Por Rodolfo Franco / 24 de junio de 2024

La reforma al Poder Judicial representa para la presidenta electa el primer reto a sortear, propuesta por López Obrador, es el dardo envenenado que le hereda y deberá aprender a manipular con magistral habilidad para dejar satisfechos a tirios y troyanos divididos por la verborrea y acciones de quien hoy despacha en palacio.

La pretendida reforma, que será un hecho porque la ‘encuesta’ realizada en la oscuridad establece que el pueblo ya se expresó y están de acuerdo con reformar al actual sistema Judicial, pasará a votaciones en el Congreso el mes de agosto, para que antes de que el actual mandatario se retire ponga la cereza en el pastel de su estrategia de colonización de instituciones, que ha ido doblegando a sus intereses y resabios históricos.

La reforma lleva jiribilla, no solo es el sistema judicial federal el que se modificará, también los poderes judiciales de los estados, de modo que será una elección tan grande, importante, relevante y trascendente como las elecciones presidenciales, pero veamos, de momento solo se ha establecido que se realizará en junio del próximo año, más no se especifica quién la organizará y solventará económicamente.

La elección de Jueces, Ministros y Magistrados acabará con la actual carrera judicial, los que por años han venido construyendo su carrera a base de estudios, capacitación, esfuerzo, trabajo, serán despojados de sus méritos, para que las posiciones sean ocupadas por los designados y votados por una minoría.

La elección por parte del pueblo será un engaño más, debido a que se tendrá que elegir entre los candidatos propuestos por el círculo de poder, afines al gran elector, y no se establece en la propuesta sin tendrán que hacer campaña con la finalidad de conocer el currículo, experiencia y méritos del ungido, ahora bien, bajo el contexto de realizar campaña surgen las grandes interrogantes ¿Habrá dinero público o privado para campaña? ¿Habrá tope? ¿Triunfará el que realice la campaña más pegajosa y popular? ¿Habrá debates? Son preguntas porque en la propuesta no se establecen las reglas, los tiempos, los métodos.

El salario a proponer ajustado a la baja, será un dique destruido para que fluya la corrupción, porque bajo la premisa de que nadie puede ganar más que el presidente, impedimento por demás ilógico, absurdo y desproporcionado por las prestaciones adicionales que tiene un mandatario, el juzgador puede estar sujeto a la innegable tentación de venderse al mejor postor.

Se habla de austeridad republicana y no se regatea el millonario gasto que se ocupará para dos grandes inversiones; la liquidación de los actuales integrantes de los poderes judiciales (federal y local), y la elección de los nuevos, que por número –más de mil 600 en el poder judicial- será una elección igual o con más cargos que los votados en la pasada elección del 2 de junio.

Establecen en la propuesta la fijación de tiempos máximos para juzgar un asunto, pero en cambio reducen el número de salas del Supremos Tribunal y el número de Ministros, por otro lado se asegura el ejecutivo mediante un candado, que no se pueda otorgar suspensiones contra leyes expedidas por el Congreso, hasta que hayan sido resueltas, dejando el Amparo mocho, es decir derecho a modo y a favor del presidente.

La medida propuesta por López Obrador ha generado inestabilidad en el mercado financiero, reflejado en la depreciación del peso respecto al dólar, mientras que algunos trabajadores del Poder Judicial se han expresado en contra con tibias mantas colgadas a las afueras de las diferentes sedes en los estados y una tibia arenga al pie del Ángel de la Independencia en Ciudad de México.