RFInforma / Laura Centeno  / Estados Unidos / jueves 31 de octubre del 2024

Redacción.-

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón –2006-2012 –fue sentenciado a treinta y ocho años de prisión en Estados Unidos luego de haber sido hallado culpable por haber servido al cártel de Sinaloa. Entre otros señalamientos, se le acusó de facilitar las operaciones de tráfico de drogas ese grupo criminal hacia Estados Unidos. Todo, a cambio de fuertes cañonazos de dólares.

García Luna –quien se formó en los sótanos del Cisen realizando labores de espionaje –ya compurgó cinco años, por lo que le faltan treinta y tres para cumplir su sentencia. Y se quedará en prisión, a menos que decida convertirse en testigo protegido y colaborar con las autoridades norteamericanas.

Pese a esta sentencia, lo grave es que la red de complicidades de García Luna en México se mantiene intacta, por lo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, plantea la posibilidad de que el llamado policía de Calderón sea extraditado a México junto con su esposa, Cristina Pereyra, para ser juzgados por diversos delitos, entre otros, lavado de dinero y tráfico de influencias.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda sostuvo que, pese a que García Luna está preso y sentenciado en Estados Unidos, el proceso de extradición debe agilizarse previendo la posibilidad de que su situación legal cambie de forma inesperada.

Lo dijo con estas palabras:

“El hecho de que García Luna esté en la cárcel no impide que la Fiscalía promueva su extradición. Debe hacerlo, en mi opinión, porque en cualquier momento puede ocurrir algo que le permita obtener su libertad en Estados Unidos. En caso de que en algún momento sea liberado, García Luna debe ser extraditado por Estados Unidos (a México) para que enfrente los cargos que tiene pendientes con la justicia mexicana”.

Tanto García Luna como su esposa, Cristina Pereyra, tienen todas sus propiedades aseguradas por las autoridades de Florida, en el marco de una demanda presentada por el gobierno de México que involucra bienes por aproximadamente 600 millones de dólares. En territorio mexicano también hay propiedades aseguradas, así como cuentas bancarias millonarias.

“El Gobierno de México –añadió Pablo Gómez –recibió el importe de algunos departamentos que ellos tenían en propiedad por dos millones de dólares”, y destacó la importancia de estos recursos que han sido recuperados por el Estado mexicano.

La esposa de García Luna, de acuerdo con la UIF, fue bloqueada del Sistema Financiero Mexicano, pero luego fue eliminada de la llamada lista negra, dijo Gómez. Sin embargo, afirmó que puede volver a ser incluida en la lista de personas bloqueadas debido a nuevas evidencias –no precisó cuáles — que han surgido a lo largo de las indagaciones. Presuntamente hay datos y evidencias de lavado de dinero. En el caso de García Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y le fueron obsequiadas tres órdenes de aprehensión por ligas con el narcotráfico, corrupción y lavado de dinero.

De hecho, la solicitud de extradición de García Luna fue realizada por la FGR en el año 2020, casi un año después de que el exfuncionario federal cayó en prisión en Texas. Pero extrañamente, en la FGR se extraviaron los documentos con los que se solicitó dicha extradición.

El portal Eme Equis dio seguimiento a este caso. Le solicitó información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces a cargo de Alicia Bárcenas, sin éxito. Luego, la FGR le respondió a la revista lo siguiente:

(Las Fiscalías especializadas) fueron coincidentes en señalar que, derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos, no fue posible localizar expresión documental y/o información que dé cuenta de lo instruido.

El sitio Eme Equis publicó que la FGR, ya a cargo de Alejandro Gertz Manero, se negó inicialmente a dar a conocer la información respecto de la solicitud de extradición de García Luna aduciendo que se trataba de un asunto clasificado.

La revista digital Eme Equis apeló la respuesta de la FGR ante el Instituto Nacional de Transparencia. Como consecuencia, la FGR respondió lo que se citó líneas arriba: que no hallaron información alguna sobre el caso. El medio informativo concluyó, con base en los elementos aportados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR, que la información sobre la solicitud de extradición del exsecretario de Seguridad Pública sí existe, pero se negaron a entregarla.

Con base en este antecedente, llama la atención que Pablo Gómez haya solicitado a la FGR solicitar la extradición de García Luna al gobierno de Estados Unidos, cuando lo primero que se le tiene que exigir al fiscal Gertz Manero es que dé a conocer la solicitud del 2020 que, según aduce la dependencia, se extravió o bien no existe.

La red intocada de García Luna

El 16 de octubre último, Genaro García Luna se convirtió en el exfuncionario de más alto nivel en ser sentenciado en Estados Unidos bajo cargos relacionados con la protección al crimen organizado, en particular, al cártel de Sinaloa.

Las ligas del exsecretario de Seguridad Pública, quien operaba a la Policía Federal y a la Agencia Federal de Investigaciones utilizó el poder y la complicidad con su jefe, el entonces presidente Felipe Calderón, para apoyar al cártel de Sinaloa, entonces una organización muy poderosa que era encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pese a cargar con una sentencia de treinta y ocho años, la red de complicidades de García Luna sigue intacta. Desde el primer día de su juicio, que inició en enero de 2023, la Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer los nombres de otros jefes policiacos que, junto con García Luna, tejieron una red criminal que benefició, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, al cártel de Sinaloa, entonces integrado por “El Chapo” Guzmán, Ignacio “Nacho” Coronel, Ismael “El Mayo” Zambada, Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, entre otros capos emblemáticos.

Entre los cómplices de García Luna siguen intocados por cargos de ligas con el crimen, entre otros, Luis Cárdenas Palominos. Fue uno de los personajes de mayor relevancia. Era mano derecha de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.

Su nombre salió a flote por primera vez en Estados Unidos en una Corte del Distrito de Nueva York por presuntamente aceptar millones de dólares en sobornos a cambio de permitirle al cártel de Sinaloa el trasiego de drogas a gran escala.

Otro hecho que puso a Cárdenas Palominos bajo los reflectores ocurrió en marzo de 2012, cuando en la terminal dos del Aeropuerto Benito Juárez se desató un tiroteo entre dos bandos policiacos en disputa por un botín millonario.

Aquella mañana, un avión de la compañía Aeroméxico arribó a la terminal aérea procedente de Lima, Perú. Traía en la panza una tonelada de cocaína. Los policías, todos ellos miembros de la Policía Federal, entraron en disputa por los pagos que recibirían para brindar protección al cargamento de drogas. Las diferencias no se limaron y todo derivó en un tiroteo.

Los agentes que resultaron heridos dijeron que el otro bando había sido enviado por “su jefe” –Luis Cárdenas Palominos, quien controlaba el movimiento de drogas que, vía aérea, arribaba a la terminal aérea.

Pese a las evidencias y hechos que lo implicaron en el narcotráfico, Luis Cárdenas Palominos fue proceso en México por un caso de tortura, pero nunca por delincuencia organizada.

Cárdenas Palominos también fue señalado directamente en diversos testimonios por el capo Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, así como por Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”. Este último dijo que Cárdenas Palominos era uno de los participantes en reuniones en las que miembros del grupo Beltrán Leyva entregaban dinero en efectivo a cambio de protección.

Actualmente, Cárdenas Palominos se encuentra recluido en el penal de La Palma bajo la acusación de tortura en contra de cuatro personas que fueron señaladas como miembros de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

Otra pieza ligada a García Luna –quien fue asesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –responde al nombre de Ramón Pequeño García.

Pequeño García fungió como jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal entre los años 2009 y 2013, es decir, abarcó parte de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Luego ascendió en el escalafón de la SSP. Lo nombraron jefe de la División de Inteligencia. Permaneció en el cargo hasta el 15 de julio de 2015. Era el encargado de monitorear las cámaras de vigilancia en el penal del Altiplano justo cuando se fugó Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos lo señaló como uno de los pilares en la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna. En el año 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó que se bloquearan sus cuentas bancarias.

Sin embargo, en 2022 un tribunal federal ordenó que sus cuentas fueran desbloqueadas y la decisión fue ratificada nueve meses después. Actualmente Pequeño García es considerado prófugo de la justicia.

En la red García Luna también figura Iván Reyes Arzate, conocido dentro y fuera del hampa como “La Reina”. Llegó a la policía federal como Policía Federal en 2003 y cinco años después asumió la titularidad de la Unidad de Investigaciones Sensibles.

Con el cargo que ostentaba, Reyes Arzate se convirtió en un hombre confiable para Estados Unidos y sus agencias, especialmente la DEA. Pero la corrupción fue su debilidad y causó su caída cuando decidió vender información clave al crimen organizado a cambio de pagos millonarios. Entre sus clientes figuraron los hermanos Beltrán Leyva que, además, tenían “enganchados” a varios altos funcionarios de la extinta PGR, la Interpol y la embajada de Estados Unidos en México.

Reyes Arzate se vio acorralado por las investigaciones y persecuciones. Tanta fue la presión que terminó entregándose a las autoridades de Estados Unidos. Está en Chicago desde 2017. Un año después fue sentenciado en esa ciudad a tres años de prisión por obstrucción a la justicia.

En enero de 2021, cuando estaba por cumplir su pena, recayeron sobre él nuevas acusaciones en Nueva York por sus ligas con el narcotráfico. Actualmente purga una condena de diez años.

Otra veintena de agentes policiacos están dispersos en diversos estados del país. Están operando en las secretarías de Seguridad Pública, en aeropuertos, en empresas de seguridad privada y en tareas de escoltas.

Nadie los molesta. Viven en completa impunidad pese que operaron para su máximo jefe: Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se exigió que la red de García Luna fuera desmantelada. Javier Herrera Valles, el policía de alto rango que se atrevió a denunciar tanto a García Luna como a Felipe Calderón de estar coludidos con el narcotráfico entregó una lista al gobierno con los nombres de los agentes ligados al exsecretario de Seguridad Pública preso y sentenciado en Nueva York.

Dichos agentes ahí seguían y siguen en funciones en distintas dependencias estatales; fueron brazos operativos de García Luna en la etapa en que fue funcionario federal y sirvieron al cártel de Sinaloa. Lo extraño de todo es que a la gran mayoría no los removieron y a otros ni siquiera los enjuiciaron.

Por ello, la red García Luna en México sigue no sólo intocada sino impune.

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