RFInforma / Ciudad de México / martes 13 de febrero del 2024

Redacción.-

La semana pasada Rosalba Rodríguez, alcaldesa de Acayucan, Veracruz, denunció públicamente recibir amenazas del crimen organizado, sentenciando que irán a “tomar la ciudad”.

Los hechos que denuncia la presidenta municipal se dan después de la renuncia y detención de la directora de Desarrollo Urbano de esta ciudad, Verónica N , quien fue acusada de secuestro en agravio de un empleado de Telmex el pasado 25 de enero en Coatzacoalcos.

Pero la edil ha tenido que lidiar con algo más. En mayo de 2022 Clemente Nagasaki , presidente municipal del DIF en Acayucan, fue asesinado a tiros en un salón de fiestas. Era cuñado de Rosalba.

La región del sur de Veracruz es señalada por contar con varios grupos delictivos, cuyos integrantes cometen crímenes de alto impacto, como la extorsión, el secuestro y los homicidios.

De poco ha servido que la autoridad haga operativos, supuestamente para combatirlos, pues la delincuencia sigue haciendo de las suyas.

Tan grave es el problema que la edil, de extracción perredista, pese a la denuncia hecha en distintos medios de comunicación, lejos de ser protegida por la Fiscalía del Estado es revictimizada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, consentido del gobierno federal e invitado a ser parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, en caso de ganar la elección presidencial.

Desde hace dos días, en conferencia de prensa, García Jimenez ha dicho tajante: “Si la alcaldesa no puede, que renuncie”.
De forma soez, el gobernador morenista acusa a Rosalba Rodrígez de incompetente y hasta de mentirosa, pues asegura no tener conocimientos previos de los hechos.

Lo cierto es que a pocos días de iniciar las campañas electorales el tema de inseguridad en Acayucan y en general en Veracruz se politiza, pues la reacción de Cuitláhuac obedece a que la edil denunciante pertenece a otro partido político.

El tema de Acayucan no es menor.

Ante la denuncia pública de la edil el gobernador, lejos de protegerla, amaga con quitarla del cargo, argumentando que de ser necesario se procedería a la desaparición de poderes:

“Yo pienso que ella debe reconsiderar lo que dijo porque si es así entonces nosotros podemos pedir al Congreso que se haga cargo del municipio y eso implicaría quitar a la alcaldesa. Entonces si ella considera ya no puede que ponga su renuncia y nosotros hablamos con el Congreso para que se haga cargo del municipio”, dijo ante la prensa.

El caso de Acayucan es uno de tantos en nuestro país, donde los hechos violentos tiñen de rojo el proceso electoral de este año.
Según se lee en el primer informe del Laboratorio Electoral titulado “Violencia electoral proceso 2023-2024” han ocurrido 50 hechos violentos cuyas víctimas son precandidatos, candidatos electos, dirigentes partidistas, funcionarios públicos y militantes.

Al momento se contabilizan 33 personas asesinadas, dos casos de amenazas, once atentados y cuatro secuestros.

Ante ese escenario la indolencia del gobernador morenista parece un acto criminal, pues si no se atiende el caso de Acayucan, la cifra podría incrementarse.

¿Qué espera el gobernador para actuar?