RFInforma / Laura Centeno  / Aguascalientes / lunes 30 de junio del 2025

Redacción.-

La transparencia en las contrataciones públicas del Congreso de la Unión no solo refleja el compromiso democrático de México, sino también la calidad de los contrapesos institucionales. Aunque el Poder Legislativo es uno de los espacios más relevantes en términos de representación política y de aprobación del gasto público, ha permanecido históricamente al margen de una vigilancia sistemática sobre cómo ejerce su propio presupuesto. En este contexto, desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nos propusimos recuperar, sistematizar y analizar todos los contratos celebrados por la Cámara de Diputados y el Senado de la República entre 2018 y 2024, con el fin de ofrecer a la ciudadanía una radiografía precisa del ejercicio de estos recursos y alertar sobre las zonas de opacidad que persisten y los que se están profundizando.

Para lograrlo, extrajimos datos de tres fuentes de información pública disponibles: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los portales institucionales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Para hacer frente a las inconsistencias, omisiones y diferencias de formato detectadas, implementamos un proceso meticuloso de limpieza, homologación y validación de las bases de datos. A partir de esta sistematización, realizamos análisis estadísticos descriptivos y comparativos que nos permitieron identificar patrones de gasto por tipos de contratación, así como los niveles de adjudicación directa en ambas cámaras. Además, generamos visualizaciones de esta información y análisis narrativos que describen los comportamientos sistemáticos detrás de la política de compras y adquisiciones en el Congreso. El objetivo es facilitar el acceso ciudadano a información clave sobre el uso de los recursos públicos.

La creciente opacidad en el manejo de los contratos del Congreso de la Unión no pareciera ser un problema aislado, sino el resultado de varias decisiones deliberadas orientadas a debilitar los mecanismos de rendición de cuentas. Cuando los datos públicos son incompletos, fragmentados o inaccesibles, no sólo se vulnera el derecho ciudadano a saber cómo y en qué se gasta el dinero público, sino que también se debilita la posibilidad de ejercer un control democrático efectivo.

En este contexto, cabe preguntarse: ¿cómo puede el Poder Legislativo, cuya función es precisamente fiscalizar el uso de los recursos públicos, justificar la omisión sistemática de información sobre sus propios contratos? Ante los cambios en las responsabilidades de transparencia reciente, surge también la inquietud sobre los riesgos que se derivan de depender exclusivamente de la voluntad de las propias cámaras para acceder a esta información. Finalmente, la interrogante más inquietante es ¿hasta qué punto resulta confiable una transparencia que parece meramente declarativa si no existe un actor independiente que verifique la validez e integridad de lo publicado?

El punto de partida de este ejercicio fue la descarga sistemática de todas las bases de datos relacionadas con contrataciones por servicios, adquisiciones, arrendamientos y obras públicas, disponibles tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como en los portales institucionales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. A primera vista, uno pensaría que acceder a esta información debería ser un procedimiento técnico pero sencillo; sin embargo, la realidad es que es un laberinto deliberadamente complejo. En la PNT, las bases pueden descargarse por trimestre o por año, mientras que en los portales de transparencia únicamente existe el formato trimestral. Esta fragmentación no es solo un obstáculo técnico: es una política de opacidad en la práctica.

En la Cámara de Diputados, los archivos están divididos por tipo de procedimiento (adjudicación directa, licitación pública, entre otros), aunque no se encontraron registros para invitaciones restringidas, uno de los tipos de contrataciones posibles. Las bases comparten un formato estandarizado en cuanto a número y nombre de variables, lo cual podría parecer una buena noticia. Pero esa uniformidad es engañosa. Junto a cada archivo formal, se adjuntan otras hojas o tablas adicionales que contienen información crítica —nombres de proveedores, montos ofertados, participantes, datos de servidores públicos— que no pueden ser usadas directamente porque requieren un complejo proceso de ensamblaje con identificadores únicos que no siempre son iguales. A menudo, un identificador se asigna a múltiples proveedores que participaron en un mismo procedimiento, lo cual no se aclara en ningún diccionario de datos.

Para construir una base coherente, es necesario anticipar estos errores, crear previamente las variables ausentes en la tabla principal y luego hacer uniones cuidadosas, sabiendo que muchas filas quedarán con valores nulos por la simple razón de que no todas las tablas adicionales contienen registros que coincidan. Esta práctica fragmentaria no solo vulnera principios básicos de interoperabilidad, sino que representa una barrera de entrada para cualquier ciudadano que desee ejercer su derecho a la información sin ser experto en programación o análisis de datos.

En el Senado de la República, el panorama es aún más desolador. Aunque en la PNT también persisten los problemas de dispersión e inconsistencia en los identificadores, la situación empeora cuando se revisan los archivos disponibles en su propio portal de transparencia. Ahí, toda la información se presenta en formato PDF con el texto bloqueado, lo que impide el uso de herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Algunos documentos, en un acto que pareciera burlesco, incluyen incluso el escaneo del CD-ROM donde supuestamente se almacenó la información, como si ese vestigio tecnológico pudiera hoy considerarse un mecanismo de transparencia. Para el lector que desconozca qué es un CD-ROM es una unidad de almacenamiento de información en un disco compacto.

Para agravar el problema, las bases en PDF del Senado sólo contienen cinco variables: descripción del bien o servicio, monto contratado, nombre del proveedor, periodo de ejecución y duración del contrato. Nada más. No hay partida presupuestaria, no hay ningún tipo de procedimiento, no hay relación de asistentes, no hay datos del responsable del contrato. ¿Cómo puede haber rendición de cuentas si ni siquiera se revela una columna exclusiva con el procedimiento por el cual fue asignado un contrato?

La opacidad no siempre consiste en negar el acceso a los datos; a veces basta con presentarlos de forma que resulten inútiles. La dispersión en múltiples tablas, la omisión de diccionarios claros, la presencia de identificadores ambiguos y el uso de archivos no procesables como los PDFs sin OCR, no son descuidos inocentes: son mecanismos que, por diseño o por negligencia institucionalizada, impiden el escrutinio público. Una muestra clara de esto es que la Cámara de Diputados omite en su página información para trimestres completos o sobre ciertos tipos de contrato. Para el último trimestre de 2022 no fue posible encontrar ningún contrato y en 2024 no reportaron ningún contrato por adjudicación directa.

El Senado de la República opera bajo una lógica aún más opaca: su Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios estableció un criterio según el cual solo deben publicarse los contratos que igualen o superen el equivalente a 2,500 salarios mínimos. Aunque en la práctica esta barrera se aplica como si fueran UMAs, el acuerdo original habla de salarios mínimos, lo cual ya genera ambigüedad desde su formulación.

El problema no termina ahí: aún con ese supuesto criterio, encontramos contratos por montos inferiores a dicho umbral, lo que demuestra que su cumplimiento es errático, discrecional y depende, en última instancia, del criterio —o conveniencia— de quien registra la información. Así, lo que debería ser un principio claro y verificable de transparencia se convierte en una práctica arbitraria y desigual, donde los datos se publican o se ocultan a contentillo, sin reglas homogéneas ni garantías de acceso pleno.

Este desorden metodológico, lejos de ser un problema técnico, pareciera una política deliberada de invisibilización. A pesar de ello, fue posible reconstruir una base robusta y depurar más de 70 mil contratos. Pero lo cierto es que ningún ciudadano debería verse obligado a descifrar capas de desinformación institucional para saber cómo se gasta su dinero. Y si este es el nivel de opacidad en el Poder Legislativo, ¿qué garantías existen de que la transparencia sobrevivirá en un contexto donde los integrantes del Congreso aprueban debilitar contrapesos, desaparecer al INAI y empoderar a las propias instituciones para decidir, unilateralmente, qué revelar?

Si los contratos por servicios, adquisiciones, arrendamientos y obras públicas representan los vicios en torno a la operación del Congreso, los de comunicación social y honorarios revelan el rostro político de su gasto: discrecional, opaco y diseñado para mantener privilegios y estructuras de poder, que no deben minimizarse. El abordaje metodológico de estas categorías nos exigió, nuevamente, enfrentar un entorno fragmentado, lleno de obstáculos deliberados para impedir la trazabilidad del dinero público. En el caso de la Cámara de Diputados, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en su portal institucional, se ofrecen archivos en Excel que, aunque estructurados de forma semejante a los de otras contrataciones, arrastran los mismos vicios: presencia de hojas adicionales sin estandarización, información clave distribuida en pestañas separadas y la constante necesidad de unir con técnicas de programación avanzada los datos a partir de identificadores poco confiables.

Pero el caso de comunicación social es especialmente grave. Para conocer con precisión a quién se le entregó dinero público para campañas, spots, entrevistas o inserciones, es necesario acceder a los hipervínculos individuales de cada contrato. No basta con el nombre o el registro federal de contribuyente (RFC) del proveedor: solo abriendo uno por uno los documentos PDF asociados —en los casos en los que estos no están borrosos, escaneados deficientemente o desfigurados por formatos no estándar— puede saberse si el dinero fue a parar a un canal de televisión nacional, una estación local, un periódico digital o un influencer. Esta práctica no sólo desincentiva la auditoría pública, sino que la imposibilita para la mayoría de la ciudadanía. Es un candado técnico que opera como censura indirecta: quien no domina herramientas avanzadas de extracción de texto de documentos PDF está condenado a la ceguera informativa.

En el caso de los contratos por honorarios, la situación mejora apenas en lo técnico, pero no en lo ético. Aunque los archivos descargables contienen toda la información en una sola tabla y no requieren uniones adicionales, los registros no siguen criterios mínimos de estandarización. Los nombres de las personas contratadas cambian de formato entre trimestres o entre años: aparecen con mayúsculas, con apellidos intercambiados, con dobles espacios o con abreviaturas inconsistentes. Esta falta de control de calidad en el registro impide hacer análisis confiables sobre cuántas personas trabajan bajo este régimen, cuánto cobran o si están vinculadas a grupos parlamentarios específicos. Y aquí se revela un dato políticamente sensible que está ausente: no hay información que permita vincular a los contratistas por honorarios con el grupo político que los empleó. Un Congreso que fiscaliza el gasto de todo el país no es capaz de ofrecer una nómina legible de su personal operativo.

En contraste, los convenios y concesiones en la Cámara de Diputados representan la única categoría contractual que, por su volumen reducido, se encuentra razonablemente bien reportada. No hay hojas adicionales ni formatos desarticulados. Pero no porque exista una cultura de transparencia, sino porque son tan pocos que reportarlos no representa mayor esfuerzo ni carga administrativa. Lo que es fácil de transparentar, se transparenta; lo que revela dinámicas de poder, se esconde.

Lo más alarmante, sin embargo, no está en lo que se reporta, sino en lo que ni siquiera se intenta poner a disposición del público. La Cámara de Senadores no publica en su portal de transparencia un solo registro de contratos por comunicación social, honorarios, convenios ni concesiones. No hay menús, no hay archivos, no hay secciones habilitadas. No es que los datos sean malos, es que no existen. Solo la PNT permite, hasta hoy, acceder parcialmente a esta información. En una democracia funcional, la ausencia de datos en temas tan delicados como el gasto en medios o la contratación de personal por honorarios debería ser motivo de escándalo. En México, es una omisión normalizada.

La conclusión es clara: la opacidad en las contrataciones del Congreso no es una falla del sistema, sino que es el sistema mismo. La Cámara de Diputados ofrece datos dispersos y técnicamente inaccesibles; el Senado ni siquiera se molesta en simular transparencia.

En este contexto, los compromisos con la rendición de cuentas son, cuando mucho, declaraciones de buena voluntad sin correlato en la práctica. Y si el acceso a la información en estos rubros ya era frágil antes del desmantelamiento del INAI, el escenario que viene será aún peor. Lo que no se documenta, no se controla. Y lo que no se controla, se perpetúa.

El reporte completo de las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores 2018 a 2024, así como la base de datos está disponible en esta liga.

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