RFInforma / Laura Centeno  / Ciudad de México /  jueves 5 de junio del 2025

Redacción.-

A raíz de las recientes elecciones para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito, diversos sectores de la sociedad han manifestado inquietud por la falta de legitimidad, las irregularidades en el proceso y el futuro del Poder Judicial en México.

Los comicios, que formaron parte de la reforma para “democratizar” el sistema judicial, han sido calificados por observadores y expertos como un fracaso por la baja participación ciudadana, la alta cantidad de votos nulos, y presuntas irregularidades que incluyen la manipulación de listas, distribución de propaganda ilegal, compra de votos y posible cooptación de las autoridades electorales.

Entre las principales preocupaciones está la aparente carga partidista de las candidaturas ganadoras, todas con afinidad a Morena, y la ruptura del principio de confianza ciudadana, ya que —según denuncias— en varias casillas los votos no fueron contados por ciudadanos, y las boletas sobrantes no fueron anuladas conforme al protocolo, sino retiradas por funcionarios sin supervisión.

Frente a estos cuestionamientos, algunas voces dentro del oficialismo han sugerido la necesidad de reformar la reforma, reconociendo deficiencias en el modelo de elección directa de jueces. Entre las propuestas que ya se debaten están la necesidad de elevar los requisitos para aspirantes, escalonar las elecciones judiciales y reformar la composición de los comités de selección.

Sin embargo, para algunos analistas estas propuestas representan una aceptación implícita de un proceso viciado desde su origen, cuyo objetivo principal —afirman— no fue democratizar al Poder Judicial, sino permitir al Poder Ejecutivo consolidar el control sobre el último contrapeso institucional que quedaba en pie.

Desde esta perspectiva, el proceso electoral habría servido para legitimar una estructura que permite al gobierno federal controlar no solo la creación de leyes y políticas públicas, sino también su interpretación y aplicación. “La división de poderes ha desaparecido”, advierten críticos, señalando que ahora el Ejecutivo federal tendrá una influencia decisiva sobre jueces, magistrados y ministros.

Ante este panorama, algunos sectores contemplan distintas formas de resistencia institucional y ciudadana: desde movilizaciones, litigios internacionales bajo el marco del T-MEC, hasta estrategias legislativas en el mediano plazo, como buscar arrebatar la mayoría calificada a Morena en las elecciones de 2027. Sin embargo, reconocen que revertir la reforma judicial será “extremadamente difícil”.

México carece actualmente de una figura de referéndum constitucional que permita a la ciudadanía rechazar una reforma de esta naturaleza, lo cual limita los mecanismos democráticos para corregir decisiones que alteran el equilibrio de poderes.

Los analistas coinciden en que lo que está en juego no es solamente el diseño del sistema judicial, sino el futuro del régimen democrático en México y la posibilidad de sostener contrapesos reales frente al poder presidencial.

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