RFInforma / Ciudad de México / jueves 16 de mayo del 2024

Redacción.-

A menos de cuatro meses de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las aduanas del país siguen hundidas en un mar de corrupción; lo peor es que la red de funcionarios y exfuncionarios que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como el propio presidente pretendieron llevar a juicio sigue intacta, pues los acusados de brindar protección a las mafias del huachicol sólo fueron cesados de sus cargos pero no procesados y menos encarcelados. El lunes 13 fue asesinado en Polanco Carlos Narváez Romero, sobrino del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien ocupó diversos cargos en la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su muerte podría estar relacionada con venganzas y hasta un posible ajuste de cuentas, pues presuntamente estaba relacionado con exfuncionarios dedicados al tráfico de combustibles robados y a la recaudación de dinero que provenía de los amos del huachicol. El hoy occiso no pudo ocupar la titularidad de las aduanas de México porque informes de inteligencia lo ligaron con Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, asesinado en 2021 en Nuevo León.

Intacta y no menos protegida, la red de funcionarios –y exfuncionarios –señalados de brindar cobijo a las mafias huachicoleras empiezan a ser acallados cuando falta menos de cuatro meses para que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este grupo de funcionarios también fue denunciado por agentes aduanales de extorsiones mediante una mecánica que les resultó muy rentable: utilizaban el sistema para poner en rojo las operaciones de algunos empresarios exportadores e importadores, lo que ocasionó una desbandada de clientes. El llamado semáforo rojo sólo podía cambiar a verde si el agente aduanal pagaba una suma millonaria.

La cabeza de este jugoso negocio tiene nombre y apellido, de acuerdo con la denuncia referida. Se llama César Alejandro Reyna Carrillo, exadministrador General de Comunicaciones y Tecnología de la Información de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Pero él no operaba solo: su brazo derecho, según la denuncia que varios empresarios hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador, responde al nombre de Álvaro Alejandro Hernández Sierra; en el esquema de corrupción hay otro personaje: Leonel Arturo Escalona González. Todos ellos se dedicaron a extorsionar a importadores, exportadores y agentes aduanales.

El negocio ilegal fue descubierto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2021 cuando el presidente López Obrador decidió que los militares se hicieran cargo de las aduanas. Incluso, la FGR comenzó las investigaciones en contra de los entonces funcionarios, pero lo extraño es que nunca fueron procesados. Simplemente los cesaron de sus puestos y actualmente gozan de impunidad pese a que el presidente ordenó que ese caso no quedara impune.

En un informe de la Sedena del 18 de agosto de 2022, por ejemplo, el titular de esa dependencia le hizo del conocimiento al general Audomaro Martínez Zapata, director General del Centro Nacional de Inteligencia, la situación que privaba desde entonces en las aduanas debido a la corrupción; le expone el dato de que un alto funcionario del sector –Jun Carlos Madero Larios, director adjunto de la Agencia Nacional de Aduanas –está implicado en la protección y cobros de sumas millonarias a las mafias del huachicol.

Dice el informe:

“El citado director de investigación informó que el lic. Juan Carlos Madero Larios, presuntamente recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora, asimismo está señalado de participar en probables actos de corrupción relacionados al contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar cuando laboró en la aduana de Progreso, Yucatán, en el concepto de que dicho funcionario debió haber sido cesado por el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en cumplimiento a la instrucción del presidente de la República, la cual le fue informada el 25 de agosto de 2021 en carta conjunta de la Secretaría de Marina y esta secretaría. Sin embargo, continúa laborando en la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México) como administrador de operación aduanera, como se pudo constatar en la nómina transparente de la Función Pública durante la reunión.

“Por otra parte, comentó el referido director que, se tiene conocimiento que el lic. Álvaro Alejandro Hernández Sierra, director General de Evaluación, en contubernio con el ingeniero César Reyna Carrillo, director General de Tecnología de la Información, y con la colaboración del licenciado Leonel Arturo Escalona González, manipulan el sistema de parametrización de la ANAM (Reconocimiento aduanero por alertamiento) para presuntamente realizar actos de extorsión a los Agentes Aduanales.

“Por lo anterior, se le sugiere por ese Centro bajo su respetable cargo y la que le fue proporcionada a la Dirección de Investigación de esa Dirección General, por conducto de la jefa del C.C.O (Aduanas) de esta secretaría, se realicen las acciones legales procedentes para evitar que evadan la acción de la justicia o quede en la impunidad la actuación de dichos servidores públicos”. El documento lo firma el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.

Pese a esta orden y no obstante que en una de sus habituales conferencias mañaneras el presidente López Obrador pidió que este asunto no quedaría impune, lo cierto es que la red de funcionarios fue cesada de sus cargos, pero nunca procesados, y menos encarcelados. Siguen libres y gozando de impunidad.

No es todo: De acuerdo con empresarios del ramo aduanero consultados, el grupo de presuntos extorsionadores sigue muy bien conectado en la Agencia Nacional de Aduanas: su principal contacto está en el área jurídica. Y aunque no refieren su nombre sí la describen de cuerpo entero:

“Es una mujer robusta, de 58 años, es actualmente funcionaria de la Dirección Jurídica de la ANAM (Agencia Nacional de Aduanas de México); utiliza seis teléfonos celulares. Ella es el enlace de estos exfuncionarios cesados y tenía comunicación con Carlos Narváez Romero (el empresario aduanero asesinado el lunes 13 en Polanco), y desde su posición como funcionaria les proporciona información de todas las áreas de las aduanas. Para despistar maneja un Jetta 2012. Valdrá mucho la pena publicar su historia”.

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