RFInforma / Ciudad de México / martes 29 de agosto del 2023

Redacción.-

A mediados de mayo, las organizaciones criminales identificadas como Los de La Virgen y Los Templarios, comenzaron un nuevo episodio de guerra por el control del tráfico de drogas y las distintas actividades delictivas en Apatzingán, Michoacán, lo que ocasionó el incremento de las cuotas de extorsión que pagan limoneros, aguacateros y comerciantes de diversos giros, como panaderos, carniceros y tortilleros.

De acuerdo con comerciantes y empresarios de ese municipio ubicado en la región de la Tierra Caliente, consultados por El Economista, y que pidieron no mencionar sus nombres, la extorsión que padecen en ese lugar es de dos tipos: la que se realiza y padece de manera grupal y la individual. La que ha escalado en los últimos meses es la primera de ellas.

Desde hace varios años, en la región de la Tierra Caliente michoacana, la delincuencia organizada ha establecido cuotas de extorsión, que son recabadas por las organizaciones de limoneros, aguacateros, tortilleros, panaderos, carniceros y de otros giros comerciales, que puntualmente reportan a los criminales.

Los testimonios refieren que, mientras una organización criminal tiene el control pleno de la zona, “hasta las cuotas bajan”, pero se disparan inmediatamente en cuanto otra banda delictiva pretende apoderarse del control de la actividad criminal.

Como son las organizaciones delictivas quienes controlan a las asociaciones de agricultores y comerciantes, ellos son los que deciden, por ejemplo, hasta cuándo se debe cosechar el limón.

El precio de ese producto, el cual se cultiva en alrededor de 100,000 hectáreas en todo el Valle de Apatzingán, se fija todos los días desde la Central de Abastos de la Ciudad de México, donde se establece a cuánto van a pagar por tonelada de las distintas variedades de limón verde. En el mercado municipal del limón, se fija el precio del amarillo, que se va a los molinos, para industrializarlo. Una vez fijados ambos precios, las organizaciones criminales establecen el monto de la cuota. El año pasado estaba a 20 centavos por kilo; ahora está a peso. Además, son los criminales quienes deciden cuánto se le debe pagar a los trabajadores de la pisca y los días en que deben realizarse la colecta.

Ese es solo uno de los diferentes rostros que tiene el fenómeno de la extorsión, que, a escala nacional, es el delito que “está convirtiéndose en el mejor negocio para los criminales”, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

La extorsión es el quinto delito del fuero común que más se comete, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Tan solo de enero a junio de 2023, la tasa promedio nacional de ese delito fue de 3.85 por cada 100,000 habitantes, solo superado por el robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a casa habitación y homicidio doloso.

En 2002 también se ubicó en el quinto sitio. A escala nacional se registraron 7.95 delitos de ese tipo por cada 100,000 habitantes.

De 2015 a 2022, ha mantenido un crecimiento constante, pues, a pesar de que, en 2020, con las medidas implementadas por el Gobierno federal para contener la pandemia de la Covid-19 se registró una ligera baja en ese indicador, en 2021 volvió a subir, lo mismo que 2022.

En 2015, la tasa nacional se ubicó en 4.95 delitos por cada 100,000 habitantes y en 2022 se ubicó en 7.95 delitos por cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir que aumentó 75%.

Llama la atención que, en 2022, nueve estados estuvieron por encima de la media nacional (7.95) y destacan Zacatecas, con un registro de 28.71 delitos por cada 100,000 habitantes; Estado de México, 23.37; Baja California Sur, con 19.59 y Colima con 17.55.

La entidad con los menores registros es Chihuahua, con 0.16 delitos por cada 100,000 habitantes. Tampoco superan un delito por cada 100,000 habitantes, Tlaxcala, Yucatán y Chiapas.

Un caso delicado es Zacatecas, que pasó de 5.01 delitos por cada 100,000 habitantes en 2016 a 28.71 en 2022, lo que quiere decir que el problema se incrementó 473%.

El Estado de México pasó de 8.21 en 2017 a 23.37 en 2022. En este caso, en ese periodo el incremento fue de 184%.

Baja California Sur, pasó de un registro de 6.81 delitos por cada 100,000 habitantes, en 2015 a 19.59 en 2022, lo que quiere decir que se incrementó 187%.

Colima pasó de 1.94 delitos por cada 100,000 habitantes, en 2016, a 17.55 en 2022, es decir un aumento de 804%.

Hay estados que en 2015 estuvieron por arriba del promedio nacional y actualmente están debajo de ese nivel. Tal es el caso de Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Baja California.

Francisco Javier Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que la extorsión tiene que ver con diversas conductas, incluidas las que realiza el Estado cuando los funcionarios públicos piden mordida a los ciudadanos, ya sea por una situación menor, hasta por grandes negocios con el Gobierno.

También son extorsión los secuestros virtuales; la que realizan los sindicatos o grupos contra empresas y las presenciales, como cobro de piso, así como la que ocurren entre empleados al interior de empresas, como la sextorsión, abundó.

Para este reconocido especialista en políticas públicas en materia de seguridad, lo relevante es que se trata del delito que más ha crecido, porque es muy redituable y citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales, en 2021, se registraron casi cinco millones de extorsiones. Las autoridades policiacas sólo reconocen 8,818 casos. “A partir de ahí, entendemos que se trata de uno de los delitos con mayor cifra negra y con mayor impunidad”, dijo Rivas Rodríguez.

La que debe preocupar más es precisamente la participación de la delincuencia organizada en extorsión presencial, la cual es no solo la cometida en contra de empresas y ciudadanos, sino la que se comete hasta en contra de las propias autoridades, sobre todo del ámbito municipal.

Llamó la atención que si bien hay entidades federativas como Zacatecas y Estado de México donde las estadísticas muestran que ese tipo de delitos ha escalado, hay casos como Veracruz, donde aparentemente las cifras dicen que el problema no es tan alto, pero se debe a que “hay un tema de ocultamiento de información muy grave por parte de la autoridad”.

Recalcó que la información sobre extorsión que hacen pública las autoridades no se desagrega, por lo cual no es posible saber cuántos de los delitos son extorsión telefónica, cibernética o presencial o de los otros diferentes tipos.

Es el principal delito cometido contra negocios
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2022, en 2021, se cometieron 829,000 delitos de extorsión contra negocios del país, de los cuales 67,600 (8.1%) corresponden a delitos de extorsión en calle, en el establecimiento o cobro de piso.

En 44.8% de los casos de extorsión en calle, en el establecimiento o cobro de piso, se entregó lo solicitado.

Según esa institución, entre 2011 y 2021, el porcentaje más alto de delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento o cobro de piso en las unidades económicas se registró el 2013, con 28.9. Para 2015 bajó a 11.7; en 2019 bajó a 7.3 y en 2021 fue de 81.%.

Óscar Jaimes Bello, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, explicó que, en 2021, el delito de extorsión registró una tasa de 1,744 delitos por cada 10,000 unidades económicas.

Si bien, entre 2011 y 2013, la tasa de delitos de extorsión por cada 10,000 unidades económicas bajó de 1,692 a 1,087 delitos por cada 10,000 unidades económicas, para 2015 volvió a subir y luego bajó en 2017 y para 2021 se ubicó en 1,744.

De los 2.9 millones de delitos asociados a 1.2 millones de unidades económicas víctimas, 28.9% fueron extorsiones y es el principal delito cometido contra negocios en el país.

Solamente en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, la extorsión no es el delito más frecuente contra negocios.

En 2019 fueron 13 estados donde la extorsión fue el principal delito y en 2021 la cifra se incrementó a 2021.

En 2021, ese delito fue el más frecuente en las unidades económicas de todos los sectores, es decir, Comercio, Industria y Servicios y de los negocios micro, pequeños y medianos.

En 2021, las pérdidas en promedio por extorsión en las unidades económicas que padecieron este delito fueron de 6,432 pesos.

Según los resultados del estudio La extorsión bajo el Caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, existe una diversidad creciente de modalidades, la más común es vía telefónica y es la que más pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas es la extorsión presencial.

Además, la extorsión la ejecutan desde individuos, pequeñas bandas, delincuencia organizada, como autoridades, empresas y profesionistas.

El documento señala que es un delito donde la impunidad es de casi el 100% de los casos. Ello se debe a la ausencia de estrategias diferenciadas para cada manifestación del delito; la falta de compromiso de muchas autoridades; malos procesos para captar las denuncias; una muy pobre respuesta institucional; ausencia de recursos y un nulo interés por darle acceso a la justicia a las víctimas.

El análisis dice que la respuesta institucional parece limitarse a campañas informativas o registros de números telefónicos asociados a las extorsiones. “En particular, en lo federal, parece haber un total desconocimiento y abandono a las víctimas: ninguna estrategia clave; ninguna política anticorrupción que inhiba que las mismas fuerzas federales extorsionen a transportistas; ninguna reforma que fortalezca los procedimientos de regulación y supervisión que eviten que los extorsionadores usen al sistema financiero impunemente”, señala.

El análisis plantea que urge reformar el marco normativo e impulsar una ley general que identifique la realidad actual de este delito; implementar algunas de las acciones exitosas que se han llevado a cabo tanto en nuestro país como en el mundo; capacitar en el tema a las autoridades de todo el país; destinar los recursos necesarios para que fiscalías y secretarías de seguridad puedan atender a las víctimas y combatir el delito, así como robustecer el sistema financiero para evitar que los delincuentes sigan usándolo impunemente para recibir el dinero fruto de este delito.

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