RFInforma / Guerrero / viernes 11 de octubre del 2024

Redacción.-

El crimen organizado, particularmente el cártel de La Familia Michoacana, ya controla más de la mitad del territorio en Guerrero e impone su ley: como sucede en varios municipios del país, desde hace tres meses en al menos tres comunidades de los municipios costeros este grupo criminal implementó un impuesto en alimentos, bebidas y hasta en viviendas.

El terror y este cobro de impuestos ya es una ley criminal impuesta por el narcotráfico en demarcaciones como Petatlán y Zihuatanejo –éste uno de los centros turísticos más importantes de Guerrero –, de acuerdo con reportes de inteligencia y denuncias ciudadanas.

La guerra entre cárteles y la corrupción de autoridades –varias están coludidas con los cárteles que operan en esa entidad –ha cobrado mayor intensidad frente al desgobierno de Claudia Evelyn Salgado.

El pasado 7 de octubre, cuando llevaba seis días en el cargo, fue asesinado el presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Presuntamente acudió a una reunión con el cártel de Los Ardillos, que controla más de 30 por ciento del territorio. A dicho encuentro fue solo, sin escoltas. Luego de que concluyó la reunión, cuando regresaba a sus oficinas, fue levantado, asesinado y decapitado.

Su cabeza fue colocada en el toldo de su camioneta; su cuerpo, en el asiento del copiloto. Estaba cubierto con una sábana.

El edil había pedido protección a las autoridades, pues días antes había sido asesinado el secretario del ayuntamiento –Francisco Gonzalo Garza Tapia –y el jefe policiaco responsable de la seguridad pública, Ulises Hernández Martínez.

Hasta ahora las investigaciones indican que a Alejandro Arcos lo pudieron haber asesinado Los Ardillos ante los desacuerdos que habrían tenido; otra versión que circula es que un grupo contrario lo mató en venganza porque no quiso pactar con ellos. En guerrero operan cinco cárteles de la droga: Los Ardillos, Beltrán Leyva, Familia Michoacana, Los Rojos, Guerreros Unidos, Cártel del Sur y Los Tequileros. Todos son temibles y sanguinarios y tienen el control territorial en Guerrero.

En Guerrero, el narcotráfico –la modalidad más violenta del crimen organizado –no sólo asesina y desaparece: también decapita, cobra piso, amenaza a alcaldes y exige cuotas, obra pública y protección por parte de las policías municipales para mantener sus negocios ilegales.

Las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Claudia Evelin Salgado, nada pueden hacer y, por ello, unos doce alcaldes del estado acusan que son amenazados de muerte por parte de dos grupos criminales: Los Tlacos y La Familia Michoacana, cárteles que se disputan el control de la región conocida como Tierra Caliente, una de las más violentas.

Hace tres meses, el crimen organizado amenazó a varios alcaldes que aún despachaban como munícipes. Actualmente son exalcaldes porque terminaron sus respectivos periodos de gobierno.

Las denuncias interpuestas dan cuenta que los alcaldes amenazados por el crimen organizado responden a los nombres de Norma Otilia Hernández (Chilpancingo), de Morena; Mario Figueroa Mundo (Taxco), de Fuerza por México; David Gama Pérez (Iguala), del PRI; Diana Carolina Costilla Villanueva (PRI), de Juan R. Escudero; Fredy Vázquez Palacios (PRD), de San Miguel Totolapan; Eusebio Echeverría (PRD), Coyuca de Catalán; Bulmaro Torres Berrum (PRI), de Arcelia; Cuauhtémoc Mastachi (PRI), de Pungarabato; Mayté Arce Jaimez (PRI), de Cutzamala; José Luis Antúnez Goicoechea (PRI), de Tlapehuala; Hugo Vega Hernández (PRI), de Ajuchitánn del Progreso, así como Tania Mara (Morena), de Tlapa.

Con base en sus respectivos testimonios y en las investigaciones que realizan las autoridades de Guerrero, estos ediles están bajo amenaza del cártel de Los Tlacos y de la Familia Michoacana. Los primeros aseguran que los alcaldes se alinearon con el grupo contrario y les otorgan privilegios. Esto ha desatado la violencia y las amenazas de muerte.

En el municipio de Taxco, por ejemplo, la violencia criminal se ha recrudecido: cinco policías fueron declarados como desaparecidos una semana después de que nada se supo de su paradero. Ellos son los agentes Mariano Aranda Martínez, Gerónimo Gómez Alvarado, Eusebio Hilario Martínez , Gabriel Ocampo y Celso Adrián Marquina. Fueron privados de la libertad el 21 de junio último. Lo extraño es que las autoridades difundieron las fichas de búsqueda ocho días después de sus respectivas desapariciones, que atribuyen al crimen organizado.

En el caso de Iguala, las amenazas contra el alcalde, según el mismo edil ha denunciado, comenzaron un día antes de que tomara protesta, el 30 de septiembre de 2021; ese día –declaró él –halló afuera de su casa un vehículo. En su interior había cuatro cadáveres. La señal era inconfundible: pretendían matarlo. Hasta ahora la ha librado.

La disputa por Guerrero se agudizó tras el arribo al poder de la gobernadora Claudia Evelin Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio –, hace poco más de un año; fue entonces cuando la guerra entre los grupos criminales –seis en total –escaló fuerte en todo el estado y continúa sin que ninguna autoridad ponga orden en ese codiciado territorio del Pacífico mexicano.

Territorio codiciado por los varones de la droga, Guerrero ahora está tomado por más de cuatrocientas organizaciones criminales, de acuerdo con informes de la DEA –la agencia antidrogas norteamericana –la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC).

Se trata de grupos poderosos como el cártel de Sinaloa, Jalisco, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero también células delictivas tan perniciosas y violentas como Los Ardillos, el cártel de la Sierra del Sur, La Familia Michocacana, entre otros.

Pero lo que convierte a Guerrero en un estado violento es que en cada uno de sus municipios y agencias municipales operan grupos criminales conformados por familias que se dedican al secuestro, cobro de piso, trata de personas, venta de protección y que, además, están ligados con ramajes criminales que, a su vez, tienen protección política: son familiares o cómplices de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y de los comandantes de las policías locales, quienes fungen a la par como jefes de plaza de algún grupo delictivo.

Son estos jefes policiacos los que se encargan, en muchos casos, de las ejecuciones o desaparición de personas por órdenes de los cárteles; ellos mismos realizan las detenciones y luego entregan a las personas a los grupos contrarios para los que trabajan para ser ejecutados.

De esta forma, el cambio de gobierno en Guerrero de poco sirvió: Evelyn Salgado, la gobernadora, sigue las indicaciones de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2004 fue ligado al cártel de Sinaloa cuando fungió como alcalde de Acapulco.

En Guerrero todo huele a delito. Y es que en los hechos la ley no existe, por ello ocurren de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel; los cárteles que se disputan el territorio son “Guerreros Unidos”, “Los Rojos”, Los Ardillos” –éste con amplias ramificaciones políticas –, la célula Beltrán Leyva, Cártel de Jalisco y Sinaloa.

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Guerrero operan, además, unas 450 ramificaciones criminales que están relacionadas con autoridades municipales: alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y hasta con jefes policiacos, éstos últimos sirven como brazos armados de los grupos criminales.

El cártel de Los Ardillos, por ejemplo, uno de los más violentos y temidos, está encabezado por los hermanos Ortega Jiménez: Celso, Antonio, Iván y Bernardo. Éste último es diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.

El cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controlan grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en Guerrero ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policiacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades sino para entregarlos a los cárteles enemigos para que sean interrogados y asesinados.

Entidad sin ley

Con una decena de cárteles en guerra por el control territorial, el estado de Guerrero es la cuarta entidad más violenta del país. Las autoridades estatales están rebasadas ante la ola criminal que azota al estado. Los cárteles siembran terror y ninguna autoridad pone freno al crimen organizado.

En esa entidad del Pacífico –clave en el turismo pero también en el narcotráfico –han arribado grupos criminales como el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Pero la entidad es la que más cárteles tiene. De acuerdo con informes oficiales, en ese territorio que a partir del 15 de octubre de 2021 gobierna Evelyn Salgado –hija de José Félix Salgado Macedonio –operan unas 450 grupos delictivos.

En la mayor parte del territorio, dichos grupos criminales están encabezados por alcaldes, síndicos, regidores y comandantes de las policías estatales y municipales que han convertido la labor política y criminal en un verdadero negocio.

El caso más alarmante es el del cártel de “Los Ardillos”, cuyos miembros gobiernan municipios, tienen el control en comunidades rurales y rancherías, pero también controlan el Congreso local.

Este grupo controla más del 30 por ciento de los municipios, cuyos alcaldes pertenecen a ese grupo criminal: disponen del presupuesto de los ayuntamientos, tienen acaparada la obra pública y de las policías municipales. Todo está a su servicio y en esos territorios sólo impera una ley. La del gatillo.

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