RFInforma / Ciudad de México /  lunes 6 de mayo del 2024

Redacción.-

Guadalupe Correa Cabrera y Ricardo Ravelo Galó

A pesar de las promesas realizadas en la campaña de 2018 y después de seis años de un popular gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la situación de seguridad en México no ha mejorado— en algunas regiones del país incluso se ha deteriorado. En un contexto de elevadísimos niveles de criminalidad y una tasa de homicidios que en total sobrepasa la de las administraciones anteriores, el presidente que prometía “abrazos, no balazos” cambia de opinión e intensifica abrumadoramente el proceso de militarización que habían iniciado y extendido sus antecesores. Así, crea la Guardia Nacional y brinda a las Fuerzas Armadas un papel inusitado y central en múltiples áreas reservadas anteriormente para el sector civil —tales como seguridad pública a nivel federal, aduanas, puertos, rutas migratorias, terminales aéreas, construcción de infraestructura estratégica, entre otras. No obstante el avance extraordinario del militarismo durante este último sexenio, el férreo control que continúa ejerciendo hoy en día la delincuencia organizada sobre algunas regiones del país es muestra del fracaso de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia del gobierno que se autodenomina la “Cuarta Transformación” (4T). Así, en la recta final de este sexenio, vale la pena presentar un panorama general del tema criminal en México.

La 4T ante el crimen: los temas
La situación de (in)seguridad en el país en lo que va de este siglo ha sido bastante complicada y la estrategia anticrimen de este último gobierno parece haber fallado también. Entre las fuerzas que explican y magnifican esta problemática, destaca muy especialmente el tema de la corrupción institucional, la corrupción a nivel fiscal y aquella que involucra a alcaldes y gobernadores. Ciertamente, es posible hacer un cuestionamiento esencial de la política antimafia de la 4T, basada fundamentalmente en el militarismo pasivo y sobre todo en la atención de las causas de la violencia —a través, entre otras acciones, de los denominados “programas para el Bienestar”. El efecto puntual de los programas sociales de la actual administración en materia de seguridad no es claro, ni verificable. Sin embargo, los muy limitados resultados a la fecha demuestran que no todo puede reducirse al reparto de dinero a jóvenes para impedir su enganche con el crimen. En este contexto, una pregunta obligada es la siguiente: si la corrupción institucional y la narcopolítica son causas que devienen en delincuencia organizada y elevados niveles de violencia, ¿por qué no se combatieron en este sexenio?

Efectivamente, las causas del fenómeno de inseguridad y violencia en México son complejas y, además de la falta de oportunidades para los jóvenes, tienen que ver con los altísimos niveles de corrupción, impunidad y dependencia de México en las políticas de seguridad y agenda geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos. Asimismo, la experiencia en estos últimos seis años parece demostrar que el asistencialismo dirigido hacia la juventud vulnerable no es un blindaje para evitar que los grupos criminales coopten a los jóvenes. La política anticrimen en el actual sexenio carece de muchos elementos, entre los que destacan: alianzas estratégicas diseñadas en México (para México) y mejor coordinación entre agencias de seguridad nacionales, un combate real contra la corrupción y la impunidad, así como otras políticas realmente efectivas para aliviar un flagelo que ya rebasó a las instituciones en más de la mitad de un país por omisión o complicidad.

Militarización y el papel de Estados Unidos
Es importante destacar el papel de los militares y de Washington como catalizadores de la problemática nacional en temas de seguridad, narcotráfico y delincuencia organizada en todas sus modalidades. Si bien es cierto que AMLO no trajo la violencia al país y no es el responsable original, su gobierno ha quedado mucho a deber en esta área. El gobierno de la denominada 4T deja una enorme deuda en materia de seguridad que se mide por el inmenso número de desapariciones, asesinatos, masacres, secuestros y otros crímenes que se registraron durante un sexenio que podría caracterizarse como sangriento. Los números no mienten. No obstante el militarismo y la extensión tan contundente de las capacidades de las Fuerzas Armadas en el área de la seguridad pública en México, los resultados dejan mucho que desear.

Entonces, es posible cuestionar de manera fundamental la militarización del país. La estrategia de seguridad del actual gobierno parece ser un gran fracaso; este hecho es claro y está sustentado con evidencias. Por ejemplo, la cifra de muertos en el sexenio de la “transformación” es irrefutable (al cierre de febrero se registran más de 180 000 homicidios, cifra que sobrepasa a las dos administraciones anteriores). En este contexto, podemos preguntarnos lo siguiente: militarizar, ¿para qué? A casi seis años de distancia, las cosas en algunas regiones del país han empeorado y además se vislumbra un control potencial de la sociedad por medio del Ejército en casos de disidencia o movilización social. Bajo este nuevo orden, se anticipan también los peligros de la posible imposición de límites a la libertad individual y a la protesta social en espacios de control por parte de las Fuerzas Armadas para beneficio del gran capital transnacional. La experiencia negativa en América Latina al respecto es innegable.

No obstante lo anterior, el gobierno estadunidense celebra que el gobierno mexicano haya reforzado la seguridad, recurriendo a las Fuerzas Armadas para frenar el tráfico de fentanilo y las migraciones irregulares. En medio del desastre, se detecta una postura sospechosa de Washington. ¿Por qué, en contraste con lo registrado anteriormente, Washington ha tomado una actitud relativamente blanda con respecto al tema de la delincuencia organizada y al narcotráfico en México? Generalmente, Estados Unidos ejerce presión sobre México al desbordarse la violencia y el crimen; en últimas fechas, las cosas han sido distintas. Fue el expresidente Donald Trump, por ejemplo, quien insistió en denominar a los “carteles” mexicanos como organizaciones terroristas internacionales y llegó a sugerir incluso una intervención militar para combatir a los “bad hombres” en territorio mexicano.

En estos momentos de importante cooperación en materia energética en el marco de la transición a energías renovables y las nuevas cadenas de suministro después de la guerra en Ucrania, destaca un silencio bastante sospechoso por parte de la administración de Joe Biden en un contexto de elevados niveles de violencia en México y un incremento exponencial en las muertes por sobredosis de fentanilo. Al mismo tiempo, se registra una mayor colaboración en temas de energía, y una mayor apertura por parte de México hacia la producción de energías renovables —lo que no sucedió a principios del sexenio. El caso del llamado “Plan Sonora”—cuyos fundamentos parecen residir más bien en Arizona—es muy relevante en este sentido.

No obstante lo anterior, destaca el tema de los precursores químicos, muchos de ellos provenientes de Asia (y en particular de China), así como las muertes por sobredosis de drogas en la Unión Americana —muchas de ellas supuestamente manufacturadas en y provenientes de México. La crisis del fentanilo es de gran preocupación en Estados Unidos. Dicha temática se discute ampliamente en los espacios de opinión en ese país y se mantiene como una de las prioridades de los candidatos republicanos en el marco de las campañas para la elección presidencial de noviembre. Sin embargo, pareciera que los acuerdos en materia energética oscurecen las diferencias entre el actual gobierno estadunidense y el gobierno mexicano de la 4T.

El tema de la militarización o la extensión de las capacidades de las Fuerzas Armadas en múltiples áreas de la vida del país durante el sexenio de la 4T constituye una gran contradicción. El discurso de AMLO como candidato opositor fue radical contra el Ejército, asegurando que al llegar él al poder, los militares regresarían a sus cuarteles. En esos tiempos, el ahora presidente se refería a un proyecto fallido de militarización y optaba por una estrategia anticrimen del “no uso” de la fuerza del Estado que, en palabras suyas, era una estrategia de “abrazos, no balazos”.

Pero los abrazos no funcionaron y después de la visita del presidente mexicano y su comitiva —formada por miembros clave de su gabinete y grandes empresarios nacionales— a Estados Unidos en la era de Trump, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (el T-MEC), la posición del gobierno de México cambió radicalmente en los hechos. Inmediatamente después de este evento, AMLO empezó militarizando puertos, aduanas, aeropuertos e incluso intentó reformar la Constitución con el objeto de que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional (este objetivo se mantiene). Es importante seguir esta línea de tiempo. Asimismo, es preciso analizar a profundidad el “caso Cienfuegos” y todo lo que implica en términos del control que aparentemente ejercen las Fuerzas Armadas sobre el mismísimo presidente de la República.

Corrupción, impunidad y narcopolítica
Como se dijo anteriormente, un tema esencial es el combate a la corrupción, otra promesa incumplida del gobierno de la 4T. Al cierre del sexenio de AMLO, no existe ningún actor relevante preso acusado de corrupción. Más bien, lo que este gobierno ha ratificado es que el viejo sistema sigue vivo —sí, ese que el mismo presidente cuestionó antes de llegar al poder. Los casos de corrupción son múltiples en los años recientes, pero el hoyo negro del último sexenio se refiere al caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). En este episodio, destaca el papel de Ignacio Ovalle Fernández, hombre cercano al presidente, quien enfrentó múltiples acusaciones por corrupción durante su gestión en Segalmex.

Es curioso cómo AMLO prometió resolver el caso y no permitir impunidad, pero sacó a Ovalle de Segalmex y lo colocó al frente del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, dependiente de la Secretaría de Gobernación; es decir, lo colocó entonces a la sombra de otro hombre cercano, Adán Augusto López Hernández, y lo posicionó en otra mina de oro para bajar recursos generales a los ayuntamientos. Ovalle es amigo de AMLO y ha sido actor relevante en su gobierno, pero también fue pieza clave del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando fue director de Conasupo. Es importante destacar que los programas para el Bienestar, en términos de objetivos políticos y de dimensiones, parecen una copia “mejorada” de los programas de Solidaridad del expresidente Salinas de Gortari. Es curioso que, en algunos aspectos, ambas administraciones lejos de alejarse, convergen.

El caso Segalmex y las trapacerías de una nueva clase política en el gobierno de la “transformación” también son dignas de destacarse. Lo anterior es importante dado que el fenómeno de la corrupción y la impunidad derivan en el gran avance de la delincuencia organizada en el país, así como en el férreo control que ejercen actores criminales en diversas regiones de México. Asimismo, es importante considerar los vínculos aparentes entre diversos grupos de crimen organizado y autoridades gubernamentales a nivel local, estatal y federal, particularmente aquellas supuestas alianzas entre grupos dedicados al narcotráfico y representantes del gobierno de la 4T o vinculados al partido en el poder, Morena.

Un caso que llama la atención y parece ilustrar bien el fracaso del actual gobierno en el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado es el de Tamaulipas, estado ahora mismo gobernado por Morena. Aquí destaca el episodio del desafuero fallido o “negociado” del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue investigado y acusado de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue pieza central en este caso.

Llama la atención el fallido desafuero en medio de un escándalo que supuestamente vinculaba a personajes relevantes de la 4T en el estado —incluyendo al actual gobernador tamaulipeco— y que tenía que ver con malos manejos en las aduanas de Tamaulipas, financiamiento irregular de campañas políticas, corrupción y huachicoleo, entre otros asuntos escabrosos. En medio de esta situación, García Cabeza de Vaca escapa al desafuero y se convierte en asesor de la oposición y aparentemente en actor “protegido” del gobierno de Texas. La situación en Tamaulipas continúa siendo bastante delicada, lo cual se verifica con el secuestro y asesinato de estadunidenses el año pasado y el secuestro y liberación de migrantes por parte del crimen organizado a principios de 2024.

Además de estos episodios, en la administración que está por terminar se alega la existencia de casos emblemáticos de supuesta vinculación de políticos con el narcotráfico que, de comprobarse, ilustrarían la prevalencia de la “narcopolítica” en México. En medio de esta situación, destacan los nombramientos a algunas embajadas otorgados a autoridades con alegados vínculos con el “narco”. También destacan otros casos oscuros que demuestran la incapacidad de gobiernos de la 4T, su Fiscalía General, fiscalías estatales y otras instituciones para procurar la justicia en México. Valdría la pena investigar a profundidad algunos detalles turbios sobre la reapertura del caso Colosio; el desafortunado papel de la Fiscalía General de la República y su titular; corrupción extrema en partes clave del aparato judicial mexicano; el extenso control territorial de grupos delincuenciales, y el supuesto contubernio de algunos actores relevantes de gobiernos estatales con la delincuencia organizada —destacan los casos de Jalisco y Sinaloa, por ejemplo.

Otro caso de impunidad y fracaso en las investigaciones judiciales y procuración de justicia en lo general se refiere al robo de combustibles, también denominado como “huachicoleo”. Éste resultó ser un delito perpetrado a gran escala en las dos administraciones anteriores, que debilitó significativamente a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), pero que el gobierno de la 4T presentó como bandera de su supuesto compromiso con la lucha irrestricta contra la delincuencia organizada y corrupción a gran escala. Esto sucedió a principios del sexenio, pero las investigaciones no progresaron y no hay, a la fecha, un solo preso por el tema del huachicoleo. Únicamente se señaló al general Eduardo León Trauwitz, quien se desempeñó como jefe de seguridad de Pemex. Trauwitz estuvo prófugo desde mayo de 2019 y fue detenido en Canadá, pero no ha sido extraditado a México y actualmente cuenta con libertad restringida tras pagar una fianza de 20 000 dólares canadienses. Con relación a este mismo caso, quedan aún dudas importantes sobre el destino de las pipas que se adquirieron para hacer frente supuestamente a la problemática de abasto y transporte de gasolina que se creó para resolver el problema del robo de combustible a nivel nacional.

¿Primero los pobres?
En medio del desastre en materia de seguridad, con altísimos niveles de corrupción e impunidad —y con todo y programas para el bienestar que supuestamente caracterizan al gobierno de “primero los pobres”, como lo ha planteado en diversas ocasiones el actual presidente de México— detectamos los enormes beneficios que se han otorgado a los hombres más ricos de México como Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, entre otros. Todos ellos parecen haber obtenido considerables ganancias en el actual sexenio; ello, no obstante las aparentes rencillas en medios y redes sociales con el presidente de la República. Incluso Claudio X. González Laporte parece haberse beneficiado durante el actual gobierno; destacan especialmente los contratos de sus empresas con Segalmex.

El principal fracaso de la 4T
Después de estas breves reflexiones en temas de seguridad, es posible afirmar que los arquitectos de la 4T, incluyendo al presidente de México, vendieron un proyecto que parecía creíble y que fue comprado por buena parte de la sociedad mexicana (cerca de 30 millones de personas). Considerando los resultados obtenidos después de casi seis años, podríamos afirmar que desafortunadamente se fracasó en la implementación de dicho proyecto. Se concluye que el país enfrenta una situación muy difícil en el tema de la seguridad, caracterizada por la violación constante de derechos humanos, violencia, muerte y crimen en las calles y en las rutas migratorias. Dicha situación se agrava por los elevados niveles de corrupción, impunidad e injusticia que no parecen haber mejorado en este sexenio.

Asimismo, se resalta el hecho de que la defensa de la soberanía que prometió AMLO antes de llegar al poder, no se materializó. Al contrario, las políticas que promovió en las áreas estratégicas generarán una enorme dependencia —sobre todo de Estados Unidos y los grandes capitales transnacionales. AMLO dijo claramente que defendería la soberanía de México para evitar una intervención internacional o una incursión militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano. No obstante lo anterior, el presidente de la “transformación” no sólo cedió a las exigencias de Washington en varias ocasiones, sino que permitió la militarización del país e incluso terminó aceptando la entrada de tropas estadunidenses para capacitar a militares mexicanos. Valdría la pena preguntarse entonces si esto último implica soberanía o una entrega de la misma.

No obstante que se alegue todo lo contrario, sí existen algunas similitudes entre López Obrador y algunos de sus antecesores. Por ejemplo, AMLO viene a decirnos que “va a defender la soberanía de México” a toda costa, de una forma similar en la que el expresidente López Portillo dijo a los mexicanos que “defendería el peso como perro”. Pero al final, ambos personajes terminan sucumbiendo ante los grandes capitales e intereses extranjeros; al final, no defendieron nada. En materia de seguridad y corrupción, el gobierno de López Obrador parece indefendible y la aseveración de que se atienden las causas de raíz de la violencia es inverificable. En estas áreas, la transformación a la que aspiraba el gobierno de AMLO parece ser fallida.

El caso Ayotzinapa resulta también ilustrativo del fracaso en este último sexenio. Al final no conocimos la verdad completa. Una vez terminadas las investigaciones sobre el caso, seguimos sin encontrar a los desaparecidos; en cierta forma se reprodujo el escándalo de lo que llegó a denominarse una “verdad histórica”. En realidad, nos quedamos con una verdad incompleta. La puerta que conduce a la verdad y la seguridad continúa cerrada, pero encontramos otra que abre el camino a los militares. El presidente mexicano es comandante supremo de las Fuerzas Armadas según la Constitución, pero con la subordinación ante ellas, ahora parece ser que los roles se revierten.

Es posible articular una crítica fundamental al gobierno de la 4T centrada en el proceso de militarización, las promesas incumplidas en el ámbito de la seguridad, así como en la continua dependencia de México en Estados Unidos y los grandes capitales. Al mismo tiempo, es posible caracterizar a algunas partes del discurso de López Obrador como insinceras, y a algunas de sus decisiones como conservadoras. AMLO utilizó un discurso de izquierda para ganar adeptos y vender un proyecto que resultó en la práctica distinto a lo que prometió; además, dicho proyecto tendrá continuidad. Para finalizar, deseamos aclarar que los autores de esta pieza no somos opositores al gobierno de la 4T y mucho menos simpatizantes del grupo opositor. Somos simplemente periodistas críticos, comprometidos con la verdad, con la seguridad del país y con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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