APOYOS SOCIALES A MUERTOS Y FANTASMAS
Cada año surgen señalamientos de auditorías no solventadas de pagos a muertos y fantasmas presuntamente inscritas en los programas sociales.

Por Rodolfo Franco
Cumplidos los cien días de gobierno de la presidente con ‘a’ Claudia Sheinbaum, los programas sociales vuelven a ser corazón y eje de la política del actual gobierno de la ‘cuatro t’, en consonancia con los postulados de su líder moral López Obrador.
Sin embargo los apoyos sociales han sido objeto de polémica de luz y sombra, por un lado se menciona ser un acto de justicia social elevado a rango constitucional, por el otro, que serán pasivos financieros del gobierno federal a mediano plazo; que no cuentan con la supervisión adecuada para su entrega, que los ‘cobran’ fantasmas y muertos, que sirven para el desvío de recursos.
La semana pasada publicó Rodrigo Gutiérrez en el portal FrojiMX, que el gobierno de Guerrero encabezado por Evelin Salgado, entregó 3.3 millones de pesos a mil 111 personas que ya fallecieron.
El dato proviene de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la Auditoría de Cumplimiento 2023-A-12000-19-1084-2024, donde destacan las irregularidades en Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guerrero, ocurridas en el año 2023, durante el segundo año de gobierno de la morenista Evelyn Salgado.
La misma utilización facciosa la dio a conocer el pasado 4 de noviembre el portal FrojiMX, exhibiendo al gobierno del Estado de México al entregar 2.5 millones de pesos a más de mil 600 personas que ya estaban muertas.
En la presentación de la tercera entrega del Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2021, se detectaron pagos improcedentes en los programas Sembrando Vida, Pensiones a Adultos Mayores, a Personas con Discapacidad y Producción para el Bienestar, destacando que se efectuaron pagos por 48.7 millones de pesos a 13 mil 730 beneficiarios después de su fecha de defunción. Se otorgaron recursos por 5.6 millones a 347 personas cuyos nombres registrados en el padrón de beneficiarios no concuerdan con la información compulsada con el RENAPO y se realizaron pagos por 3.2 millones a 2 mil 385 personas por concepto de “Pago de marcha” (posible acarreo).
En el mes de noviembre del año 2023, la diputada federal Gabriela Sodi, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, acusó que en el programa para adultos mayores se consideraron recursos para dar apoyos a un millón y medio de beneficiarios que no existen. En su intervención en tribuna la diputada alertó que se trataba de un ‘modus operandi’ implementado para desviar recursos ajenos a la atención de las personas inscritas en el padrón.
Otra denuncia pública la hizo Carlos Urzúa Macías, ex Secretario de Hacienda en la administración de Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los números dados por la presidencia no coinciden con lo que entregan instituciones como el Consejo Nacional de Población (Conapo). Advirtió que dentro de este programa social hay un excedente de hasta 600 mil personas que se encuentran inscritas en el padrón, pero que no se puede justificar su existencia generando de igual manera un gasto de 50 mil millones de pesos, dinero que según Urzúa, se desconoce en dónde pudieron haber quedado.
La danza de anomalías ha sido año con año, la ASF detectó en el 2020, un daño patrimonial de más de 8 millones de pesos porque pagaron la pensión de mil 812 personas fallecidas, es decir, a personas que no estaban empadronadas o hasta pagos duplicados, mientras que en el año 2021 de 3 programas sociales fueron más de 196 millones que hoy en día no se han podido solventar, no se sabe a dónde fue parar el dinero.