RFInforma / Ciudad de México /martes 2 de enero del 2024

Redacción.-

En el territorio mexicano, la gestión de la prisión preventiva ha generado un escenario divergente que plantea un dilema sobre los derechos humanos y la equidad en el sistema judicial. Según datos recientes, se observa una marcada disparidad en las políticas adoptadas por diferentes estados, dando lugar a dos enfoques contrastantes en la aplicación de este proceso legal crucial.

En 18 estados, incluyendo la Ciudad de México y Nuevo León, se ha abierto paso a un enfoque más inclusivo y compatible con estándares internacionales de derechos humanos. Aquí, los acusados tienen la oportunidad de impugnar la prisión preventiva, permitiendo una visión más esperanzadora para quienes enfrentan procesos legales.

Sin embargo, la situación es totalmente distinta en 14 estados, como Puebla y Jalisco, donde la prisión preventiva se mantiene como una regla inamovible. Esta postura se sustenta en una jurisprudencia local que respalda la prevalencia de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de entrar en conflicto con tratados internacionales sobre el derecho humano fundamental a la presunción de inocencia.

Este conflicto, más allá de ser puramente legal, pone de manifiesto una discrepancia crítica en la aplicación de los derechos humanos y la justicia en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en una posición clave para unificar criterios y resolver esta situación que afecta directamente a la sociedad.

La espera está centrada en una resolución que no solo podría modificar el panorama legal, sino que tendría un impacto significativo en el equilibrio entre la justicia y los derechos humanos en México. Se hace un llamado a mantenerse informado y atento a este tema crucial, ya que su alcance y repercusión se extienden a todos los sectores de la sociedad.

El debate continúa: ¿es justa esta disparidad en la aplicación de la prisión preventiva en México? El hashtag #JusticiaMX #PrisiónPreventiva se convierte en un llamado a la reflexión y la necesidad de una pronta resolución que unifique criterios en el país.

» Fuente «