RFInforma /Veracruz / sábado 14 de septiembre del 2024

Redacción.-

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (PGR) confirmaron que investigan a Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y exsubsecretario de Seguridad Pública por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias durante su paso por la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).

El político veracruzano –quien ha construido su feudo económico y político en Veracruz, principalmente en los municipios de Veracruz (puerto) y Boca del Río, fue director del ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón. También se acusa a Yunes de desvío de recursos, tráfico de influencias, compra fraudulenta de medicamentos y malversación de fondos públicos; además de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Involucrado en escándalos de corrupción, Yunes Linares fue acusado por la periodista Lydia Cacho se formar parte de un clan de pederastia junto con Mario Marín, exgobernador de Puebla actualmente detenido en Cancún, Quintana Roo; Jean Succar Kuri, empresario de origen libanés también encarcelado por abuso sexual en contra de menores y Kamel Nacif, el llamado Rey de la Mezclilla, quien está detenido en El Líbano por estar implicado en la cofradía de pederastas denunciados por la periodista en su libro “Los Demonios del Edén”, un éxito editorial aún vigente. De acuerdo con esa investigación periodística, en el grupo también figuraba el político yucateco Emilio Gamboa Patrón –exsenador de la República y exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari – que ha protagonizado escándalos por presuntos actos de corrupción y presuntas ligas con el cártel del Golfo.

Yunes Linares fue gobernador de Veracruz de 2016 a 2018. En ese bienio, se asegura, permitió que el cártel de Jalisco Nueva Generación se asentara en esa entidad, causando una guerra abierta con el cártel de Los Zetas, que presuntamente arribaron a ese territorio en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz de 2005 a 2011.

Alrededor de Yunes Linares se han tejido historias que lo mismo lo ligan con la corrupción que con el narcotráfico; sin embargo, el político veracruzano nunca ha sido enjuiciado y menos encarcelado por los presuntos delitos que ha cometido. El gobierno de la Cuarta Transformación, sin embargo, se apresta a llevarlo a juicio y acabar con la impunidad que por años lo ha cobijado.

Cuando fungió como gobernador de Veracruz el estado fue copado por desapariciones derivadas de los enfrentamientos entre cárteles. Pese a que había despachado como subsecretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Vicente Fox, Yunes se mostró omiso ante el crimen. Los dejó operar a lo largo y ancho del estado.

Cuando fue candidato a la gubernatura, mostró interés por el tema de los desaparecidos, pero de acuerdo con Lucy Henao, activista y directora del grupo Solecito –un organismo dedicado a la búsqueda de desaparecidos en Veracruz –después de ganar las elecciones “jamás nos volteó a ver, nunca nos recibió y se desentendió de nuestra causa».

–¿A qué atribuye usted ese desdén de Yunes Linares por el tema de los desaparecidos? –se le pregunta.

–Su principal objetivo fue trabajar para construir la candidatura de su hijo al gobierno de Veracruz, lo demás no le importó. El bienio de Yunes fue una extensión del gobierno de Duarte. Fue un gobierno represivo. Nunca atendió los casos de las desapariciones, por el contrario, luego nos amenazaron de muerte por exigir justicia. Todo esto fue asfixiante”.

La señora Henao se involucró en la lucha de los desaparecidos después de superar una tragedia: el secuestro y desaparición de su hijo Luis Guillermo, ocurrido en 2013. Junto con otras madres que enfrentaban el mismo drama y dolor, fundaron la agrupación Solecito, dedicada a la búsqueda de desaparecidos ante la omisión gubernamental.

-Cuénteme qué les prometió Yunes y por qué no cumplió su ofrecimiento?

-Al principio estaba muy interesado. Como le dije, era candidato a la gubernatura. Después sólo tuvimos una o dos reuniones con los fiscales, incluso con el propio gobernador, y después jamás nos volvió atender. El trabajo que hicieron con los casos fue muy desaseado, un verdadero desastre. Y como nosotras insistíamos en que las investigaciones siguieran y avanzaran el gobernador recurrió a la amenaza directa. Yo fui víctima de muchas amenazas a través de las redes sociales y por esa razón tuve que abandonar el país durante un tiempo.

La activista recuerda que, cuando Yunes Linares asumió la gubernatura en 2016, en Veracruz había un reporte de 3 mil 600 casos de desaparecidos, todos con denuncia formal. La lista era aún más abundante por los casos que no estaban denunciados, pero nunca tuvimos acceso a la información real. Durante el gobierno panista se sumaron más casos y no fueron pocos, pero la información se ocultó. Los responsables eran criminales y policías.

– ¿Por qué les negaron el acceso a la información sobre los desaparecidos que se sumaron en el gobierno de Yunes Linares? –se le pregunta a la activista.

-Fue un tema que se ocultó por cuestiones políticas. En ese gobierno la información se convirtió en un agujero negro. Javier Duarte fue un asesino, pero Yunes ni siquiera atendió los casos y lo peor es que orquestó en nuestra contra una campaña sucia, muy a su estilo. Para ello utilizó los servicios de Carlos Loret de Mola y de Ciro Gómez Leyva, gatilleros del poder en los medios de comunicación. Les pagaba y creo que muy bien para que nos desacreditaran. En esa labor también utilizó con mucha perversidad a Mari José Gamboa, cuya labor era dispersar a los colectivos, dividirlos y confrontarlos.

En el año 2016, cuando Miguel Ángel Yunes asumió la gubernatura de Veracruz, el colectivo Solecito –conformado por mujeres, madres todas que buscaban afanosamente a sus hijos desaparecidos por el crimen organizado y las policías –habían descubierto un fosario en Colinas de Santa Fe, un territorio cercano al puerto de Veracruz que estuvo dominado por Los Zetas durante el gobierno de Fidel Herrera.

En las inmediaciones de Santa Fe está el pueblo de Villarín, feudo de Los Zetas, donde Efraín Teodoro Torres –El Z-14– organizaba carreras de caballos a la que se daban citas políticas, empresarios, policías, narcotraficantes y sicarios.

En el año 2007, ahí se dieron cita capos del narcotráfico para celebrar algunas carreras de caballos. Los Zetas, encabezados por el Z-14, protegido del régimen, tenía sus caballerizas, casas de seguridad, entrenadores y albercas para entrenar a los equinos. En ese tiempo el amo y señor del narcotráfico era Francisco Colorado Cessa, conocido como “Pancho Colorado”, financiero de varios políticos y lavador de dinero de ese grupo criminal. Oriundo de Tuxpan, Veracruz, Colorado murió en una cárcel de Estados Unidos donde purgaba una sentencia de veinte años por blanqueo de activos mediante la compra de caballos pura sangre.

En 2007, una de las carreras celebradas en Villarín con permiso oficial del ayuntamiento de Veracruz terminó en balacera y en una verdadera masacre. Ahí fue asesinado Efraín Teodoro Torres, miembro del principal escalafón de Los Zetas fundados en 1997 por el cártel del Golfo, entonces comandado por Osiel Cárdenas. El jefe de Los Zetas en ese tiempo era Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, un militar que solía arribar a su natal Hidalgo en un helicóptero que aterrizaba en la zona militar de la ciudad de Pachuca.

Precisamente muy cerca de Villarín, donde Los Zetas realizaban sus justas, los colectivos, entre ellos Solecito, descubrieron varias fosas clandestinas con restos humanos. En total encontraron 156 con 302 cuerpos desmembrados. Ahí se hallaban los restos de personajes de la delincuencia, rivales de Los Zetas, pero también personas inocentes que fueron secuestradas y nunca aparecieron.

Con base en declaraciones de testigos y miembros de la delincuencia organizada, el gobierno de Yunes ubicó otra fosa, ésta en la comunidad de Arbolillo –localizado en la carretera que va hacia el municipio de Alvarado y muy cerca de la narco-pista de Tlalixcoyan donde en noviembre de 1991 se enfrentaron agentes federales y militares tras el aterrizaje de un avión con droga– donde se encontraron 200 cuerpos, todos descuartizados, huesos, ropa, celulares y otros objetos de las víctimas.

Para la activista Lucy Henao, este hallazgo significaba una esperanza de saber qué había pasado con nuestros hijos, pero el gobierno de Yunes Linares nos impidió acudir al sitio. Los trabajos de rescate de cuerpos y restos tardaron un mes, pero luego nos dimos cuenta que no cuidaron la calidad en las exhumaciones, hubo demasiado desaseo e irresponsabilidad.

– ¿Puede detallar por qué fue desaseado ese trabajo y qué pasó después?

-Según el gobierno, exhumaron todos los cuerpos y restos, pero cuando por fin nos permitieron ir al sitio descubrimos que en las fosas dejaron unos tres mil huesos, luego se hallaron otros mil, con lo que sumaron cuatro mil o más. Cuando acudimos a la fosa de Arbolillo a seguir con la búsqueda hallamos cuarenta y cinco cuerpos más que no exhumaron las autoridades. También nos enteramos que los restos los metieron en bolsas y los abandonaron en el patio de una facultad de la Universidad Veracruzana. Los vecinos protestaron debido al mal olor que despedían aquellas bolsas repletas de osamentas. El trabajo forense fue un desastre. Todo esto ha impedido identificar a las víctimas. A muchas familias les han entregado los restos de sus familiares desaparecidos, pero en realidad lo que les han dado son un cúmulo de huesos que forman parte de cientos de otros restos. Todo está revuelto, nadie sabe si realmente lo que han recibido son sus verdaderos familiares. Había muchos huesos porosos, deshechos por el paso del tiempo y por el salitre. Imposible obtener ADN para realizar estudios veraces.

– ¿Pudieron hablar con el gobernador sobre estas omisiones tan graves?

-No. Las víctimas de Veracruz fuimos las más abandonadas. Yunes es un hombre muy perverso. En mi caso personal tuve que salir del país por sus amenazas de muerte. Mi esposo me compró el boleto y me dijo: Vete, esto huele muy mal. Ya tuvimos bastante con la desaparición de nuestro hijo. A Rosalía Castro, quien dirige junto conmigo el colectivo Solecito, también la amenazaron de manera directa. Pagaron una campaña en redes sociales para desprestigiarnos. En pocas palabras, con Yunes vivimos una pesadilla. Le dicen “El Demonio Azul” (por ser panista), pero para mí sólo es el demonio. Jamás nos quiso recibir.

“Con Yunes hubo dos años de oscurantismo en el tema de los desaparecidos. Si todo el trabajo forense hubiera sido profesional habría sido posible la identificación de las víctimas. Pero como he dicho: el tema de los desaparecidos sólo se utilizó con fines electorales. Yunes jamás tuvo voluntad para llevar a cabo las investigaciones pertinentes e identificar a las víctimas. La misma postura mostró su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando fue candidato del PAN. Esta persona es igual que el padre: siempre mostró un rechazo tremendo al tema. Se le veía su rostro descompuesto e inconforme cuando se abordaba la tragedia en los eventos de campaña. Esa indiferencia con el dolor y con todo lo humano fue la causa de su derrota. Era claro que su ambición sólo era el poder. Así es el padre y así son los hijos. Es la estirpe de la corrupción”.

Luego se adentra a lo más profundo de su dolor: la desaparición de su hijo, Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en 2013. Cuenta: “Él era empresario. Tenía un negocio de eventos. Organizaba banquetes, pistas, adquiría muebles y le iba muy bien económicamente. Vivía de su trabajo. Sus ganancias las reinvertía. Su interés era seguir creciendo. Cuando se dieron cuenta que ganaba muy bien, el crimen lo empezó a extorsionar. Llegó a pagar hasta cuarenta mil pesos mensuales para que no lo molestaran. Tenía 28 años cuando lo secuestraron. Para lograr su rescate pagamos una suma cuantiosa, entregamos una motocicleta y una camioneta. Nunca lo liberaron ni supimos más de él”.

-Las investigaciones que se realizaron ¿Han arrojado algunas pistas de los posibles autores de su secuestro y desaparición? –se le inquiere.

-Nada aún. Por nuestra cuenta hemos obtenido algunos datos. Sabemos que los vehículos se vendieron y sabemos quiénes lo hicieron, pero las autoridades nos dicen que a esas personas no las encuentran. También sabemos que los empleados de mi hijo participaron. Ellos están detrás de este caso, pero tampoco han detenido a nadie. No hay indiciados ni detenidos. La impunidad es total en este caso y en todos. Una de las peores cosas que descubrimos es que el gobierno de Yunes se quedó con todo el dinero que destinaba la Federación para las investigaciones de los desaparecidos. Hubo mucha corrupción. Los recursos los desviaron para la campaña del PAN. Como he dicho, Yunes estaba obsesionado con la candidatura de su hijo. La prueba irrefutable de esa atroz corrupción es que el fiscal General del estado que dejó Yunes está prófugo; también los fiscales anticorrupción y el fiscal responsable de atender los casos de los desaparecidos.

-Usted afirma que se fue del país un tiempo por las amenazas que ordenó Yunes en su contra para acallarla. ¿Cuándo regresó y qué hizo que usted regresara a México?

-Regresé cuando supe que el hijo de Yunes Linares había perdido las elecciones, en 2018. Me dio mucho gusto saber que habían perdido porque de otro modo no hubiera regresado. Yo sabía que iban a perder la gubernatura.

– ¿Cómo lo supo?

-Porque las agresiones y amenazas aumentaron contra mi y mis compañeros del colectivo. Ese fue el signo más claro de que estaban desesperados y que iban perdiendo.

-El gobierno de la Cuarta Transformación ha iniciado una investigación en contra de Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito, fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Qué espera usted de esta indagación?

-Que Yunes pague todo lo que ha hecho. Que pague por los desaparecidos que hubo en su gobierno, por la protección que dio a la delincuencia y por la impunidad que otorgó al crimen al no investigar los miles de casos de personas desaparecidas. El sólo utilizó el tema para ser gobernador y luego, como dije, nos dio la espalda. Es un hombre sin principios, sin humanismo que no merece ningún respeto. Creo que el mejor lugar donde debe estar es en la cárcel. Yunes le ha causado mucho daño a Veracruz y sus dos hijos son una copia exacta de lo que él es como padre y como ser humano.

PILOTO DE YUNES, EN EL NARCO

Dos pilotos de área de Servicios Aéreos de Veracruz –Esdras Morales y José Luis Crisanto – están desaparecidos luego de que, a principios de la administración de Yunes Linares como gobernador, desatendieron un llamado de Manuel Muñoz Ganem, operador financiero de Yunes, para realizar un vuelo urgente a la Ciudad de México.

El primero era director de Servicios Aéreos de Veracruz, con sede en el Aeropuerto “El Encero”; el segundo fungió como subdirector de Ingeniería y Compras en esa misma área durante los primeros 49 días del gobierno de Yunes Linares.

Morales y Crisanto, así como el piloto Andrés Vargas, estaban a cargo del avión King Air 90, propiedad del empresario Rodrigo Campos, concesionario de la empresa Comex en Veracruz, el cual Yunes Linares utilizó durante su precampaña y su campaña política, en abril de 2016.

En esa fecha los pilotos organizaron una fiesta en el puerto de Veracruz, en la cual hubo de todo: alcohol, mujeres y cocaína. Tan desvelados estaban que no pudieron atender el llamado del encolerizado Muñoz Ganem, a quien le urgía trasladarse a la Ciudad de México. Cuando Morales y Crisanto se reportaron fueron despedidos por el hombre encargado de las finanzas personales de Yunes Linares. Desde entonces están desaparecidos.

Pero eso no es todo: durante la precampaña y la campaña oficial de Yunes a la gubernatura y hasta los primeros 49 días de su gestión como gobernador, los pilotos del King Air 90 fueron comisionados para realizar vuelos a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y otros países de Centroamérica, supuestamente con un objetivo específico: rastrear propiedades del exgobernador Javier Duarte de Ochoa y de sus socios Vicente Benítez González, quien fue diputado local y presunto artífice del esquema de las empresas fantasmas mediante las cuales Duarte desvió dinero público a cuentas privadas dentro y fuera de México.

En ese momento, Yunes Linares tenía la mira puesta en Benítez González, quien es señalado de amasar una fortuna descomunal y de tener propiedades millonarias en Costa Rica, de donde es oriunda su esposa. Pese a las evidencias, Yunes lo perdonó a cambio de la información que le aportó sobre las maniobras de Duarte para usar el dinero público con fines personales. Por eso a Benítez le llaman desde entonces “el traidor”.

El caso es que durante el primer cuatrimestre de 2016 y los primeros días del gobierno de Yunes Linares, el capitán Morales cubrió esa ruta centroamericana con el avión que Rodrigo Campos le prestó al entonces candidato de la coalición PAN-PRD.

Sin embargo, en el equipo de pilotos había un tercer elemento, quien resultaría explosivo: Andrés Vargas, un copiloto que acompañaba a Morales en los viajes de Yunes Linares a distintos puntos del país y a Estados Unidos. Vargas se incorporó a la tripulación para cubrir el protocolo de seguridad. Era mejor volar con dos pilotos que con uno solo.

De acuerdo con datos consultados y algunos planes de vuelo realizados, Morales y Vargas trasladaron a Yunes Linares a diversas localidades veracruzanas, así como Houston y otros destinos.

Sin embargo, el destino personal del piloto de Yunes Linares fue trágico. El 12 de junio del 2018 fue detenido en Zulia, Venezuela, cuando el avión que tripulaba –uno similar al King Air 90 –se desplomó en esa región después de que presuntamente entregó un cargamento de droga. Esa zona venezolana colindante con Colombia es conocida por el intenso trasiego de droga y el asentamiento de cárteles.

Según las pesquisas de las autoridades venezolanas y con base en el expediente del caso, Vargas y otro piloto –Héctor Jabes Rincón Torres –están relacionados con el cártel de Sinaloa, cuya presencia en Venezuela y Colombia ha crecido en forma exponencial y hoy controlan gran parte del movimiento de droga hacia México y Estados Unidos.

Tras el accidente aéreo, las autoridades venezolanas acudieron al lugar del siniestro, la finca “Mis Amores”, ubicada en el municipio de Barat, al oeste de Zulia.

Las autoridades venezolanas confirmaron que la aeronave partió de México. Las hipótesis sostienen que llevó dinero en efectivo y que arribó –hasta los límites con Colombia para transportar algún cargamento de droga cuyo destino se desconoce.

Tanto el piloto de Yunes como el acompañante de Vargas –Jabes Rincón –fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades venezolanas, donde se les acusa de narcotráfico y de formar parte del cártel de Sinaloa, la organización criminal que actualmente encabeza Ismael “El Mayo” Zambada.

El general Néstor Riverol Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela informó sobre el hallazgo y aseguramiento de la aeronave y afirmó que se trata de un avión dedicado a tareas de narcotráfico que se estrelló en una zona de árboles y sufrió averías en su estructura.

Tras el incidente, los pilotos intentaron huir, pero fueron capturados cuando atravesaban por una pista no autorizada.

“Se activó el Sistema Interconectado Tierra-Aire, que se practica en caso de aeronaves sospechosas. Seguiremos combatiendo el tráfico de drogas ilícitas por tierra, mar y aire”, dijo el militar venezolano.

Richard López Vargas, comandante de la Guardia Nacional, indicó que la aeronave averiada “posee las características de las que son utilizadas en el tráfico de drogas y tras las declaraciones de los sujetos detenidos se conoció que guardan relación con el cártel de Sinaloa”, una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al narcotráfico internacional desde México.

Ambos pilotos, añadió el funcionario venezolano, fueron identificados por sus pasaportes y otros documentos.

De acuerdo con el expediente del caso, la matrícula de la avioneta Beechcraft King Aire 90 siniestrada fue alterada. La que portaba –N3695W –es de origen norteamericano y estaba sobrepuesta con el fin de despistar a las autoridades respecto de la verdadera procedencia de la aeronave.

Según se desprende de la investigación sobre el historial de los pilotos, los planes de vuelo y el propietario del aparato –aún en curso –la aeronave pertenece a la empresa Jetnet LLC Trustee. Había salido de México hacia la provincia de Zulia, donde operan varios cárteles que son los principales abastecedores de la droga que entra por México hacia Estados Unidos.

La noticia sobre el siniestro de la aeronave y la captura del piloto de Yunes tuvo poca difusión en México. Algunos medios como “El Universal” publicaron la noticia el 12 de junio de 2018, pero no mencionaron los antecedentes de los pilotos capturados, quienes fueron relacionados directamente como operadores del cártel de Sinaloa.

YUNES, BAJO LA MIRA DE FGR

Las investigaciones por corrupción, tráfico de influencias, presuntamente narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se conocían desde hace por lo menos dos años a nivel federal, pero en Veracruz sus nexos con personajes del hampa son públicos:

En 1997, por ejemplo, el político veracruzano fungió como secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos. Como el entonces mandatario se la pasaba desconectado de la realidad –enfrentaba un problema de alcoholismo crónico –Yunes gobernaba en la entidad a sus anchas. Desde esa posición ejerció la represión hasta más no poder: acosó a líderes de oposición, principalmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD); amenazó a periodistas que criticaban sus acciones, pero respecto de la seguridad en el estado nada hizo porque la violencia tanto del crimen organizado como de la delincuencia común campearon por doquier.

Durante el proceso electoral de ese año, el PRI sufrió una debacle histórica frente al Partido Acción Nacional (PAN) al perder la mayoría de los municipios. Más tarde esa derrota sería un elemento de sospecha contra Yunes, pues ese partido lo cobijó cuando renunció al PRI tras confrontarse con Roberto Madrazo y la maestra Elba Esther Gordillo, entonces su protectora política.

En 1992, un dato colocó a Yunes Linares frente a los reflectores. En ese tiempo el PRI lanzó como candidato a la gubernatura a Patricio Chirinos, el amigo de Carlos Salinas de Gortari. Yunes se convirtió en dirigente estatal del PRI. A nivel nacional, ese partido creó los llamados Comités de Financiamiento para fondear dinero y cubrir gastos de campañas de sus candidatos pasando la charola a los empresarios más acaudalados del país. Esa metodología de recaudación la echó andar Miguel Alemán Velazco cuando fue titular de finanzas del Comité Directivo Nacional del PRI. En Veracruz Yunes hizo lo propio y se enlistó a varios empresarios locales que aceptaron contribuir con el partido en el poder. Esa fue una forma de volverse impunes.

En aquella lista de empresarios veracruzanos armada por Yunes figuraba un personaje de infausta memoria: Arturo Izquierdo Hebrard, un prominente ganadero de Náutla, Veracruz, que fue socio del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien conoció como parte del equipo cercano de Leopoldo Sánchez Celis, exgobernador de Sinaloa, a quien a finales de los años sesenta lo vincularon con el tráfico de drogas. Se asegura que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue informado de los turbios negocios de Sánchez Celis, pero no hizo nada para enjuiciarlo. Y sobre el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos siempre lo justificaba afirmando: “Si somos un trampolín hacia Estados Unidos es porque del otro lado está la alberca”.

Izquierdo Hebrard y Félix Gallardo tienen historia: operaban, en Náutla, el rancho “El Camino Real”, un predio fastuoso con pista de aterrizaje a donde arribaban figuras de la farándula, empresarios y narcotraficantes. Ahí se realizaban fiestas y orgías interminables. Sin límites el alcohol, el sexo y la lo que hizo José González y González –autor del célebre libro “Lo Negro del Negro Durazo — “cuando se encendían las luces de la pista todo se iluminaba como si fuera de día”.

CUANDO PATRICIO CHIRINOS FUE LANZADO COMO CANDIDATO

Arturo Durazo Moreno, el temible jefe de la policía de la Ciudad de México en el sexenio de José López Portillo –acusado de narcotráfico en Estados Unidos y de ser uno de los hombres más corruptos de la historia –fue cuñado de Arturo Izquierdo y de su hermano Hugo. Graciela Izquierda, hermana de Arturo y Hugo, estuvo casada con el jefe policiaco, quien lo mismo consumía cocaína que traficaba con drogas a gran escala.

No es todo: El empresario Francisco Colorado Cessa –quien murió en 2018 en una prisión de Texas cuando purgaba una condena de veinte años por lavado de dinero y vínculos con los hermanos Treviño Morales, operadores del cártel de Los Zetas –declaró en prisión que tuvo confrontaciones con Miguel Ángel Yunes porque “me negué a financiarle sus campañas políticas”. Yunes negó haber tenido vínculos con el famoso “Pancho Colorado”, dueño de la empresa ADT Petroservicios, pero sí estuvo muy cerca del hermano de éste –Miguel Ángel Colorado Cessa –a quien le otorgó la notaría número 2 con sede en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Además, Colorado Cessa (Miguel) fue candidato el PAN a diputado federal en 2009 por una zona que entonces abarcaba los municipios de Poza Rica, Castillo de Teayo, Coatzintla y Tihuatlán –todos controlados por el crimen organizado – y su principal respaldo en los mítines de campaña fue precisamente Yunes Linares, quien entonces fungía como diputado federal. En ese tiempo, la familia Colorado le facilitó un avión a Josefina Vázquez Mota, candidata panista a la presidencia de la República en 2012.

En la red de vínculos de los Colorado Cessa también fue implicado el exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Tanto en redes como en los diarios veracruzanos existen fotografías de una cabalgata en la que se observa a Pancho Colorado montando un caballo fino y a Herrera muy cerca del empresario ataviado con un impermeable amarillo. Sin embargo, el exgobernador negó ser amigo del empresario tuxpeño, también rechazó haber recibido financiamiento para su campaña, como lo declaró un testigo en Estados Unidos, quien nunca mencionó el nombre del político presuntamente beneficiado con las aportaciones millonarias de Colorado Cessa.

La historia sobre los vínculos sospechosos de Yunes Linares salió a flote porque la FGR dio a conocer que lo investiga por un fraude millonario cuando fue director del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón; también lo indaga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera que ha rastreado los movimientos de dinero de la familia Yunes.

Pero otros datos consultados sostienen que las presuntas irregularidades en el ISSSTE se detectaron en 2011. En ese tiempo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto quebranto patrimonial en esa institución por 67.3 millones de pesos. El daño patrimonial se cometió durante la gestión de Yunes Linares. Según la investigación realizada por la dependencia federal, en aquel entonces personal del ISSSTE adquirió de manera injustificada 200 mil botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31 mil 265 fueron donados de manera indebida a los sindicatos Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), así como a servidores públicos y algunos derechohabientes.

Según la SFP, la compra se llevó a cabo sin el respaldo correspondiente. Expuso: “No existió justificación en el número adquirido de botiquines ni respecto al criterio tomado para determinar el contenido. Aparte de no cumplir con la normatividad, el objeto social de las tres empresas que participaron en la licitación no era la compra, venta y comercialización de botiquines. No fue todo: La empresa proveedora –Betensky S. A DE C.V. –dio como domicilio fiscal una dirección falsa.

En esa larga cadena de presuntos actos de corrupción, la SFP vinculó al exsecretario de área “B” de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica, Miguel Iván Hernández Gutiérrez, quien fue destituido e inhabilitado el 19 de agosto de 2011 por diez años para ocupar algún cargo en el Servicio Público Federal. Además, se le impuso una multa de 39.1 millones de pesos. También se interpuso una denuncia penal en su contra ante el entonces, Procuraduría General de la República.

Desde entonces existen datos y evidencias muy claras de la corrupción que prohijó Yunes Linares en el ISSSTE, pero las investigaciones fueron extrañamente frenadas y se retomaron, ahora sí con mayor celeridad, en 2018, poco después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión.

Sin embargo, desde que Yunes dejó la gubernatura de Veracruz, en diciembre de 2018, la prensa veracruzana difundió notas informativas y comentarios en columnas políticas respecto de la posible orden de aprehensión que habría girado un juez federal en contra de Miguel Ángel Yunes Linares.

A través de medios impresos y digitales, se dijo que el exmandatario, quien gobernó esa entidad de diciembre de 2016 a diciembre de 2018, estaba acusado de peculado, fraude, malversación de fondos públicos y, a nivel federal, de delincuencia organizada y lavado de dinero. En Veracruz también se le investiga desde el 2019 por un daño patrimonial causado en la compra de videocámaras, supuestamente para reforzar la seguridad en esa entidad, que no fueron instaladas en su totalidad.

Según ese proyecto, durante la gestión de Yunes Linares se compraron 6 mil 476 videocámaras. La inversión fue de mil 100 millones de pesos. Sin embargo, Lorenzo Antonio Cortilla Vázquez, auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, presentó cuatro denuncias de hechos ante la FGR por supuestas irregularidades en la contratación de este servicio.

En su informe detalló el presunto fraude: “La auditoría que nos solicita el Congreso respecto del sistema estatal de video vigilancia demuestra que éste no opera en lo absoluto de acuerdo a como fue contratado y el dictamen en que fue sustentada esta contratación”. Añadió que las cámaras no tienen la calidad de video para cumplir con el objetivo para el que fueron instaladas.

Los cuestionamientos contra la gestión de Yunes como gobernador arreciaron: incluso se difundieron varias versiones sobre su paradero: se dijo que había salido del país; que estaba refugiado en Estados Unidos; que se había ido a España… A todo esto, se sumó el escándalo por la destitución del llamado “fiscal carnal” –Jorge Winckler –a quien Yunes impuso como Fiscal General del Estado de Veracruz tras dejar la gubernatura, en 2018, para que le cuidara las espaldas. Winckler está políticamente vinculado a Yunes: Fue su empleado y defensor en varios asuntos personales y familiares.

Desde septiembre de 2019, Winckler es prófugo de la justicia. Se le busca por incurrir en delitos como obstrucción de la justicia y por presuntamente brindar protección a personajes de la delincuencia organizada.

El historial de la corrupción de Miguel Ángel Yunes como gobernador de Veracruz lo personifican algunos de sus excolaboradores que están prófugos, como es el caso de Winckler, como ya se dijo; en calidad de tránsfuga de la justicia también está Marcos Edén Torres y Luis Eduardo Coronel Gamboa –exfiscales anticorrupción y de desaparecidos, respectivamente-.

A Clementina Guerrero, la secretaría de Finanzas que fungió con Yunes Linares, le giraron orden de aprehensión por malversación de fondos, pero pudo zafarse del lío. Quien pagó la factura fue Bernardo Segura, subsecretario de Ingresos y Administración, quien terminó en la cárcel.

Yunes Linares tiene una cuenta pendiente con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial. También con Andrés Manuel López Obrador, con quien se confrontó en la campaña presidencial de 2018, pues Yunes quiso imponer a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, como su sucesor en el gobierno de Veracruz. En resumen, Yunes pretendía gobernar durante ocho años en el estado. Pero se lo impidieron.

El caso de Cuauhtémoc Cárdenas fue estruendoso. Durante ese sexenio 1992-1998 Yunes Linares se convirtió en un funcionario represor: persiguió a miembros del PRD y le organizó un sabotaje a Cuauhtémoc Cárdenas –entonces candidato del PRD a la presidencia de la República –contratando teporochos y travestis que fueron utilizados en un mitin al interior del conocido Café de La Parroquia de la avenida Independencia del puerto de Veracruz.

Luego se supo que desde la secretaría de Gobierno Yunes había ordenado la contratación de los travestis del centro nocturno Bum Bum de la ciudad de Xalapa. También ordenó movilizar a teporochos y vagabundos de los alrededores del puerto de Veracruz y los reclutaron para luego enviarlos hasta el café donde departía el abanderado presidencial del PRD con varios simpatizantes.

Los travestis hicieron su entrada en el café de La Parroquia. Desfilaron ataviados con minifaldas entalladas, zapatillas y pelucas; lucían grotescamente maquillados y con largas pestañas postizas. En sus manos llevaban varios metros de cintas de colores y confetti que lanzaban al candidato presidencial y a los comensales que lo acompañaban. Al grito de ¡Viva Cuauh!, ¡Arriba Cuauh¡ Los travestis se detuvieron frente a la mesa del abanderado perredista y detrás de ellos, tambaleantes, entraron decenas de vagabundos y teporochos con sus ropas caídas y rotas. Con un penetrante olor a orín, la mayoría de ellos iban en estado de ebriedad, con botellas de alcohol en las manos, las miradas extraviadas y sus rostros hinchados por la acumulación de semanas de desvelos. También portaban cintas de colores y algunos hacían girar torpemente las matracas en señal de apoyo al hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien de inmediato condenó el acto, el cual calificó como una provocación por parte del gobierno de Patricio Chirinos.

Eso no fue todo: Desde el poder, Yunes también cobró venganza contra algunos detractores políticos. Uno de ellos fue Dante Delgado Rannauro, exgobernador de Veracruz, encarcelado por Yunes Linares bajo acusaciones de peculado, desvío de recursos y tráfico de influencias.

Delgado Rannauro heredó la gubernatura tras el nombramiento de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Llamado “El hombre leyenda”, Gutiérrez Barrios era, en realidad, un mafioso de la política a quien se le relacionó con el cártel de Juárez y con su entonces jefe, Rafael Aguilar Guajardo, según denunció José Alfredo Andrade Bojorges –quien fue abogado de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos” –en su libro “Desde Navolato Vengo” (Editorial Oceano 1999). Dante Delgado fue hijo político de Gutiérrez Barrios y terminó gobernando Veracruz durante cuatro años, de 1988 a 1992, a lo largo de los cuales usó la política para hacer negocios y enriquecerse: su familia y él mismo se convirtieron en los principales proveedores de cemento para las obras gubernamentales a través de la empresa “Cementos Veracruz”.

La corrupción en ese gobierno fue atroz, tanto, que Delgado Rannauro y su secretario de finanzas, Gerardo Poo Ulibarri –un hombre que hizo fortuna en la época de la fayuca –terminaron en prisión. También fue encarcelado Porfirio Serrano Amador, quien fungió como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. El encarcelamiento lo orquestó Miguel Ángel Yunes Linares tan pronto se encumbró como secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos. Sin embargo, el exgobernador Dante Delgado recuperó su libertad luego de que un juez emitió el fallo de que los delitos ya habían prescrito. Jamás se expuso judicialmente que no se hubieran cometido. Posteriormente, Delgado Rannauro ya no culpó a Yunes de su encarcelamiento, como inicialmente se dijo, pues luego acusó que quien dio la orden fue el entonces presidente Ernesto Zedillo, con quien tuvo diferencias políticas y personales.

Tras dejar la gubernatura, en diciembre de 2018, Yunes Linares se esfumó un tiempo, pero luego reapareció en el café de La Parroquia del puerto de Veracruz, acompañado de algunos excolaboradores. Después se volvió a esconder. Las investigaciones criminales contra Yunes Linares están motivadas por la cauda de antecedentes que carga a cuestas y porque, al interior del gobierno de la Cuarta Transformación se ha considerado seriamente que para Yunes ha llegado “la hora de pagar” sus cuentas pendientes con la justicia.

*Este Capítulo, pertenece al libro Los Narcopolíticos del periodista Ricardo Ravelo, publicado por la editorial HarperCollins a finales de octubre de 2021

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