Por Rodolfo Franco

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) atraviesa por un mal momento, mientras se mantenga secuestrada por una pandilla su patrimonio seguirá está menguado, su prestigio estará deteriorado y la credibilidad cuestionada.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) identificó a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como facilitadores financieros de los cárteles mexicanos del narcotráfico, acusándolos de blanquear millones de dólares en nombre de organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Dentro de la vorágine internacional acusadas de lavado de dinero de parte de las tres casas de bolsa, la UAA fue mencionada al estar relacionada con CI Casa del Bolsa de Alfonso Romo, ex asesor de la Presidencia con López Obrado; de acuerdo a la publicación del periódico Hidrocálido del pasado 27 de junio, CI Casa de Bolsa notificó a la casa de estudios la pérdida de una inversión, de 207 millones 600 mil 280 pesos, quedando un saldo de 29 mil 299 pesos con 88 centavos.

El año pasado explosionó la llamada Estafa Ponzi, en Aguascalientes tres entidades fueron estafadas, el ISSSPEA, la Fiscalía del Estado y la UAA, que en los años 2022 y 2023 invirtió 300 millones de pesos, perdiendo el capital. Un día después de que publiqué la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública en contra de la UAA por el tema de la ‘Estafa Ponzi’, el Contralor Germán Ramírez Ortiz fue sustituido y la Junta de Gobierno designó a José de Jesús Suarez Mariscal como nuevo Contralor, lo conducente era notificar a los 61 integrantes del H. Consejo Universitario, buscaron por el contrario silenciar el fraude a la universidad.

Existían razones para ocultar los vicios financieros por lo que la universidad era noticia internacional, en plena administración de la rectora Sandra Yesenia Pinzón instruyó al banco COVALTO a comprar bonos bursátiles de inversión con un valor de 100 millones de pesos con vencimiento al año 2029 con recursos provenientes del fondo de pensiones y jubilaciones del personal docente y administrativo de la UAA, para mala suerte de la rectora, un juez federal con sede en la Ciudad de México declaró la quiebra de la empresa fiduciaria, dejando nuevamente a la universidad sin dinero y sin posibilidad de reclamar, el vencimiento de la inversión será hasta el año 2029. El dinero ya está perdido.

Las evidentes fallas de la rectora y pandilla brotan por doquier, con bombo y platillo se colocó en enero del año 2024 la primera piedra de las instalaciones del campus norte del Centro de Educación Media en el municipio de Rincón de Romos, hasta ahí todo marchaba bien, luego se frenaría la construcción, el motivo, el terreno no era de la Universidad. El predio quedó legalmente a nombre de la Universidad el día 24 de abril del año 2024, cuando el Notario Público número 56 licenciado Heberto Ortega Jiménez dio fe de la donación realizada por el Municipio de Rincón de Romos, por lo que se incurrió en desvío de recursos, al disponer de dinero en un predio que no era de la Universidad, sin embargo, no pasó nada.

Los vicios en la UAA datan de años atrás, el 22 de agosto del 2022, el rector Francisco Javier Avelar González presentó al Consejo Universitario el punto de acuerdo por el cual solicitó la autorización para la desincorporación del patrimonio universitario de un predio conocido como ‘Potrero de las Manzanillas’ o ‘Mesa de Las Palmas´, aledaño al Centro de Ciencias Agropecuarias, con la finalidad de señalarlo como garantía del embargo promovido por el IMSS, correspondiente a un crédito fiscal por la cantidad de 23 millones, 478 mil 434 pesos con 85 centavos, fincado en el año 2020, muestra de la pésima administración.

Otra muestra de la ausencia de entes fiscalizadores fue la designación que hizo en noviembre del año 2022 el entonces rector Francisco Javier Avelar González, al nombrar como Director General de Infraestructura a Roberto Alejandro Ortega Martínez, un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública recién titulado en ese año. La designación contravino los artículos 80 y 81 de los estatutos de la Ley Orgánica de la universidad, mientras que quien fungía como Director General de Infraestructura era el Ingeniero Alberto Palacios Tiscareño, convertido en Secretario General y secretario del Consejo Universitario, violando el artículo 81 de la Ley Orgánica.

La UAA no tiene quien la defienda, los órganos de control, la sociedad, los ex alumnos, maestros, sindicatos y trabajadores prefieren callar.