Por Rodolfo Franco  / septiembre 2025

La detención del personaje no es menor, se trata de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina; en los rangos de la marina es el segundo después de los Almirantes (Secretario, Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector y Contralor General), debajo de él capitanes, tripulación, maestre, cabos, marineros. Es sobrino político de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina (Semar) designado en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador.

La trayectoria de Farías Laguna en la Semar es amplia en cargos de alta responsabilidad; fue comandante de la doceava Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco hasta enero de 2024, y subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales. Se desempeñó como secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz y de su tío político Rafael Ojeda durante su gestión como titular de la Marina, poniendo en tela juicio la pregonada frase de López Obrador en contra del nepotismo por ser diferentes.

Farías Laguna fue arrestado el martes 2 de septiembre de 2025 junto a otras siete personas, entre ellas empresarios y funcionarios públicos, por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal y por acusaciones de corrupción, evadieron el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mediante esquemas administrativos que facilitaban la introducción ilegal de combustibles al país. Aquí es donde nace la génesis de la detención, el gobierno de Estados Unidos denunció la existencia de una red de funcionarios gubernamentales y empresariales que importaban de Norteamérica productos derivados del petróleo, cuando en realidad se trataba de gasolinas.

A finales de marzo en el puerto de Altamira en Tampico, la Secretaría de Marina, FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana incautaron un buque que transportaba ilegalmente supuestamente 10 millones de litros de diésel (Intanza la empresa importadora dijo que eran 20 millones de litros), con documentación falsa, también se mencionó que encontraron armas, municiones, camionetas y equipos de cómputo propiedad de la ‘red criminal’. En el mismo parte de las autoridades se mencionó la detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que la red de tráfico de hidrocarburos que las autoridades federales habían comenzado a desmantelar, operaba al menos desde octubre de 2023, cuando Intanza realizó una primera importación de 19 millones de litros de supuestos aditivos para aceites lubricantes a través del Puerto de Guaymas, lugar de origen de los sobrinos del exsecretario de Marina. En el caso del puerto de Tampico, el grupo criminal introducía huachicol desde el 3 de abril de 2024, cuando Intanza realizó una primera importación de 8 millones 640 mil litros de diésel que se hizo pasar por aditivos para aceites lubricantes.

De acuerdo con registros aduaneros consultados por MCCI, Intanza importó alrededor de 190 millones de litros de huachicol al país de octubre de 2023 a marzo de 2025. En todos los casos, Intanza compraba el diésel a las empresas texanas Hevi Transport y Ikon Midstream LLC, esta última propiedad del empresario norteamericano Rhett Kenagy.

Luego de la revelación de MCCI, la Secretaría de Marina desmanteló en mayo la estructura de la ASIPONA (responsable del manejo del puerto) de Tampico y separó de su cargo a múltiples funcionarios portuarios y aduaneros, entre ellos a Francisco Javier Antonio Martínez y al titular de la aduana de Tampico, el contralmirante en retiro Luis Jorge Goicochea Sotomayor.

Con la primera detención de los hermanos Manuel Roberto y Fernando, y ahora del tercer hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, cayó la red casi completa de involucrados en el llamado huachicol fiscal; cinco marinos en activo, un marino en retiro, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas.

En el mes de julio la embajada de Estados Unidos advertía mediante un video, en el cual afirma que los grupos del crimen organizado roban petróleo crudo en México, lo transportan en camiones o ductos hasta Texas, lo entregan a intermediarios, quienes lo «legalizan» y lo colocan en refinerías estadunidenses, para luego reintroducirlo a México a través de las aduanas como combustible aparentemente legal gracias al uso de documentos falsificados y empresas fachada; el hidrocarburo refinado se distribuía a estaciones de servicio, donde era vendido como si fuera legítimo, sin que los consumidores conozcan su origen ilícito, «detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada», informando que las autoridades de ambos países estaban realizando acciones conjuntas como operativos en puertos y aduanas.

La sangría fiscal por el huachicol afectó a Estados Unidos, por ahí se reventó el hilo, la reciente visita de Marco Rubio tenía un objetivo, presionar al gobierno mexicano para combatir a los carteles, de drogas y combustibles, la respuesta fue la detención masiva del primer cártel de huachicol fiscal.