 bajo la administración de López Obrador, marcando un aumento de más del 400% en dos décadas. A nivel anual, el promedio de solicitudes gestionadas pasó de 51,464.7 en el sexenio de Fox a 277,037 en el de López Obrador, superando en un 95.1% la media general de todo el periodo analizado. Este incremento refleja no solo un aumento en la participación ciudadana, sino también la capacidad del INAI para adaptarse a las crecientes demandas de transparencia.

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Entre los sujetos obligados del ámbito federal, algunos destacan por la alta cantidad de solicitudes de acceso a la información pública recibidas, reflejando el interés de la ciudadanía en áreas clave de la administración pública. Desde 2019, año para el cual disponemos de datos públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han liderado el número de solicitudes, alcanzando más de 70,000 en un solo año en el caso de la SCJN y cifras cercanas a las 39,000 para el IMSS. Estas cifras muestran una demanda sostenida en temas de justicia y salud, sectores de interés prioritario para la población. Otras instituciones, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también han experimentado picos de solicitudes que superan las 23,000 y 10,000 respectivamente en periodos recientes, lo que ofrece indicios de la importancia de la información relacionada con la regulación sanitaria y la seguridad social en el país.

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Por su parte, el aumento en las solicitudes de protección de datos personales en el ámbito federal durante los últimos cuatro sexenios ha seguido una trayectoria creciente y sostenida. En el periodo de Vicente Fox, estas solicitudes apenas alcanzaban un promedio diario de 16.2, sumando un total de 17,775 en todo su sexenio. Sin embargo, bajo la administración de Felipe Calderón, este número experimentó un crecimiento exponencial del 670.1%, con 136,878 solicitudes gestionadas y un promedio diario que se elevó a 62.5. Esta tendencia continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alcanzando 221,973 solicitudes, lo que representa un incremento del 62.2% respecto al periodo anterior y estableciendo un promedio diario de 101.4. Finalmente, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador consolidó esta demanda, con un total de 309,947 solicitudes y un promedio diario de 141.5, superando en 80.6% la media histórica de todo el periodo comprendido entre 2003 y 2024. En conjunto, este crecimiento se traduce en el hecho de que, en promedio, las solicitudes de protección de datos personales en el entorno gubernamental se han incrementado en un 257% cada sexenio.

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Cuando el gobierno calla, el INAI responde
El crecimiento en el número de recursos de revisión promovidos contra las respuestas de los sujetos obligados muestra otro aspecto esencial de la labor del INAI. Pero, ¿qué es exactamente un recurso de revisión? Este mecanismo permite a los ciudadanos impugnar las respuestas proporcionadas por los sujetos obligados — es decir, todas aquellas entidades públicas y privadas que, por ley, deben proporcionar información pública o proteger datos personales. Cuando un sujeto obligado niega el acceso a determinada información, declara la inexistencia de los documentos requeridos o entrega información incompleta o incorrecta, el ciudadano puede acudir al INAI para que revise la respuesta y determine si se ha cumplido con la ley.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, se registraron 34,260 recursos de revisión, con un promedio diario de 15.6. Este número aumentó significativamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alcanzando un total de 52,574 recursos, lo que representa un incremento del 53.5% respecto al periodo anterior. El promedio diario también subió a 24 recursos, una cifra que indica una creciente insatisfacción ciudadana con las respuestas de los sujetos obligados y un uso cada vez mayor de esta herramienta para exigir la entrega de información de calidad.

Bajo la administración de López Obrador, la cifra de recursos de revisión promovidos alcanzó un nuevo récord, con 113,610 casos, lo que representa un incremento de 116.1% respecto al sexenio anterior y un crecimiento acumulado del 231.6% desde 2007. Con un promedio diario de 51.9 recursos y un promedio anual de 18,935, este periodo destaca como el de mayor demanda de revisiones, superando en 70% el promedio general de 66,814.

Esta tendencia ascendente revela un aspecto fundamental en la interacción entre el gobierno y la ciudadanía: la poca disposición de las instituciones públicas para proporcionar información completa y precisa. La tasa de cambio promedio del 85% cada sexenio es un indicador de que, en ausencia del INAI, este mecanismo de revisión podría quedar al arbitrio del propio gobierno, eliminando una instancia crítica que ha servido de contrapeso a las respuestas insuficientes de las instituciones federales.

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En este sentido, desde 2007, las tendencias en los recursos de revisión reflejan una persistente necesidad de la ciudadanía por exigir mayor transparencia en las respuestas oficiales. A partir de los 2,328 recursos registrados en ese año, esta cifra se ha incrementado sostenidamente, con momentos críticos como en 2019, cuando el número alcanzó 18,433. Este crecimiento no es aleatorio; coincide con un periodo de fortalecimiento del INAI y la implementación de la PNT en 2016, una herramienta que facilitó el acceso ciudadano a los recursos de revisión y simplificó el proceso de apelación. En este sentido, el aumento en los recursos puede interpretarse como un termómetro de la calidad de la respuesta gubernamental, donde los ciudadanos recurren al INAI para obtener la información que las instituciones se rehúsan a entregar de manera completa o precisa.

El año 2022 representa el pico en esta tendencia, con 24,924 recursos de revisión promovidos, una cifra sin precedentes que muestra la creciente necesidad de este mecanismo en tiempos recientes. La continuidad de recursos elevados en los años posteriores, aún con una ligera disminución a 20,080 en 2023 y 16,088 en 2024, es indicativo de los constantes obstáculos o barreras en la disposición de las instituciones gubernamentales para entregar dicha información. Cada recurso de revisión representa no solo una respuesta insuficiente del gobierno federal, sino también el rol esencial del INAI como mediador y garante del derecho de los ciudadanos a la información. La desaparición de este organismo implica, en última instancia, que estas solicitudes de revisión quedarán a merced de las propias instituciones cuestionadas, diluyendo el contrapeso que actualmente permite al ciudadano enfrentar el silencio o la omisión de quienes detentan la información pública.

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Desde la entrada en funcionamiento de la PNT en 2016, la proporción de recursos de revisión promovidos ha mantenido una distribución clara y consistente: 8 de cada 10 de estos recursos han sido interpuestos por solicitantes de acceso a la información pública. En contraste, el porcentaje de recursos relacionados con la protección de datos personales se ha mantenido minoritario, representando entre el 11% y el 18% en el mismo periodo. Este patrón sugiere que, aunque la protección de datos personales es un tema relevante, la prioridad de la ciudadanía se centra principalmente en acceder a la información pública, reforzando la función del INAI como intermediario crucial en el cumplimiento del derecho a la información.

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Con base en los datos de recursos de revisión recibidos por los sujetos obligados del ámbito federal, es evidente que ciertos sectores han concentrado una mayor proporción de inconformidades ciudadanas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lidera consistentemente la lista, alcanzando picos de hasta 2,190 recursos en 2023, lo que refleja la elevada demanda de transparencia en un área tan crítica como la salud pública. A la par, la COFEPRIS, que experimentó un crecimiento acelerado en los recursos de revisión, alcanzando un punto crítico de 5,586 en 2022.

Este patrón no es exclusivo del sector salud y regulación sanitaria; instituciones clave como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) también han experimentado variaciones notables en los recursos de revisión a lo largo de los años. La SEP, por ejemplo, recibió 447 recursos de revisión en 2021 y 566 en 2022, alcanzando un pico significativo de 1,175 en 2023, antes de reducirse nuevamente a 402 al cierre del tercer trimestre de 2024. En el caso de la SEDENA, los recursos de revisión pasaron de 519 en 2021 a un mínimo de 264 en 2022, para luego aumentar a 449 en 2023 y descender a 274 en septiembre de 2024. Petróleos Mexicanos (PEMEX) también aparece consistentemente en este listado, con 726 y 611 recursos respectivamente en 2023 y 2024. Estos datos no sólo subrayan áreas de interés público particular, sino que también evidencian una constante negativa o insuficiencia en las respuestas por parte de las dependencias federales.

En última instancia, este volumen de recursos, que abarca tanto instituciones civiles como de seguridad, refleja el papel del INAI en canalizar y gestionar los desacuerdos de la ciudadanía frente a un gobierno que, en repetidas ocasiones, ha fallado en proporcionar información completa y transparente. Sin la mediación de un organismo autónomo, estos recursos quedarán en el limbo de las propias dependencias, eliminando la posibilidad de que el ciudadano obtenga una segunda evaluación de sus peticiones y, con ello, el acceso a la información que originalmente solicitó.

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Cuando la información no llega: ¿qué instituciones responden y cuáles se quedan atrás?
Un último indicador relevante es el porcentaje promedio de atención oportuna a solicitudes de información pública por tipo de sujeto obligado, un parámetro que nos permite comparar la eficiencia de diversas instituciones en su respuesta a lo largo del periodo 2003-2024. En términos simples, la atención oportuna se refiere a que las instituciones respondan a las solicitudes de información en el plazo establecido por la ley. Cuando una solicitud es atendida de manera oportuna, el ciudadano recibe la información en el tiempo que estipula la normativa, lo que refuerza la transparencia y la confianza en la gestión pública. En cambio, la falta de atención oportuna implica retrasos o incumplimientos, afectando el derecho de los ciudadanos a conocer y evaluar el desempeño de sus autoridades.

En la cima de este listado, las empresas productivas subsidiarias de Petróleos Mexicanos, como Pemex, muestran una tasa de cumplimiento oportuno del 99.6%, seguidas de cerca por el Poder Legislativo Federal y otras empresas productivas del Estado, ambas superando el 99%. Este nivel de eficiencia en la respuesta sugiere que ciertas instituciones públicas han mantenido un compromiso constante con la transparencia y la rendición de cuentas. Esto probablemente obedece a la naturaleza de su actividad —en el caso de empresas productivas, sujetas a altos niveles de supervisión y demanda de información— y al alto grado de escrutinio público al que están expuestas, lo que las impulsa a cumplir estrictamente con los plazos establecidos para responder las solicitudes ciudadanas.

En contraste, al final de la lista, encontramos a los sindicatos y al Poder Judicial de la Federación, con tasas de atención oportuna de 72.9% y 79.5%, respectivamente. Estos datos sugieren un contraste en el compromiso hacia la transparencia, donde sectores relacionados con la justicia y el trabajo muestran una respuesta menos eficiente ante las solicitudes de información. Estos porcentajes, claramente inferiores al promedio general, revelan sectores donde el acceso oportuno a la información pública ha mostrado un desempeño inferior, y, en ausencia del INAI, estas cifras podrían empeorar al no existir una entidad autónoma que los incentive o supervise.

Este panorama de cumplimiento en la respuesta a las solicitudes de información pública no solo sirve como referencia histórica, sino también como una línea base para evaluar el impacto futuro de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La desaparición del INAI plantea un riesgo considerable de retroceso en esta atención oportuna, pues estos niveles de eficiencia fueron alcanzados bajo un esquema donde el INAI ejerce un papel regulador crucial.

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Sin embargo, si revisamos los datos sobre el porcentaje de atención oportuna a solicitudes de información pública a un nivel de detalle más alto, existen notorias disparidades en la respuesta de distintos tipos de instituciones a lo largo del periodo 2003-2024. La disparidad en el porcentaje de cumplimiento entre los distintos sujetos obligados sugiere, en parte, que el tipo de actividad y el grado de escrutinio al que están sometidas las instituciones influye directamente en su nivel de respuesta. Mientras que las instituciones relacionadas con la gestión de recursos energéticos y el ámbito legislativo parecen operar bajo una presión constante que las impulsa a cumplir con la normativa de acceso a la información, otros sectores —especialmente aquellos vinculados a intereses laborales y sindicales— exhiben un menor nivel de eficiencia en esta área.

Al observar las instituciones con menor porcentaje de atención oportuna, los sindicatos ocupan la mayor parte de las posiciones en esta lista, con porcentajes tan bajos como el 7.8% en el caso del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (SUTINESTAV) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (8.0%). Estos porcentajes se alejan drásticamente de los estándares de transparencia esperados, lo que plantea preguntas sobre el compromiso de estos sectores con el acceso a la información pública.

Dentro de las primeras veinte instituciones con peores resultados, los sindicatos y ciertos organismos de la administración pública centralizada presentan una brecha significativa en el cumplimiento, con porcentajes de atención oportuna que en múltiples casos no alcanzan ni el 40%. Este déficit en la respuesta evidencia áreas donde la información solicitada por los ciudadanos es gestionada de forma ineficiente, creando barreras al derecho a la transparencia. En un entorno donde la función de supervisión y mediación del INAI ya no existirá, los ciudadanos se enfrentarán a mayores dificultades para obtener información veraz y completa, en particular en estos sectores de bajo desempeño.

Además de los sindicatos, encontramos otras instituciones que, aunque no tienen porcentajes tan bajos, siguen reflejando una insuficiente atención a las solicitudes de información. Por ejemplo, la Administración del Sistema Portuario Nacional Cabo San Lucas tiene una tasa de atención oportuna del 13.8%, mientras que el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García apenas alcanza el 18.4%. Estas cifras destacan que, dentro de la Administración Pública Centralizada y las instituciones educativas, existe una desconexión entre las políticas de transparencia y la realidad de su implementación.

La desaparición del INAI no solo pone en riesgo el acceso a la información pública en general, sino que también amenaza con exacerbar estas desigualdades de atención oportuna entre las instituciones federales. Sin el contrapeso de un organismo autónomo que supervise y promueva la transparencia, es probable que la brecha entre las entidades con alta eficiencia y aquellas con rezagos pronunciados en la atención a solicitudes se amplíe, debilitando aún más la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información en sectores clave. Esta tabla, entonces, no solo expone las fallas del presente, sino que también alerta sobre las dificultades futuras en un escenario donde la rendición de cuentas depende exclusivamente de los mismos organismos que han demostrado una consistente reticencia a la transparencia.

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Sin INAI, ¿quién fiscalizará la eficiencia en la respuesta a solicitudes de información?
Tras dos décadas de construcción y refinamiento, el INAI representa un patrimonio institucional difícil de reemplazar. No sólo ha mediado en un número creciente de solicitudes de información, sino que ha demostrado ser un organismo robusto, capaz de adaptarse a las demandas de una ciudadanía cada vez más participativa y exigente. La especialización y autonomía con las que opera han sido fundamentales para mantener un equilibrio entre el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y el deber del gobierno de proporcionar respuestas transparentes. Sin embargo, el traslado de sus funciones a una entidad gubernamental con menor autonomía plantea una inquietud profunda: ¿qué garantiza que la misma voluntad política que decide sobre la información a la que puede accederse no intervendrá también en cómo y cuándo se responde?

Con la pérdida del INAI, regresamos a un escenario donde el acceso a la información depende, en gran medida, de la voluntad de las mismas instituciones que en repetidas ocasiones se han mostrado reacias a la transparencia. Sin un intermediario autónomo, los ciudadanos quedan expuestos a un proceso de opacidad y discrecionalidad, en el que cada solicitud de información podría ser recibida y evaluada según los intereses del gobierno en turno. Esta independencia no es una cuestión secundaria, es el pilar que ha permitido que millones de solicitudes de información sean atendidas con imparcialidad, y que los ciudadanos dispongan de un recurso efectivo para reclamar ante respuestas insuficientes o negaciones injustificadas.

La transferencia de estas funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no solo significa un cambio de administración, implica, en última instancia, una pérdida del espíritu que movía al INAI: proteger al ciudadano frente a un poder que, sin contrapesos, puede cerrarse en sí mismo. Así, la pregunta final queda abierta: ¿quién velará por la calidad y accesibilidad de la información pública? ¿Quién será el garante de que la ciudadanía no quedará silenciada ante el silencio de las instituciones? La desaparición del INAI no es un mero proceso de simplificación administrativa, es el retroceso hacia una época en que el acceso a la verdad dependía de las sombras de la discrecionalidad y no de un derecho claro y exigible.

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