Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, 2022

Elaboración propia con datos de la Auditoría Superior de la Federación, 2022.
Nota: Los montos de la tabla incluyen lo pendiente por aclarar de los gobiernos estatales y locales. No incluye gasto federalizado no asignado a entidades federativas.

Cuando al presidente se le ha preguntado sobre los hallazgos de la ASF, una de las respuestas más llamativas es que ha dicho que las irregularidades detectadas “no son actos de corrupción, así de categórico”, aunque a la vez ha seleccionado casos pequeños, pero de impacto para su agenda, para equipararlos con corrupción, como los 1.5 millones de pesos de irregularidades en el INAI. Igualmente, al tratarse de hallazgos de las entidades, se ha tratado de minimizar la responsabilidad del gobierno federal. Para romper con este falso debate, es necesario poner en dimensión algunos de los hallazgos por categoría y saber qué se encontró, pues en las auditorías sí hay documentados múltiples actos de corrupción. Basta recordar que La Estafa Maestra o los desvíos de Segalmex están en los expedientes de la ASF.

Por ejemplo, una de las auditorías que más destaca dentro de la categoría de gasto federalizado es la auditoría de cumplimiento 143, en la que se identificó que el Instituto de Salud para el Bienestar gastó al menos 651 millones de pesos en medicamentos y material de curación para los que no hay ninguna evidencia de que entraron a las bodegas del INSABI. Tampoco hay registro alguno de que hayan llegado a las entidades que estaban destinados, concentrándose la mayor parte de estos “medicamentos fantasma” en el Estado de México, Michoacán, Puebla y Tabasco. Hoy el INSABI ya ha desaparecido, lo cual implica que estos millones de pesos probablemente quedarán en la mayor impunidad, pues los responsables ya ocupan otros cargos.

Igualmente, la Auditoría de Cumplimiento 1059 identificó al menos 1,178 millones de pesos en el estado de Hidalgo donde decenas de contratos para comprar medicamentos, equipo médico y de laboratorio, libros de texto o vehículos del gobierno se pagaron sin que hubiera ningún tipo de evidencia de lo que se adquirió. El entonces gobernador de ese estado por el PRI, Omar Fayad, hoy es parte del gobierno de MORENA como embajador de México en Noruega.

La revisión pormenorizada de los cientos de casos que componen la categoría de gasto federalizado supera los límites de este primer análisis general, pero los ejemplos y grandes categorías nos dan una muestra de las dimensiones, implicaciones y ubicaciones de los principales problemas identificados.

El Gobierno Federal

Después del gasto federalizado, la segunda mitad de los hallazgos corresponden a las irregularidades detectadas exclusivamente dentro del Gobierno Federal, en donde la ASF divide al gobierno en tres grandes categorías que dependen de la función que realizan las dependencias: desarrollo económico, desarrollo social y gobierno. En conjunto, en esta entrega estas tres categorías suman 6,848 millones de pesos que no han sido aclarados ni recuperados.

Como una aproximación a lo que significa este monto, ese dinero equivale a 5 veces todo el presupuesto dedicado por la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos de delincuencia organizada o a 7 veces el gasto de toda la Oficina de Presidencia de la República.

Los hallazgos de esta categoría se dividen de la siguiente manera:

El rubro con mayor monto de irregularidades es el de “Desarrollo económico”, con 3,656.9 millones de pesos con irregularidades por aclarar. Esta categoría se desglosa en 3 sectores que concentran la mayoría de anomalías en el uso de nuestro dinero. El primer lugar lo tienen las empresas productivas del estado, PEMEX y CFE, que representan casi el 45% del monto con anomalías de este rubro, 1,679 mdp. Seguido de ellas se encuentra el sector enfocado a Trabajo y Previsión Social con 785.2 mdp y en tercer lugar se encuentra la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 583 mdp por aclarar. Estos tres sectores acumulan el 83% de las irregularidades para el desarrollo económico. Lo que quiere decir que 8 de cada 10 pesos hallados con una acción u observación por parte de la ASF en este rubro se encontraron en alguno de estos tres sectores.

La segunda categoría con más irregularidades del gobierno federal es la relacionada con el “Desarrollo social”, la política de bienestar para la población, con 2,705 millones de pesos de irregularidades. Este rubro es uno de los que más claras afectaciones tienen a las personas ya que las principales irregularidades fueron encontradas en los sectores de Aportaciones a seguridad social, en educación pública y en Bienestar con 533, 516 y 418 millones, respectivamente. En este caso, las irregularidades se concentran en programas sociales en los que hay graves problemas de transparencia, problemas con apoyos entregados a personas que no debían o para las que no hay registro alguno más allá de la entrega de dinero, así como dinero que se gastó, pero simplemente no se sabe ni cómo ni dónde quedó.

Por ejemplo, la Auditoría de Cumplimiento 247 identificó cómo 327 millones de pesos del programa de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, que debían ser entregados a víctimas de desastres como el huracán Agatha en Oaxaca, se gastaron sin que el gobierno tuviera ningún registro de a quién o cómo se entregaron. Igualmente, la Secretaría de Bienestar supuestamente adquirió alimentos con Diconsa, aunque los mismos jamás se registraron en los almacenes y tampoco hay ninguna evidencia de que se entregaron a las personas que los necesitaban.

El último rubro de esta sección es el gasto para “Gobierno”, en donde hay 511 millones de pesos en irregularidades. Entre los sectores que concentran la mayoría de los problemas están la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 258 mdp, Gobernación con 87.8 mdp y Hacienda y Crédito Público con 82 mdp.

Esta aproximación a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación pretende ser una hoja de ruta para que investigadores, periodistas, analistas y la ciudadanía en general conozcan dónde se encuentran los mayores problemas que han sido documentados y acreditados por una institución del propio gobierno. Aquí no se encuentran todos los escándalos de corrupción del sexenio ya que, como se ha dicho, la ASF no revisa todo el presupuesto, sino solo una parte de él. A pesar de ello, resulta fundamental seguir los trabajos de la ASF, pues aún cuando sus hallazgos hoy son de menores dimensiones que en el pasado, siguen mostrándonos múltiples esquemas de desvío de recursos, áreas de oportunidad y problemas en los mecanismos de control del gasto público que siguen generando pérdidas millonarias cada minuto que pasa.

Un gobierno que combate la corrupción no debe minimizar ni pasar por alto estas irregularidades, hacerlo implicaría que miles de funcionarios y personas que han sido identificados como probables responsables de usar mal nuestro dinero puedan continuar libres de responsabilidades, sin rendir cuentas ante nadie. La cifra del último año muestra que aún hay 90% de impunidad en los hallazgos de 2022, si la corrupción realmente ya se terminó, esa cifra debería de ser cero por ciento. Estamos muy lejos de ello.