RFInforma / Guerrero / martes 8 de octubre del 2024

Redacción.-

El Gobierno sigue de cerca el estallido de violencia en diversos estados y que obliga a medidas urgentes. En la Secretaría de la Defensa comienza a instalarse la teoría de que detrás del crimen del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, estaría la disputa entre bandas rivales que buscan controlar el centro de Guerrero y que en los últimos días se asociaron con las dos facciones del Cártel de Sinaloa que hace más de un mes conmocionan el día a día de la entidad del Pacífico.

El drama de Sinaloa, lentamente se desborda hacia otras geografías. Según entienden cerca del general Ricardo Trevilla, aparecen vasos comunicantes tanto en Chiapas como en Nuevo León, entidades que atraviesas picos de violencia.

En el caso de Chilpancingo el diagnóstico es consensuado: Arcos tendría algún tipo de vinculación tanto con los grupos de «Los Tlacos» como con «Los Ardillos». Estas relaciones se habrían gestado a través de la exalcaldesa Norma Otilia Hernández y del exgobernador Héctor Astudillo. El equilibrio estalló por el conflicto en Sinaloa y de ahí el trágico final de Arcos, que, según se dice por estas horas en Palacio Nacional, a pesar de tener una nutrida escolta, se dirigió a su última cita en soledad absoluta. Por esto último el mensaje de Claudia Sheinbaum de este lunes por la mañana fue muy mesurado.

El entramado de políticos opositores en la narcoviolencia de Chilpancingo, ligados al PRI y al PRD, es el argumento que la gobernadora Evelyn Salgado utilizará para operar la designación del nuevo alcalde la capital estatal, que aprobará el Congreso morenista.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch, por su parte, comienza a desplegar su estrategia. Este lunes designó un funcionario de su confianza en Pemex para combatir el robo de combustibles en la empresa estatal.

En paralelo, la Fiscalía General detuvo en la Ciudad de México a Araceli Ciriaco Arroyo, integrante de un sindicato de la industria de la construcción que presuntamente lavó más de 348 millones de pesos en 100 empresas «fachada».

Esta es una señal premonitoria de lo que viene: golpes muy precisos a las cadenas empresariales que tiene su origen en el crimen organizado. La trama expone además a dos bancos, Afirme y Banorte, que suelen tener inconvenientes al momento de la detección de la legalidad de los recursos que resguardan.

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