RFInforma / Ciudad de México / jueves 27 de julio del 2023

Redacción.-

Hallazgosec
El financiamiento de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA), una de las pocas políticas destinadas a estos grupos vulnerados, ha tenido una reducción de 30% entre 2019 y 2022.

A pesar de los recortes, o incluso la completa falta de recursos, las trabajadoras de las CAMIA realizan labores de ayuda en sus comunidades, trabajando gratis y usando la red de apoyo de la comunidad. Esto incrementa la violencia económica que sufren y refuerza la idea patriarcal del trabajo no remunerado.

Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA) son uno de los pocos espacios públicos enfocados a atender los problemas de mujeres que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos sitios brindan servicios tales como el acompañamiento de traductoras en trámites y citas, asesoría legal, judicial y psicológica en situaciones de violencia, así como talleres sobre métodos anticonceptivos y salud sexual. Estos espacios son liderados por mujeres de las propias comunidades y son financiados con recursos públicos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, durante la presente administración el presupuesto dedicado a las CAMIA ha experimentado una reducción de 30% en términos reales entre 2019 y 2022, lo que ha generado diversos obstáculos para el desarrollo de sus actividades y provocado retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres indígenas.

A pesar de que el gobierno ha limitado los recursos, las mujeres al frente de las CAMIA han continuado con sus labores, pero en un entorno de precariedad. Para esta investigación entrevisté a diversas administradoras de las CAMIA, quienes resaltaron la dificultad que tienen de brindar los servicios que antes ofrecían a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, señalan el aumento de los costos en las actividades destinadas a promover los derechos sexuales y reproductivos, así como la falta de infraestructura para albergar a mujeres que sufren violencia. Pese a que este gobierno estimó que ampliaría el programa para tener sesenta casas, en 2023 sólo hay 35 en funcionamiento.

En este texto analizo el origen e importancia de las CAMIA, así como el presupuesto y los problemas que enfrentan actualmente. Desde que comenzó este sexenio, ha habido un recorte sistemático de los recursos destinados hacia las casas, algunas de cuyas trabajadoras han expresado que debido a esta reducción en su presupuesto no pueden cumplir su misión de combatir la violencia de género y mejorar la atención en salud. La retórica gubernamental presume priorizar a los sectores más vulnerables y se ha autoproclamado como “el gobierno más feminista de la historia”, pero en los hechos se ha debilitado a uno de los pocos programas enfocado en acompañar a las mujeres indígenas y afromexicanas desde hace 20 años.

El origen de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana
En México viven 23.2 millones de personas indígenas —el 19.4 % de la población total del país— así como 2.6 millones de personas afrodescendientes. Se estima que el 51.4% de las personas indígenas y 50% de las afroamericanas —11.9 y 1.3 millones, respectivamente— lo que suma cerca de 13.1 millones de mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la incidencia de la pobreza en los municipios donde la mayoría de las personas son indígenas afecta 80% más a las mujeres que a los hombres. Esto puede explicarse, al menos en parte, con un rezago histórico no atendido en materia de acceso a la seguridad social, la educación y los servicios de salud.

Ante esta situación, en 2003 fueron creadas las Casas de Salud para las Mujeres Indígenas, predecesoras de las CAMIA. El programa comenzó como un proyecto piloto de cinco centros por parte de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), encabezada en ese entonces por Xóchitl Gálvez, para introducir herramientas y conocimiento acerca de la prevención y atención a la violencia familiar, la salud sexual y reproductiva, así como traducciones y acompañamiento en trámites y citas en diferentes instituciones. Las cinco casas iniciales se instauraron en: Chalchihuitán, Chiapas (zona tzotzil); Matías Romero, Oaxaca (zona mixe y zapoteca); San Mateo del Mar, Oaxaca (zona huave); Ometepec, Guerrero (zona amuzga y mixteca) y Cuetzalan, Puebla (zona nahua). Hoy en día todas siguen operando.

Para 2014 el proyecto de las CAMIA había crecido y contaba con veinticuatro casas operando. Al final del mandato de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el Programa de los Derechos Indígenas de la CNPI, se tenía un registro de veintinueve casas en operación. Desde hace veinte años, miles de mujeres se han beneficiado directa e indirectamente de este proyecto que utiliza a la comunidad como tejido esencial para ejecutar sus actividades. Hoy en día hay casas que, además de proporcionar los servicios antes mencionados, expandieron sus formas de ayudar a las mujeres. Por ejemplo, la casa Zihuachikahuac en Chilapa de Álvarez, Guerrero, realiza acompañamiento a las mujeres trabajadoras del hogar para acceder a sus derechos laborales, como el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En 2019, mediante un decreto presidencial, la CNPI cambió de nombre y estructura, convirtiéndose en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). El objetivo de este cambio fue fortalecer la atención y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México. Al pasar de ser una comisión a un instituto, el gobierno buscaba otorgarle una mayor autonomía y capacidad operativa para implementar políticas y programas que respondieran de manera más efectiva a las necesidades y demandas de los pueblos indígenas.

Presupuesto
Entre 2019 a 2022 el presupuesto de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana se ha reducido un 30%. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, cada vez son menos los recursos que se destinan a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas.

En el 2020, por ejemplo, con la llegada de la pandemia de covid, las CAMIA sufrieron una reducción del 75% de su presupuesto después de las medidas de austeridad proclamadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, debido a presiones de diversos sectores, como las mismas CAMIA, organizaciones de la sociedad civil y diputadas, se les entregó un 50% del presupuesto acordado en el mes de agosto del 2020. La Red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana publicó un boletín en el que indicaba que las CAMIA debían modificar sus propuestas de trabajo para obtener el financiamiento. Al final, las administradoras de las casas mencionaron que seguirían luchando para obtener un presupuesto digno para poder atender los objetivos que se han propuesto desde su creación.

A pesar de los esfuerzos y los veinte años de trayectoria que ha tenido el proyecto, las CAMIA no representan ni el 1% del presupuesto total del INPI. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el dinero orientado a este proyecto apenas alcanza un 0.75% del presupuesto total del Instituto.

La mayoría de las CAMIA obtienen su financiamiento únicamente del INPI. Sin embargo, algunas reciben recursos adicionales del Fondo Semillas, fondeadora mexicana que recauda dinero para diversas organizaciones que trabajan temas de derechos humanos. El financiamiento federal al que acceden las casas depende de la fase en que se encuentren: inicial, con hasta 700 000 pesos anuales; fortalecimiento, con hasta 850 000 y, finalmente, consolidación, con hasta un millón de pesos. Además, las CAMIA pueden solicitar montos adicionales de hasta 100 000 pesos, independientemente de la fase en la que se encuentren, para poder realizar mejoras a la infraestructura del inmueble y comprar equipamiento, de acuerdo con las reglas de operación del INPI.

Es importante señalar que las CAMIA, como todos los proyectos del Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), son considerados estímulos más que programas sociales, ya que son recibidos como resultado de una convocatoria. La emisión de dicha convocatoria se realiza dentro de los primeros meses del ejercicio fiscal. La dictaminación y celebración de convenios se ejecuta después de 45 días. No obstante, las administradoras de las CAMIA han expresado que dichos plazos afectan la planeación de sus actividades, ya que son entregados aproximadamente entre los meses de abril y junio, cuando la mitad del año ya transcurrió. Además, como hemos señalado, dichos pagos no son suficientes para las casas y para que las administradoras cumplan con los objetivos que se han propuesto. No obstante, continúan trabajando a pesar de no contar con los recursos.

Esta labor que no recibe el financiamiento necesario es un claro ejemplo de la cultura patriarcal del trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado es el trabajo que se efectúa sin ningún tipo de compensación económica. En su mayoría son labores de cuidado necesarias, como lo son, en este caso, el cuidado de las mujeres en situación de violencia, refugios para familias vulnerables, acompañamiento a servicios de salud, legales y judiciales. Las administradoras y trabajadoras de las CAMIA hacen uso de la red comunitaria para poder seguir trabajando.

Por poner un ejemplo, al no tener recursos para poder impartir talleres sobre sexualidad, las trabajadoras de la Casa Ve’e Naxihi en San Quintín, Baja California, acuden a la casa de alguna de las mujeres de la comunidad para poder tener un espacio para impartir el taller. Estas actividades son vitales para el bienestar de las mujeres y de su comunidad.

Las administradoras de las CAMIA entrevistadas señalaron que el financiamiento es insuficiente para costear en tiempo y forma los servicios que se ofrecen, como el pago a las servidoras de los grupos multidisciplinarios, abogadas, psicólogas, traductoras, parteras, etc., el acompañamiento a las mujeres violentadas y refugio a familias en situación de vulnerabilidad. Además, la mayoría de las ocasiones, los recursos son entregados hasta abril o mayo, lo cual dificulta el funcionamiento de la casa en los primeros meses del año.

De acuerdo con Yaneth Herrera, directora de derechos de las mujeres indígenas del INPI —también entrevistada para esta pieza—, las casas no acceden a mayores recursos porque no cumplen con los requisitos necesarios. Señaló que las casas cuentan con el apoyo de los centros de coordinación, los cuales fungen como vínculo entre el Instituto y las casas, para poder guiarlas en trámites como el llenado de las solicitudes de apoyos. Sin embargo, no muchas acceden, ya sea por la falta de solicitudes o por no cumplir con los requisitos necesarios. Asimismo, reafirmó el compromiso que tiene la presente administración con las mujeres de las comunidades indígenas y con la defensa de sus derechos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que, a pesar del presupuesto que tienen las CAMIA, hay otros programas a los cuales acceden las personas indígenas. El CONEVAL realizó un monitoreo al Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), del cual emana el presupuesto de las CAMIA, en el cual recalcó que «el presupuesto asignado al programa es insuficiente para dar atención a todas las necesidades y demandas de los pueblos y comunidades indígenas del país». No solo es deficiente el presupuesto para las CAMIA. sino que para los demás proyectos del PROBIPI que están destinados al bienestar de los pueblos indígenas, este también es insuficiente.

No pueden realizar acciones
Después de 2020, el momento de menor presupuesto por la pandemia, la situación no ha mejorado para las CAMIA. De hecho, se mantiene la tendencia a reducir el presupuesto de las casas, lo cual ha generado que cada vez más disminuyen las tareas y ayudas que pueden realizar. En diversas entrevistas, las administradoras de las casas mencionaron que no tiene sentido inaugurar más casas si estas no cuentan con el financiamiento necesario para atender a las mujeres cómo se debe.

Además de la reducción presupuestal, la cobertura de las CAMIA no ha llegado hasta donde se había estimado. Una de las metas oficiales del gobierno federal fue contar con sesenta casas para el final del sexenio actual, de acuerdo con el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024. Conforme a este documento, para 2023 se deberían contar con 45 CAMI, pero esto no ha sucedido. La cifra se mantiene en 35 casas. No obstante, de acuerdo con la entrevista con la directora, el objetivo del INPI es fortalecer las casas, no expandirlas.

También es interesante notar que el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024 mencionaba que para 2018 existían únicamente cinco casas, pero de acuerdo con información del Instituto de los Pueblos Indígenas había veintinueve. Una posible explicación para esta contradicción de información es el financiamiento que reciben las casas: algunas de ellas, al no poder sobrevivir con el presupuesto federal, recurren a programas como el Fondo Semilla, el cual financia, por ejemplo, a la Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi en San Quintín, Baja California.

Conclusión
Las CAMIA han sido espacios fundamentales para atender la salud reproductiva de las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes en México. Sin embargo, durante la presente administración, han experimentado un recorte significativo en su presupuesto, lo que ha generado obstáculos para su funcionamiento y ha afectado la protección de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas.

A pesar de los esfuerzos y el compromiso de las mujeres al frente de las casas, la reducción del presupuesto ha dificultado el acceso a servicios esenciales, tales como asesoría legal, acompañamiento en trámites y citas, así como talleres sobre salud sexual y reproductiva. La falta de recursos también ha impactado en la infraestructura y la capacidad para brindar refugio a mujeres en situación de violencia.

Es crucial destacar que el trabajo no remunerado realizado por las administradoras y trabajadoras de las CAMIA es un claro ejemplo de la cultura patriarcal que perpetúa la desigualdad de género. A pesar de las dificultades y la falta de financiamiento, estas mujeres continúan luchando por el bienestar de las mujeres en sus comunidades, demostrando su valioso aporte a la sociedad.

En conclusión, es importante que el gobierno reconozca la relevancia de las CAMIA y destine recursos suficientes para garantizar su funcionamiento efectivo. La inversión adecuada en estas instituciones es esencial para combatir la violencia de género y atender las necesidades de salud de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

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