RFInforma.- Staff Aguascalientes a 13 de marzo de 2025

Una red de corrupción conformada en el sexenio pasado ha ocasionado un daño patrimonial millonario a instituciones clave en Aguascalientes, derivado de una serie de inversiones fraudulentas bajo el esquema conocido como Estafa Ponzi. El monto conocido del fraude asciende hasta el día de hoy a más 580 millones de pesos, afectando a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSPEA) y la Fiscalía General del Estado (FGE). Este esquema de fraude no es un caso aislado, sino que está directamente conectado con la megaestafa cometida contra los más pobres de México a través de SEGALMEX, lo que revela una operación sistemática de corrupción y desvío de fondos públicos.

El daño al patrimonio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 329 millones de pesos, de los cuales 200 millones provienen del Fondo de Estabilización y Contingencias, el cual se conformó con recursos provenientes de la Federación, el daño al ISSSPEA es por 185 millones de pesos y a la Fiscalía General del Estado de 66 millones de pesos.

CONEXIÓN CON LA ESTAFA DE SEGALMEX Y CORAFI

Este esquema fraudulento guarda similitudes y está vinculado con el fraude masivo cometido contra SEGALMEX, donde los empresarios René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz orquestaron un desfalco de más de 15,000 millones de pesos utilizando la empresa CORAFI. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que estas operaciones fueron ilegales, ya que tanto SEGALMEX como las instituciones estatales a excepción del ISSSPEA carecían de autorización para invertir, así como de controles internos y control sobre las inversiones, lo que contraviene los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.

Al igual que en el caso de SEGALMEX, las inversiones fraudulentas en la UAA y la Fiscalía fueron justificadas bajo el pretexto de “autogenerar a futuro recursos financieros propios”. Sin embargo, este argumento fue utilizado para encubrir el desvío sistemático de fondos públicos hacia esquemas financieros irregulares que terminaron en manos de particulares vinculados con redes de corrupción de alto nivel.

INVESTIGACIÓN BAJO CONTROL Y CONFLICTO DE COMPETENCIA

A pesar de la magnitud y origen de los fondos afectados, la Fiscalía General del Estado entonces a cargo de Jesús Figueroa Ortega, asumió la competencia de la investigación, a pesar de que en el caso de la UAA se trata de recursos federales, lo que debió ser investigado directamente por la Fiscalía General de la República. Esta maniobra ha sido interpretada como un intento de tráfico de influencias, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia, destinado a encubrir a los verdaderos responsables y mantener un pacto de impunidad.

RED DE CORRUPCIÓN: DESDE EL EXGOBERNADOR HASTA ALTOS FUNCIONARIOS

Las investigaciones señalan que esta red de corrupción fue orquestada desde las más altas esferas del poder en Aguascalientes, involucrando a figuras clave como Martín Orozco Sandoval, exgobernador de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, ex Fiscal general del estado, la esposa y el sobrino de Jesús Figueroa, quienes también habrían facilitado las operaciones fraudulentas, Francisco Javier Avelar González, ex rector de la UAA, quien presuntamente permitió la canalización de fondos hacia las inversiones fraudulentas, Sandra Yesenia Pinzón Castro, identificada como una pieza clave en la red de operaciones financieras ilícitas y quien renovó las inversión del patrimonio Universitario.

PARALELISMOS CON LA ESTAFA DE SEGALMEX

El patrón de operación es prácticamente idéntico al utilizado en el fraude de SEGALMEX por medio de CORAFI, lo que sugiere que las mismas redes de corrupción están detrás de ambos desfalcos. En ambos casos, las instituciones afectadas carecían de facultades para realizar este tipo de inversiones y las decisiones fueron tomadas por funcionarios de alto nivel con pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones. La ASF ha dejado claro que estas maniobras violan los lineamientos para el manejo de recursos públicos, pero hasta ahora no ha habido consecuencias legales significativas para los responsables.

Dado que una parte importante de los fondos desviados provienen de recursos federales, es necesario que la Fiscalía General de la República asuma el control de la investigación para garantizar un proceso transparente e imparcial, así como la probada colusión del ex Fiscal del Estado. La actuación de la Fiscalía Estatal, al declararse competente en este caso, es vista como un acto de encubrimiento y protección hacia los operadores reales de este megafraude.

La ciudadanía demanda una investigación exhaustiva, la recuperación de los recursos desviados y el castigo a los responsables, sin importar su nivel de influencia o posición política. La intervención de la FGR es clave para desmontar esta red de corrupción que ha dañado gravemente las finanzas públicas y la confianza en las instituciones del estado de Aguascalientes. La conexión directa con el megafraude de SEGALMEX evidencia la magnitud y profundidad de esta red de corrupción que sigue operando con total impunidad a cuenta del ex Gobernador y ex Fiscal del Estado de Aguascalientes, protegiendo con ello a esta gran red de estafadores.