RFInforma / Laura Centeno  / Aguascalientes / jueves 27 de febrero del 2025

Redacción.-

Un correo electrónico compartido desde la cuenta institucional de Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, en el que lanza acusaciones contra el también comisionado Adrián Alcalá Méndez deja al descubierto las tensiones internas que hay en el Instituto de transparencia a unos días de que se concrete su extinción.

En esa comunicación se emite señalamientos de extorsión con sueldos, acusaciones de difamación, utilización de recursos públicos con fines personales, entre otros.

Acerca de la extorsión con sueldos de servidores públicos del INAI por parte de superiores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que promovió una responsabilidad administrativa sancionatoria desde febrero de 2024, mes en que entregó los resultados del informe 197 practicado al Instituto en el que documentó denuncias de personal afectado. A la fecha, esa acción sigue en el área de Investigación del órgano fiscalizador.

El mail, al que Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso, fue enviado unos días antes de que la ASF presentara (20 de febrero de 2025) un nuevo informe de auditoría forense practicado al organismo autónomo en el que reportó anomalías como nepotismo, irregularidades en plazas laborales y la falta de comprobación de gastos o especificaciones en comisiones internacionales por parte de funcionarios del INAI.

Las pugnas al interior del Instituto se elevaron a tal nivel que entre comisionados existen acusaciones serias de posibles actos de corrupción o malas prácticas. Mexicanos contra la Corrupción verificó con funcionarios de alto nivel del INAI sobre la autenticidad del correo, algunos de ellos inclusive están en la lista de difusión a la que llegó esta información; la cual, incluso puede ser solicitada por la ciudadanía vía Ley de Transparencia, como lo señala una leyenda que está al final de la comunicación.

El contenido del mail
“Otra vez llegan correos electrónicos a mis colegas de los órganos garantes locales, y correos a senadores, con difamaciones y mentiras en mi contra, pero hay algo que me llama la atención, que el correo de la difamación menciona que yo le entregué a la Secretaria (Raquel) Buenrostro en un sobre copias de las cédulas preliminares de la auditoría 226 realizada por la ASF con las irregularidades, lo cual es lo único cierto y en esa reunión sólo estaba Josefina Román, Blanca Lilia Ibarra, desde luego Adrián Alcalá y yo.

“Entonces Adrián deja de molestar porque desde que denuncié ante la ASF he sido intimidada y acosada cobardemente por ti y por tu equipo y siguen enviando difamaciones, porque eso es lo único que son, difamaciones, porque yo soy una mujer limpia y si tuvieras pruebas las presentarías ante las autoridades correspondientes como yo lo hice con tema del table dance y la extorsión que realizó tu grupo de ex Comisionados a cientos de trabajadores al solicitarles parte de su suelto, tema que ya se encuentra en la ASF”.

Lo anterior es solo el inicio de un correo electrónico que compartió la comisionada Norma Julieta del Río al comisionado Adrián Alcalá y a otros 38 destinatarios a finales de enero pasado.

En este fragmento, la comisionada Del Río dice ser víctima de correos con intimidaciones y acoso por parte de Alcalá y su equipo. Menciona que compartió cédulas preliminares de la auditoría 226 a Raquel Buenrostro (titular de la Secretaría de la Función Pública) misma que fue presentada de manera pública hasta el 20 de febrero pasado, dentro del análisis de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

También señala que ella presentó pruebas ante las autoridades sobre el caso Curazao: el escándalo de uso de tarjetas de crédito institucionales para pagos en centros nocturnos que derivaron en las renuncias en noviembre de 2023 de los ex comisionados Óscar Mauricio Guerra Ford (cuando ocupaba el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia) y de Rosendoevgueni Monterrey Chepov (quien entonces era secretario ejecutivo del INAI).

Dentro del propio correo, Del Río Venegas involucra a Alcalá con los ex comisionados que renunciaron a sus cargos por el mal uso de tarjetas bancarias de la institución autónoma.

“Yo no tengo la culpa de que estés coludido en el tema de las tarjetas, y estoy casi segura que también con los despachos que presuntamente extorsionan a particulares y entre ellos, a la Federación Mexicana de Fútbol con el famoso despacho del que todo el mundo habla en este Instituto; casi lo puedo asegurar”, se lee en el mail.

En el correo electrónico se acusa a Alcalá de ser parte del mal uso de las tarjetas institucionales.

Además, se le señala de estar coludido con los despachos que extorsionan a particulares “entre ellos, a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)”.

En esta parte de la comunicación se refiere al proyecto que los comisionados del INAI revisan en la actualidad sobre el caso “Fan ID”, un programa impulsado por la FMF que acopia datos biométricos de aficionados para garantizar la seguridad al interior de los estadios.

Este programa se implementó luego de los disturbios ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro en marzo de 2022, durante un partido contra el club Atlas en el que se registró una batalla campal entre porras que dejó decenas de personas heridas.

El caso de Fan ID no ha sido presentado ante el Pleno del INAI a pesar de que los proyectos se encuentran listos desde finales de noviembre de 2024.

A finales de enero, el Pleno revisaría el caso Fan ID, pero unos días antes medios de comunicación reportaron que la FMF presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control del INAI por supuestos actos de extorsión por parte de dos funcionarios que ofrecieron reducir multas, en caso de ser sancionados, a cambio de contratar los servicios de despachos específicos y de entradas para el Mundial en el que México será una de las sedes en 2026.

En entrevistas con medios de comunicación, Mendoza Iserte ha asegurado que fue destituido sin conocer el contenido de la denuncia presentada por la FMF ante el OIC del INAI.

MCCI consultó a funcionarios de alto nivel del INAI, incluidas las oficinas de los comisionados Alcalá y Del Río y expresaron que al interior no se conoce el objeto de la denuncia, pero confirmaron que ambos personajes fueron cesados en común acuerdo de los cuatro comisionados mientras se lleva a cabo la investigación.

En entrevista, el comisionado Alcalá negó los señalamientos por parte de Del Río Venegas acerca de que esas comunicaciones previas fueran promovidas por él o por su equipo.

“Lamento estas declaraciones de la comisionada Del Río. Yo no conozco el contenido de ese correo y también, por supuesto, niego que haya sido de mi autoría o de nuestra autoría, del equipo que más cercanamente me acompaña. Desconozco esta situación, lo niego categóricamente. Lamentablemente las situaciones que se viven en un colegiado siempre son de diferencias, pero diferencias que tienen que ver con la parte sustantiva de lo que hacemos”, dijo el comisionado presidente del INAI.

Por su parte, Julieta Del Río admitió que ella envió el correo con las acusaciones, explicó que todo inició cuando colegas de órganos de transparencia estatales le alertaron de comunicaciones con difamaciones hacia ella.

“Le llegó un correo electrónico a los 32 órganos garantes locales. Donde decían que ‘cuidado conmigo’, que yo había acabado con el INAI y que tenía conexiones y ligas. Algo que me espantó.

“Dije, ‘Dios mío, ¿quién escribió esto?’ Inmediatamente los comisionados del país me empezaron a enviar el correo diciéndome, ‘aguas, amiga, ve nada más qué difamación nos están mandando en estos correos a los estados’. Tengo un acta notariada donde culpo a Adrián Alcalá si me pasa algo”, explicó Del Río.

Anomalías documentadas por ASF
En coincidencia con el contenido del correo electrónico emitido de la cuenta de la comisionada Del Río, el jueves 20 de febrero la ASF presentó el informe 226 correspondiente a una auditoría forense practicada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La revisión indica que personal del Instituto solicitó a la ASF revisar casos en los que superiores pidieron la entrega de parte de sus sueldos bajo la condición de que pudieran seguir laborando. Las referencias de empleados y ex empleados, menciona la Auditoría, habrían ocurrido entre 2018 y 2022.

La ASF explica en su informe que por esos señalamientos, de solicitar parte de sus pagos, se promovió una responsabilidad administrativa sancionatoria ante el área de investigación de la Auditoría, cuando practicó una fiscalización previa al INAI correspondiente a la Cuenta Pública 2022, por lo que sumó estos hechos para continuar la indagatoria.

Dicha promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión solicitaron dinero para continuar en los cargos, plazas o ascensos en el INAI”, sigue en curso ante las Direcciones Generales de Investigación de la ASF a la fecha.

Además, la Auditoría halló casos de nepotismo e irregularidades en las plazas de estructura, honorarios y eventuales dentro del INAI.

En el punto tres del informe, se indica que 62 servidores públicos del órgano autónomo contaron con familiares dentro de la institución: “vínculos de padres, madres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges; asimismo, dos personas servidoras públicas del INAI contaron con parentesco de hermanos en la misma área de adscripción”, estableció la Auditoría.

La ASF también documentó la erogación de 1.4 millones de pesos de pagos a personal que no cumplió con sus funciones Observó que tres funcionarios con cargos de jefe de departamento, enlace y auxiliar administrativo, antes del ejercicio fiscal de 2023, fueron contratados con el puesto de chofer y después ocuparon puestos administrativos.

Acerca de la fiscalización de la que fue objeto el INAI, la comisionada Del Río indica que ella presentó una denuncia ante la ASF el 11 de diciembre de 2023, luego de mencionar anomalías de manera pública en el ejercicio de recursos públicos como la contratación de un outsourcing encargado de brindar servicios de limpieza al Instituto y de un contrato otorgado para mensajería, coincidentemente la Auditoría se enfocó en dichos rubros.

“Entonces denuncié e inmediatamente la Auditoría Superior de la Federación, a la semana siguiente, incrementó una auditoría de carácter forense. Una auditoría de carácter forense que se sumó a la auditoría que ya estaban realizando como parte de la Cuenta Pública (…) No gustó la denuncia, claro que no. Adrián se molestó por la denuncia que yo puse”, indicó.

En su informe más reciente, la ASF documentó que el INAI contrató durante 2023 a la compañía B2B Mail & Courier Services, la cual brindó servicios de mensajería local en la Ciudad de México y le pagó durante ese año un monto de 2 millones 910 mil pesos.

De esa contratación, el órgano fiscalizador estableció un probable daño a hacienda pública de 1 millón 308 mil pesos (lo que equivale a un 45% del monto total pagado a B2B Mail & Courier Services), por considerar que hubo servicios de paquetería en los que no se acreditó la documentación de los envíos y retardos en las entregas.

La ASF también estableció en su informe un posible quebranto al erario por 607 mil pesos por un contrato y un convenio modificatorio otorgados al Consorcio de Servicios Integrales para Oficina SA de CV, el cual recibió pagos totales en 2023 por 4.1 millones de pesos.

La compañía mencionada brindó servicios de limpieza al Instituto.

“Si bien es cierto, a propósito de los resultados de la Auditoría, creo que es una reflexión sobre algunos aspectos de la vida institucional del INAI. Hubo observaciones por 8 millones de pesos en la cuenta pública 2023 que no es un tema menor”, dijo Adrián Alcalá.

“Nosotros en el INAI hemos resuelto desde los primeros plenos hasta este último pleno. Si bien ha habido diferencias, estas han sido mínimas con relación a los logros alcanzados por la vía institucional. Pero eso no supera en nada todos los logros alcanzados como el fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas o la privacidad”, concluyó.

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