RFInforma / Laura Centeno  / Ciudad de México / jueves 15 de mayo del 2025

Redacción.-

La cancelación de las visas de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y la de su esposo, Carlos Torres Torres, parece ser el inicio de un plan de mayor alcance que podría implicar a otros mandatarios con presuntas actividades ilegales. En el caso de la mandataria Ávila, todavía no se conoce por qué le cancelaron la visa, aunque trasciende que en Estados Unidos hay una investigación por presunto lavado de dinero. Sin embargo, este dato no es oficial. Ella afirmó que no tiene cuentas en el extranjero. Por lo que se refiere a Ovidio Guzmán, en julio próximo se declarará culpable de los cargos que se le imputan en la Unión Americana y todo indica que se acogerá a un programa de testigos protegidos. Por ello, parte del acuerdo fue poner a su familia a salvo y así lo hizo: 17 miembros de su parentela –incluida su madre –se entregaron al FBI en días pasados via Tijuana. Es claro que temen ser asesinados cuando “El Ratón” hable, pues nadie pone en duda que el hijo de “El Chapo” Guzmán se convertirá en una lengua letal.

El Gobierno de Estados Unidos sigue haciendo su juego en el mundo criminal mientras el Gobierno de México pide y pide información y que las autoridades norteamericanas les rindan cuentas sobre sus acciones en territorio nacional. La respuesta, hasta ahora, es el silencio.

Será, acaso, por la falta de confianza al Gobierno de Claudia Sheinbaum? Es posible.

Hay que recordar que poco después de que Donald Trump tomó posesión como Presidente de Estados Unidos, la Casa Blanca, en un comunicado oficial, calificó al de México como un Gobierno que brindaba protección a las estructuras de los cárteles, organizaciones que ya son consideradas como terroristas.

Aquel señalamiento no fue cosa menor. Se trató de una acusación directa –no de una declaración banquetera por parte de algún funcionario o legislador –de la Casa Blanca.

Y de todo esto se desprendió la versión de que las autoridades norteamericanas le pusieron el reflector a varios políticos mexicanos, muchos de MORENA, por estar presuntamente implicados en la protección de grupos terroristas –o cárteles –y en el negocio de moda: el huachicol fiscal, el tráfico de combustibles de origen dudoso que proviene de Estados Unidos y que una banda criminal y política, en alianza, introducen al país con documentos aduanales falsos.

Se habló, incluso, de cien personajes, entre empresarios de altos vuelos, legisladores y gobernadores o gobernadoras del partido en el poder.

Nada, hasta ahora, es oficial. El Gobierno de Estados Unidos no ha dado nombres, pero sí algunos golpes que refuerzan lo anterior, como el asestado a la Gobernadora morenista de Baja California, María del Pilar Ávila, exalcaldesa de Mexicali y aliada del exgobernador y exsenador de la República, Jaime Bonilla, de infausta memoria, a quien le cancelaron la visa junto con su esposo, Carlos Alberto Torres Torres, exdiputado Federal y local por el PAN.

Fue Torres Torres el primero en ser notificado de que su visa estaba cancelada, apenas hace un par de semanas, a lo mucho, cuando intentó cruzar a San Diego, California, donde reside. En el cruce fronterizo, el agente migratorio vio en su pantalla una alerta del Departamento de Estado y le informó del hecho, aunque no le dio mayores explicaciones; por la vía consular, a la mandataria le hicieron saber lo mismo y tampoco le explicaron las causas.

La Gobernadora declaró que ignora las razones por las cuales le cancelaron su visa y alegó un tema de género, que no tiene sustento si realmente cometió un delito. En el fondo de este asunto hay varias hipótesis: se afirma que existe una supuesta carpeta de investigación en contra de la pareja por lavado de activos; que le fueron aseguradas sus cuentas en Estados Unidos, aunque ella aclaró que no tiene cuentas en ese país ni en ningún otro.

“No me fueron congeladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero “, escribió en su cuenta de X.

Y añadió : “Desde el día de ayer periodistas y medios de comunicación difundieron una mentira. Reitero para ellos y la gente (que) no existen cuentas en el extranjero”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum abonó a la explicación con las siguientes palabras: “Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal , así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información”.

Ovidio entrega a su familia al FBI
Después de que Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, negoció con las autoridades norteamericanas declararse culpable y acogerse al criterio de oportunidad, familiares suyos –17, por ahora –cruzaron la frontera y se pusieron en manos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Con ello, buscan ponerse a salvo del grupo contrario, “La Mayisa”, con quienes están enfrentados “Los Chapitos” desde mediados del año pasado, cuando el hermano de Ovidio –Joaquín Guzmán López– secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada y se entregó junto con él a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas, en una operación plagada de misterio hasta la fecha.

Seguramente lo que viene no genera ninguna confianza a los familiares de Ovidio Guzmán; tan pronto “El Ratón” aceptó que en julio se declarará culpable y hablará sobre el crimen organizado, rivales en el tráfico de drogas y complicidades políticas, su madre, hermanos y primos prepararon maletas para salir de Sinaloa.

Sin duda la protección familiar es parte del acuerdo al que llegó con las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas, entre otros.

Como testigo protegido, Ovidio Guzmán busca alcanzar una pena menor que le permita, quizá pronto, recobrar su libertad y quedarse a vivir en Estados Unidos con la fortuna que ya posee.

Este personaje, escurridizo y hábil, a partir del mes de julio podría convertirse en una lengua letal tanto para sus rivales en el negocio del trasiego de drogas como para políticos que se vincularon, directa o indirectamente, al poderoso cártel de Sinaloa.

Esa misma ruta legal –la mayoría de los capos extraditados a Estados Unidos ya se aprendieron el caminito –seguirá su hermano Joaquín Guzmán, quien enfrenta un juicio en Chicago. Es probable que corra mejor suerte, pues cuando se entregó en Estados Unidos llevaba un gran trofeo para los gringos: Ismael “El Mayo” Zambada, el capo más longevo que operaba en México y que ahora es candidato a la pena de muerte si no negocia con el Departamento de Justicia.

Zambada se declaró inocente, en principio, de los cargos que se le imputan, pero todo indica que para evitar la pena capital podría entrar en negociaciones y convertirse en testigo protegido. “El Mayo” es una enciclopedia. Sabe todo y de todos –o de muchos políticos –con los que tuvo relación durante sus años de esplendor en el negocio de las drogas.

Con respecto a Ovidio y sus hermanos, también disponen de mucha información sobre el huachicol fiscal, el tráfico de fentanilo, financiamientos de campaña, personajes del hampa que se involucraron con MORENA, candidatos y aliados, por ejemplo, que podrían ser verdaderas bombas políticas si estallan en las cortes estadunidenses.

Serían las armas que estaría esperando Donald Trump para actuar en territorio nacional, bajo el argumento de que el Gobierno de México es algo así como una empresa criminal, tal cual lo ha dicho públicamente y a través de comunicados emitidos por La Casa Blanca, como el que está citado líneas arriba.

Mucha gente se pregunta si con esta presión de Donald Trump caerán gobernadores o gobernadoras de MORENA. Hay varios personajes de ese partido bajo el escrutinio público por sus presuntas ligas con el crimen, pero lo cierto es que no existen investigaciones de la FGR en contra de ninguno de ellos.

Es el caso de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de MORENA, acusado por el Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, de tener presuntos nexos oscuros, de haber colocado a un personaje del cártel de Jalisco como titular se seguridad cuando fue Gobernador. May ha insistido en ello, pero no pasa nada.

A Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, lo han acusado hasta la saciedad de haber llegado al poder con el respaldo del cártel de Sinaloa; incluso él mismo lo aceptó en una entrevista con el periodista Salvador García Soto. Se dijo que estuvo presente en la reunión donde fue secuestrado “El Mayo” Zambada, a mediados del 2024 en Culiacán, pero sobre este personaje tampoco pasa nada. Es más, sus compañeros de partido, incluida la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo han cobijado.

Es el mismo caso de Américo Villarreal, Gobernador de Tamaulipas, a quien relacionaron durante su campaña y al inicio de su gobierno con el cártel del Noreste. Pero al respecto tampoco existe una carpeta de investigación por parte de la FGR que lo incrimine.

Sin embargo, en Estados Unidos parece que se construye un plan, una estrategia todavía más profunda para ubicar y posiblemente enjuiciar, si fuera el caso, a políticos ligados a los grupos terroristas o al huachicol fiscal. Mientras tanto, en México los morenistas cierran filas entre ellos, se cobijan, se protegen con el fuero y utilizando a la FGR y a su Fiscal, Alejandro Gertz Manero, como un instrumento para atacar a sus enemigos y protegerse a ellos mismos.

Así operan los gobiernos con estructura mafiosa. Son los dueños de la Ley y ellos saben a quienes aplicarla, pero nunca lo harán –salvo que haya una traición –contra un miembro de su clan.

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