LA EMPRESA PROYECTALM BUSCA EVADIR DEMOLICIÓN DE EXCEDENTE EN EDIFICIO ILEGAL.
Este nuevo acto administrativo ha sido denunciado por el quejoso como una maniobra ilegal para proteger a la empresa infractora

Staff / Aguascalientes. A 16 de abril del 2025
Desde el año 2022 la justicia federal concedió el amparo y la protección a un ciudadano vecino del fraccionamiento Bosques del Prado Sur, para que la empresa constructora PROYECTALM S.A. de C.V. procediera a la demolición de una fracción de la construcción ilegal, por exceder la altura máxima permitida por la legislación urbana local.
Transcurridos más de tres años de litigio y múltiples juicios de amparo, se determinó que el inmueble ubicado en Sierra de Tepoztlán número 300, excede los 22 metros máximos autorizados por el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, así como por el Código Municipal de Aguascalientes. La resolución obliga a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio a iniciar el procedimiento para la demolición del cubo de elevador y el pretil excedente.
Lamentablemente el cumplimiento ha sido retrasado y suspendido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, por instrucción del presidente magistrado del citado Tribunal, el Maestro Jaime Gerardo Beltrán Martínez, quien debió haberse excusado, toda vez que se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento y Director General del Municipio de Aguascalientes, lo que pudiera ser un impedimento por posible conflicto de intereses para conocer del proceso, al menos mientras que el nuevo secretario de Gobierno ordena a Desarrollo Urbano cumpla con la sentencia Federal:
De acuerdo al denunciante, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, pretende presionar al actual Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, para que suspenda su propia resolución, sin explicación legal suficiente, y sin cumplir con los principios constitucionales de fundamentación y motivación.
Este nuevo acto administrativo -contrario a derecho- ha sido denunciado por el quejoso como una maniobra ilegal para proteger a la empresa infractora, en perjuicio no solo del ciudadano que obtuvo el amparo, sino también de los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a la cosa juzgada.