RFInforma / Laura Centeno  / Guanajuato / jueves 6 de febrero del 2025

Redacción.-

Guanajuato es el estado con más homicidios de todo México. También es la entidad donde la institución encargada de investigar estos delitos, la Fiscalía General del Estado (FGE), tuvo un mismo titular, Carlos Zamarripa Aguirre, por casi por todo el periodo legal que debía cumplir (2009-2024). Aunque la estabilidad de su titular y la autonomía debieron en teoría mejorar la procuración de justicia, estas condiciones no generaron los resultados esperados. En este contexto, el pasado lunes 03 de febrero, el Congreso de Guanajuato designó a Gerardo Vázquez Alatriste, ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, como nuevo titular de la Fiscalía.

Este relevo es una oportunidad para presentar los resultados de la gestión de los últimos 15 años. En esta investigación, procesamos y analizamos información pública de los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), ambas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para ofrecer un panorama completo de la gestión de la fiscalía, haciendo particular énfasis en las principales fallas y las deficiencias. Los homicidios son solo una parte de los múltiples problemas de impunidad y falta de justicia que enfrentan las y los guanajuatenses; por eso, es necesario poner un acento en las deficiencias que, sin importar la persona que sea elegida, deben atenderse.

El recorrido analítico abarca desde la sobrecarga operativa diaria hasta el uso problemático de mecanismos alternativos de solución de controversias. A partir de los datos analizados, encontramos que la gestión del último fiscal privilegió el desahogo administrativo para poder presumir el cierre de los procedimientos por encima de la efectividad en la investigación para identificar a los responsables y dar justicia a las víctimas. La paradoja entre la estabilidad institucional y los resultados negativos plantea interrogantes sobre el modelo de procuración de justicia implementado durante la última década y media, en el que la autonomía de la fiscalía no ha venido de la mano con mejores resultados para la ciudadanía.

I. Sobrecarga operativa y cifra negra: el legado de 15 años de gestión en la Fiscalía de Guanajuato
La gestión de Carlos Zamarripa como fiscal general en Guanajuato durante 15 años, de 2009 a 2024, se distinguió como una de las más largas en México. Sus resultados, en términos de procuración de justicia, son un espejo del deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en el país. A pesar de algunos avances en la capacidad operativa, la Fiscalía enfrenta actualmente serias limitaciones para contener y reducir la escalada delictiva.

De 2015 a 2024, la tasa promedio de crecimiento anual en las carpetas de investigación fue de 5.7%, pasó de 95,782 a 154,108 casos por año; esto representa un acumulado del 60.9%. Un liderazgo prolongado debería haber generado la estabilidad institucional necesaria para incrementar la confianza ciudadana en la denuncia; sin embargo, los resultados contradicen esta expectativa: la cifra negra (que cuantifica los delitos que los ciudadanos no denuncian ni se investigan por parte de las autoridades) se mantuvo consistentemente alta, oscilando entre el 93.7% y el 91.8%.

Sin embargo, más allá del volumen absoluto de carpetas abiertas, un indicador aún más preocupante es la sobrecarga operativa diaria de las autoridades, que pasó en 2015 de un promedio de 262 casos diarios a 422 en 2024. Este aumento de 61% en la carga de trabajo diario, combinado con una cifra negra persistentemente alta, sugiere que la Fiscalía está operando en un estado de saturación crónica, donde su capacidad de respuesta no ha logrado mantener el paso con el crecimiento de los delitos, a pesar de la expansión en el número de investigaciones abiertas.

Resulta particularmente significativo que los últimos años de la gestión de Zamarripa (2021-2024) registraron los niveles más altos de carpetas abiertas: En 2021, el incremento con respecto al año anterior fue de 9.6% y el de 2023 fue de 4.6%. El número de casos diarios abiertos alcanzó su pico en 2024; sin embargo, la cifra negra se mantuvo en los mismos niveles de los últimos 15 años. Esto debe interpretarse como el punto culminante de un deterioro sistemático en las condiciones de seguridad en el estado y no como el resultado de una mayor eficiencia en el registro de delitos. De hecho, este indicador es una muestra del agotamiento del modelo de procuración de justicia implementado durante más de una década y anticipa los desafíos que enfrentará la Fiscalía en el futuro.

La paradoja entre el incremento en carpetas de investigación y la persistencia de una cifra negra superior al 90% plantea interrogantes sobre la efectividad institucional. ¿Por qué la infraestructura y recursos humanos de la Fiscalía no crecieron proporcionalmente para atender esta demanda de servicios de justicia? ¿Cómo interpretar que mientras las denuncias formales aumentaban, la proporción de delitos no denunciados se mantuvo prácticamente inalterada? ¿En qué medida la estabilidad administrativa que proporcionó el largo mandato de Zamarripa contribuyó a la institucionalización de prácticas ineficaces?

II. La paradoja de la cifra negra: menos delitos, más ineficacia
Un análisis más detallado de la cifra negra revela algunos patrones sobre la capacidad real de la Fiscalía para atender la demanda de justicia. A pesar de que el total de delitos estimados disminuyó de 1,542,707 en 2018 a 1,190,761 en 2023 (una reducción del 22.8%), esta aparente mejora debe interpretarse con cautela. La tasa de cambio promedio anual de – 0.8% en los delitos estimados contrasta significativamente con el incremento sostenido en carpetas de investigación, sugiriendo una desconexión fundamental entre la realidad delictiva y la respuesta institucional.

El hecho de que sólo una fracción mínima de los delitos estimados se traduzca en investigaciones formales (del 5.2% en 2018 al 8.2% en 2023) sugiere dos hipótesis preocupantes: o bien la gravedad de los delitos ha aumentado, forzando más denuncias formales a pesar de la reducción en el volumen total, o la ciudadanía está optando por denunciar solo aquellos casos donde percibe una mínima probabilidad de resolución, abandonando la búsqueda de justicia en el resto de los casos.

La reducción en el total de delitos estimados, aunque significativa en términos estadísticos, no se ha traducido en una mejora proporcional en la capacidad de investigación de la Fiscalía. Este desfase entre la tendencia descendente en la estimación de delitos (-0.8% anual) y el aumento sostenido en la carga operativa diaria sugiere que el problema no radica exclusivamente en el volumen de la criminalidad, sino en la efectividad de los mecanismos institucionales para procesarla y atenderla adecuadamente.

Es notable que la cifra negra en Guanajuato se haya mantenido alineada al promedio nacional durante el periodo entre 2018 y 2023. Este patrón, sumado al modesto incremento en la proporción de delitos que derivan en carpetas de investigación, plantea interrogantes adicionales sobre la efectividad del modelo de procuración de justicia: ¿por qué Guanajuato mantiene consistentemente una cifra negra cercana al promedio nacional a pesar de contar con uno de los liderazgos más estables al frente de la fiscalía? ¿En qué medida la continuidad en la gestión ha contribuido a normalizar niveles de impunidad cercanos a la media nacional? La convergencia entre los indicadores estatales y nacionales sugiere que un liderazgo de 15 años no fue un factor relevante para reducir la brecha entre delitos estimados y denuncias formales. Esto apunta a la presencia de otros factores, como la gestión de la fiscalía, que han perpetuado esta brecha.

Una posible explicación puede surgir de las razones para no denunciar delitos. En Guanajuato pareciera haber una crisis de confianza institucional que se ha profundizado durante el periodo analizado. La principal respuesta de las personas consultadas sobre las razones para no denunciar es que lo consideran como una pérdida de tiempo. Esta razón aumentó de 43.2% en 2018 a 47.2% en 2023; por su parte, la percepción de trámites largos y difíciles creció del 4.5% al 7.2%. Estas dos respuestas sugieren una percepción consolidada: denunciar no solo es ineficaz, sino que implica un costo emocional y de tiempo que las víctimas no están dispuestas a asumir.

Adicionalmente, la desconfianza en las autoridades fue la segunda respuesta más frecuente, no obstante que disminuyó de 14.5% a 8.4% entre 2018 y 2023. Esto refleja la percepción de una institución que sigue distanciada de las personas. Para muestra está el incremento en la percepción de hostilidad por parte de los servidores públicos de 1.2% a 4.6%.

La cifra negra por tipo de delito revela una problemática aún más profunda: los delitos más graves son los menos denunciados. Durante el periodo de 2018 a 2023, delitos como la violación sexual y la extorsión mantuvieron cifras negras cercanas al 100%, mientras que otros como el robo total de vehículo registraron tasas significativamente menores (entre 43.2% y 20.7%). Esta disparidad apunta a la hipótesis de que la reducción en el total de delitos estimados podría ocultar un incremento en la gravedad de los delitos no denunciados. ¿En qué medida el aumento en la percepción de hostilidad por parte de las autoridades ha contribuido a disuadir la denuncia de delitos contra la integridad personal? ¿Por qué los delitos patrimoniales, particularmente el robo de vehículos, mantienen tasas de denuncia significativamente más altas? La respuesta podría estar en los requisitos de las aseguradoras, que obligan a la denuncia formal, más que en la confianza en la institución.

La evolución de los resultados en las carpetas de investigación confirma el deterioro sistemático en la procuración de justicia. El porcentaje de casos en los que «no pasó nada» osciló entre 62.9% en 2018 y 61.2% en 2023, aunque en 2019 se reportó una breve mejora (26.6%) que no logró sostenerse. Es decir, que en al menos tres de cada cinco casos investigados por las autoridades no hubo ningún resultado. Mientras tanto, los casos que llegaron ante un juez se mantuvieron persistentemente bajos: entre 2.2% y 9.7%.

Esta inefectividad procesal por parte de los ministerios públicos plantea interrogantes críticos: ¿por qué la proporción de casos sin resultados retornó a niveles superiores al 60% después de la aparente mejora en 2019? ¿Qué factores explican que menos del 10% de las carpetas lleguen a instancias judiciales, incluso cuando las víctimas superan las barreras iniciales para denunciar? El alto porcentaje de casos sin resultados y el incremento en la percepción de «pérdida de tiempo» como razón para no denunciar sugiere un círculo vicioso: la inefectividad institucional refuerza la desconfianza ciudadana, que a su vez perpetúa la cifra negra.

Adicionalmente, el incremento en el número de delitos violentos coincide con el incremento en el miedo al agresor como razón para no denunciar (del 3.7% al 6.8%). De esta forma, es posible señalar otro ciclo perverso, en el que la violencia disuade la denuncia y la falta de denuncia perpetúa la violencia.

III. Delitos de alto impacto: escalada violenta y crisis de registro institucional
Los patrones de incidencia delictiva de alto impacto revelan otra dimensión en el deterioro en la procuración de justicia. En la siguiente gráfica, es posible ver el cambio en el número de carpetas abiertas por delito con respecto al año anterior, expresado en porcentaje. La extorsión fue el delito con más cambios año con año: en promedio fue de 290% (ver última columna: Tasa de cambio). Aunque en menor proporción, otros delitos violentos también reportan variaciones significativas entre 2018 y 2024, como secuestro, con 23.9% en promedio por año; robo a transeúnte con violencia, con 23.4%; y homicidio doloso, con 20.3%.

El comportamiento errático de algunos delitos, con variaciones extremas entre un año y otro, como el caso de la extorsión que registró un incremento del 1,611.8% en 2021, plantea interrogantes sobre la consistencia en los criterios de clasificación y registro durante la gestión de Zamarripa en la Fiscalía. ¿Qué explica estas fluctuaciones? ¿En qué medida estos datos reflejan cambios reales en los patrones delictivos o se trata más bien de ajustes en las prácticas institucionales de registro y clasificación? La volatilidad en las cifras, combinada con el alto porcentaje de casos donde «no pasó nada» (61.2% en 2023), sugiere que la labor de la Fiscalía no solo no ha contribuido en la contención del delito, sino que tampoco ha podido generar información confiable para el diseño de políticas de prevención y persecución penal.

Algunos delitos como el homicidio doloso exhibe trayectorias ascendentes sostenidas desde 2017, mientras que otros como feminicidio y secuestro muestran variaciones significativas. Este comportamiento sugiere posibles inconsistencias en su clasificación y registro. En favor de esta hipótesis está la estabilidad relativa en delitos como lesiones dolosas. Sin embargo, es importante considerar que es posible que exista un subregistro de denuncias a partir de un mayor miedo al agresor y la percepción de hostilidad por parte de las autoridades. El comportamiento de estos delitos sugiere que la continuidad en el liderazgo de la Fiscalía no se tradujo en resultados efectivos para contener la escalada de violencia. Todo lo contrario, pareciera haber contribuido a la normalización de patrones delictivos cada vez más graves.

IV. El rezago en la justicia: la selectividad de la ineficacia
Para entender el desempeño de la Fiscalía, es crucial analizar la «tasa de rezago», que es el porcentaje de casos que quedan sin resolver en un año. Esta tasa se calcula al dividir los casos concluidos durante un año entre la suma de los nuevos que ingresan más los que quedaron pendientes del año anterior. Un incremento en esta tasa indica que la institución está perdiendo capacidad para resolver los casos que recibe, mientras que un descenso refleja que están manteniéndose al día con la carga de trabajo.

El análisis revela un panorama preocupante: mientras la proporción de casos sin resolver aumentó de 42.5% en 2019 a 49% en 2023, el volumen total de carpetas rezagadas creció de 128,860 a 147,101. Esto significa que actualmente casi la mitad de los casos que maneja la Fiscalía quedan sin resolverse. Este deterioro progresivo en la capacidad de gestión permite entender, al menos en parte, por qué cada vez más ciudadanos consideran que denunciar es una «pérdida de tiempo».

Estos datos contrastan significativamente con la narrativa institucional de la Fiscalía, que se presenta como la tercera mejor a nivel nacional en términos de congestión ministerial. Si bien la institución fundamenta esta afirmación en los indicadores del informe «Hallazgos 2022» de México Evalúa, una revisión detallada de este último documento revela que tal posicionamiento no encuentra sustento en los datos presentados. Esta discrepancia entre las estadísticas disponibles y el discurso oficial no solo genera desinformación, sino que obstaculiza la implementación de medidas correctivas necesarias para abordar el creciente problema del rezago en la procuración de justicia

Por su parte, la tasa de desahogo, que mide el porcentaje de casos que sí logran resolverse, muestra la otra cara de la moneda. Una tasa de desahogo de 51% (el complemento del 49% de rezago en 2023) significa que apenas se está resolviendo poco más de la mitad de los casos.

Esta situación genera un efecto dominó que impacta a los delitos violentos. Mientras la Fiscalía acumula más casos sin resolver, los delitos de alto impacto continúan aumentando. Por ejemplo, la extorsión creció 290.1% y el homicidio doloso, 20.3%. ¿En qué medida el crecimiento del rezago procesal ha contribuido al aumento de la violencia? La evidencia sugiere que estamos ante un círculo vicioso donde la impunidad alimenta la violencia y la violencia, a su vez, sobrecarga aún más al sistema de justicia.

No obstante lo anterior, este no es el caso para todos los delitos en general. El análisis desagregado del rezago por tipo de delito muestra patrones de ineficacia selectiva. Mientras homicidio y feminicidio muestran tasas de rezago relativamente estables (44.4% y 38.1% respectivamente en 2023), la violación y el abuso sexual exhiben un deterioro significativo en su capacidad de resolución. La tasa de rezago en violación aumentó de 37.5% a 40.7%, y en abuso sexual, de 34% a 37.7%. Esta disparidad plantea interrogantes sobre los criterios de la fiscalía para priorizar: ¿por qué delitos que afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables enfrentan mayores obstáculos para su resolución?

También llama la atención el comportamiento de delitos complejos como la extorsión, donde el rezago alcanzó el 41.4% en 2023, mientras que los delitos por hechos de corrupción muestran una tasa de rezago de 39.2%. ¿En qué medida esta aparente priorización en la atención de ciertos delitos responde a presiones políticas o mediáticas más que a una estrategia integral de persecución penal? ¿Cómo explicar que delitos con menor complejidad probatoria, como las lesiones y el robo, mantengan tasas de rezago superiores al 30%? Las cifras sugieren que la ineficacia en la resolución de casos trasciende las limitaciones técnicas o probatorias y, en su lugar, apuntan hacia problemas en la gestión y distribución de recursos institucionales.

V. La administración de la impunidad: cuando la gestión sustituye a la justicia
Las deficiencias en las decisiones tomadas por la Fiscalía validan la percepción ciudadana de ineficacia institucional; pero, sobre todo, revelan una política institucional orientada más a la gestión del rezago de trabajo que a la procuración efectiva de justicia. Para entender esta situación, es importante explicar que cuando hablamos de «ejercicio de la acción penal» o «judicialización», nos referimos al momento en que la Fiscalía, tras reunir suficientes pruebas, decide llevar un caso ante un juez para que este determine si las personas señaladas son culpables o no y, en su caso, sancionadas.

Como mencionamos arriba, Guanajuato es la entidad que más homicidios reporta del país; sin embargo el ejercicio de la acción penal para estos delitos apenas alcanzó 19.4% de los casos en 2023: menos de uno de cada cinco. En otros delitos, como la violación o el abuso sexuales, si bien las tasas son mayores (27.9% y 26% respectivamente), siguen siendo preocupantemente bajas: poco menos de tres de cada diez delitos de violación que empiezan a ser investigados por la fiscalía son presentados ante un juez.

El «archivo temporal» es otra figura legal que merece atención: la Fiscalía recurre a ella cuando considera que no hay suficientes elementos para continuar con la investigación en ese momento, pero que el caso podría reabrirse en el futuro si aparecen nuevas evidencias. La ventaja de este recurso es que los casos enviados al archivo temporal no son considerados ya como parte del rezago de la fiscalía. Es indiscutible que en algunos casos excepcionales, no existe la tecnología suficiente o las evidencias necesarias para continuar con un caso, pero el uso extensivo de esta medida sugiere que es más utilizado como una válvula de escape administrativa que como una herramienta excepcional de gestión. Por ejemplo, en 2023, el número de casos de homicidios enviados al archivo temporal fue de 62.6y el de extorsión, 60.5%,

Esta combinación de baja judicialización y elevada proporción de casos en archivo temporal plantea una pregunta fundamental: ¿en qué medida estas determinaciones responden a limitaciones reales en la capacidad investigativa y en qué medida se trata de una política deliberada de gestión estadística? La evidencia sugiere que la Fiscalía ha priorizado el desahogo administrativo sobre la resolución efectiva de casos. Esta aparente decisión contribuye a normalizar la impunidad bajo el amparo de figuras jurídicas diseñadas originalmente para optimizar recursos escasos.

Además, este patrón de determinaciones sugiere que la aparente priorización de ciertos delitos graves (como en el caso de los feminicidios y la desaparición forzada) responde más a presiones mediáticas y políticas que a una estrategia integral de persecución penal. Esto resulta especialmente preocupante porque indica que las decisiones sobre qué son investigados a fondo podrían estar siendo influenciadas por factores externos más que por criterios técnicos y jurídicos.

Al revisar otro tipo de delitos de 2019 a 2023, el robo registra una tendencia en el número de casos enviados hacia el archivo temporal. Este se mantiene consistentemente por encima del 70% de los casos año con año, aunque hay un ligero descenso entre 2020 y 2023. Esto significa que de cada 100 robos denunciados, en 73 las investigaciones terminan en una suspensión administrativa.

En paralelo, el “no ejercicio de la acción penal” (es decir, cuando la Fiscalía decide no continuar con la acusación ante el juez) para el mismo delito de robo osciló entre 11.5% y 17.8% de los casos. Este patrón apunta a una política institucional que privilegia decisiones administrativas de no continuar con las investigaciones de casos por encima de la búsqueda de soluciones efectivas, ya sean judiciales o alternativas.

El caso de la violencia familiar es particularmente preocupante: el no ejercicio de la acción penal registra un brinco de cerca de la mitad de los casos en 2021 (52.6%) a prácticamente siete de cada diez en 2023 (69.6%) en 2023. Además, el archivo temporal fue la segunda determinación más frecuente, con valores entre 14% y 27% de los casos. En el agregado, más de ocho de cada diez casos de violencia familiar terminan sin consecuencias ministeriales efectivas.

Los delitos contra la salud (es decir, narcomenudeo) muestran la mayor proporción de no judicialización de estos delitos. El no ejercicio de la acción penal fue la salida para poco más de cinco de cada seis denuncias (84.9%); además, esta proporción ha sufrido un incremento sostenido desde 2019, cuando representaba 78.5%. Este comportamiento podría responder a diversos factores, incluyendo la aplicación de medios alternativos, consideraciones sobre el impacto social de la judicialización en casos menores o la priorización de recursos institucionales hacia otros tipos de delitos. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los criterios que guían estas determinaciones dificulta una evaluación precisa de su efectividad como política de persecución penal.

Por su parte, el comportamiento en delitos por hechos de corrupción resulta particularmente revelador: mientras el no ejercicio de la acción penal disminuyó de 37.8% a 29.7% entre 2018 y 2023, el archivo temporal se mantuvo consistentemente alto (60% en 2023). El incremento de este tipo de determinaciones confirma la percepción de la ciudadanía de que denunciar es una «pérdida de tiempo».

En 2021, mientras la Fiscalía mandó al archivo temporal tres de cada cuatro denuncias por hechos de corrupción, su propio titular y su círculo cercano fueron objeto de investigaciones federales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades financieras, como lo dio a conocer MCCI. Estas investigaciones incluyeron el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a operaciones sospechosas de lavado de dinero. Surge así un notable cuestionamiento al liderazgo, capacidad y voluntad política para investigar la corrupción, particularmente cuando podría involucrar a actores dentro de la propia fiscalía.

La convergencia entre el alto porcentaje de determinaciones que no conducen a la judicialización y la percepción ciudadana de «pérdida de tiempo» como principal razón para no denunciar sugiere un círculo vicioso de desconfianza institucional. El incremento sostenido en el uso de mecanismos que no resuelven los casos como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, particularmente en delitos que afectan la esfera inmediata de la ciudadanía, valida la hipótesis de que la Fiscalía no cuenta con mejores capacidades de investigación, a pesar de la estabilidad en su titular. En su lugar, pareciera que han sido institucionalizadas prácticas que privilegian la eficiencia administrativa de “cerrar casos” sobre la efectividad en la procuración de justicia.

Esta realidad adquiere una dimensión aún más crítica cuando se contrasta con el discurso institucional de la Fiscalía de Guanajuato, que se posiciona como una institución líder a nivel nacional en la celebración de acuerdos reparatorios. Sin embargo, el análisis detallado de las determinaciones por tipo de delito revela que estos acuerdos reparatorios, supuestamente distintivos de la institución, no figuran como una determinación relevante en ninguno de los delitos analizados. Esta discrepancia entre el discurso y la evidencia sugiere que el liderazgo en acuerdos reparatorios podría estar concentrado en delitos de menor impacto, mientras que los delitos que más afectan a la sociedad continúan resolviéndose principalmente a través de determinaciones que favorecen la impunidad, como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal.

VI. La ilusión de lo alternativo: cuando los MASC perpetúan el rezago
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son medidas alternativas, impulsadas por la fiscalía, que buscan resolver las controversias entre personas por la vía del diálogo con un intermediario (la propia fiscalía), en lugar de apostar por la vía penal tradicional. El objetivo de estos mecanismos es despresurizar la carga de trabajo de las fiscalías en los delitos que tiene mayor impacto en la sociedad. Sin embargo, para el caso de Guanajuato, la gestión de expedientes penales a través de MASC refleja una notable acumulación de trabajo.

El índice de acumulación, que mide el porcentaje de expedientes sin resolver en un año respecto al total de casos (iniciados más pendientes) casi se duplicó al pasar del 5.1% en 2018 al 10% en 2023. Esto evidencia un deterioro en la capacidad del sistema para manejar su carga de trabajo. Este incremento sostenido en la acumulación de casos, cuando los MASC deberían funcionar como una vía más ágil de resolución.

¿Cómo explicar que mientras el número de expedientes iniciados disminuyó de 32,894 en 2018 a 24,173 en 2023, el índice de acumulación aumentó? La respuesta podría encontrarse en la tasa de desahogo, que mide la proporción de casos concluidos respecto al total de casos gestionados cada año. Esta tasa experimentó una caída significativa al pasar de 57.4% en 2018 a 49.9% en 2023, lo que significa que de cada 100 casos gestionados, sólo se logran concluir aproximadamente 50. Este deterioro en la capacidad resolutiva de los MASC podría contribuir también a la percepción ciudadana de que denunciar representa una “pérdida de tiempo”.

La tasa de rezago, que representa el porcentaje de casos que quedan sin resolver del total gestionado, muestra un patrón de incremento entre 2018 y 2023, al pasar de 42.6% a 50.1%. Esto significa que actualmente la mitad de los casos que ingresan a MASC quedan sin resolución. Estos mecanismos, lejos de agilizar la justicia, están replicando los mismos problemas de saturación del sistema tradicional.

La volatilidad en el número de expedientes gestionados, que alcanzó un máximo de 40,994 en 2021, pero cayó hasta a 26,859 en 2023, sugiere que la Fiscalía no ha logrado institucionalizar procesos efectivos de resolución alternativa de conflictos. Esta ineficacia valida la hipótesis de que la fiscalía ha normalizado prácticas dilatorias en lugar de fortalecer las capacidades institucionales para la resolución efectiva de conflictos penales, en un periodo de estabilidad en el liderazgo.

Paradójicamente, mientras estos indicadores muestran un deterioro sistemático, la Fiscalía de Guanajuato se posiciona como líder nacional en la derivación de casos a MASC. Sin embargo, esta distinción cuantitativa en la canalización de casos contrasta marcadamente con la calidad y efectividad en su resolución. El alto volumen de derivaciones, lejos de representar un logro sustantivo, parece más bien revelar una estrategia de gestión que prioriza la cantidad sobre la calidad en el tratamiento de los casos, lo que convierte a los MASC no en una vía efectiva de justicia alternativa, sino en otro espacio donde se reproduce y amplifica el rezago.

VII. Más allá del cambio de titular: la urgencia de una transformación real
Los resultados de la gestión 2009-2024 evidencian la urgente necesidad de transparentar el plan de persecución penal de la Fiscalía. El incremento sostenido en la carga diaria de trabajo, que pasó de 262 a 422 casos, junto con una cifra negra persistentemente alta, superior al 90%, son indicadores claros de que el modelo actual de gestión ha sido rebasado. La opacidad en los criterios de priorización, reflejada en el tratamiento diferenciado de los delitos y en el uso discrecional de mecanismos como el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, puede resolverse con una apertura sin precedentes de los datos institucionales, para que activistas, ciudadanía y académicos puedan aportar nuevas perspectivas para resolver el problema de justicia que vive la entidad.

La nueva administración tiene la oportunidad de marcar un punto de inflexión al adoptar una política de datos abiertos que incluya el reporte granular de casos pendientes de años anteriores, el establecimiento de indicadores de desempeño verificables y la publicación de criterios claros para la priorización de casos.

Los indicadores analizados en este reporte establecen una línea base contra la cual deberá medirse el desempeño de la administración que está por venir. El deterioro sistemático en la capacidad de resolución de casos, evidenciado en el incremento del rezago general y la baja tasa de judicialización son algunos de los desafíos inmediatos que requerirán más que soluciones administrativas. ¿Cómo garantizar que esta transición no se limite a un cambio de titular sino que represente una transformación profunda en la gestión de la fiscalía? La respuesta podría estar en el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana que permitan establecer metas al principio de la nueva gestión, para luego ser monitoreadas y evaluadas.

Para mejorar la procuración de justicia en Guanajuato es necesario un replanteamiento integral del modelo institucional que priorice la efectividad sobre la eficiencia administrativa, la transparencia sobre la opacidad y la rendición de cuentas sobre la gestión de los números. Es necesario fortalecer las capacidades de investigar delitos más allá de la mera gestión de expedientes. Solo así podrá revertirse la percepción ciudadana negativa y recuperar la confianza en la institución responsable de garantizar el acceso a la justicia.

» Fuente «