RFInforma / Ciudad de México / lunes 12 de junio del 2023

Redacción.-

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos-Farjat, propondrá esta semana que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compense económicamente a una familia en Nuevo León.

La indemnización se debería a la ejecución de un matrimonio a manos de un soldado, quien fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado.

La ministra ha divulgado el proyecto de sentencia en el cual propone otorgar amparo a la familia de las víctimas que fallecieron el 3 de marzo de 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, en el contexto de la denominada «guerra contra el narcotráfico».

En dicho proyecto, la ministra establece la aplicación de una «regla de imprescriptibilidad» en estos casos, la cual tiene como objetivo preservar la memoria de las víctimas y garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a una reparación integral del daño.

QUÉ SUCEDIÓ
Según el asunto, aproximadamente al mediodía del día mencionado, la pareja acababa de salir de las instalaciones de la empresa Delphi, donde trabajaban, para almorzar. Su automóvil estaba estacionado a pocos metros de distancia, y justo cuando estaban a punto de subir, dos individuos pertenecientes al crimen organizado, quienes huían a pie después de un enfrentamiento con militares, abordaron el vehículo en los asientos traseros.

Momentos después, ante el avance militar, los dos criminales bajaron del vehículo y huyeron en direcciones opuestas. Ambos fueron abatidos.

Cuando el fuego cesó, la mujer y su esposo, quien resultó herido por el fuego cruzado, salieron del lugar para resguardarse y se encontraron con un militar.

Ella le pidió auxilio para su esposo, pero el militar respondió a ese llamado con disparos. Asesinó a ambos y lo presumió a sus compañeros gritando: ya me eché a dos”, detalló.
La ministra proporcionó detalles de que los cuerpos de la pareja quedaron en el suelo sin armas. Sin embargo, poco después, un miembro de las fuerzas armadas los movió de su posición original y les colocó armas, incluso a ella le pusieron un cinturón de equipo, con el objetivo de aparentar que eran miembros del crimen organizado y tratar de encubrir el error cometido.

ESCRITO DE RECLAMACIÓN
Un día después de los hechos, la Cuarta Región de la zona militar difundió un comunicado para explicar los hechos, el cual señalaba un combate con integrantes de la delincuencia organizada cuyo saldo fue de “cuatro delincuentes” abatidos.

Fue el 31 de mayo de 2016, la hermana de una de las víctimas, así como otros familiares, presentaron un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante la Sedena.

La petición no fue respondida de manera expresa y oportuna por la Sedena, “por lo que se configuró la negativa ficta y, los solicitantes, reclamaron su nulidad en un juicio contencioso administrativo”.

La autoridad responsable, en su sentencia, determinó que se aplicó el plazo de dos años para ejercer el derecho a reclamar la indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Por otro lado, en un amparo directo, un tribunal colegiado declaró que dicho precepto era inconstitucional y aplicó el plazo general de 10 años estipulado en el Código Civil Federal.

“Lo narrado evidencia que la privación de la vida de la pareja, producto del uso injustificado y excesivo de la fuerza, reúne los elementos de una ejecución extrajudicial: privación arbitraria de la vida de una o más personas; cometida por agentes del Estado encargados de realizar tareas de seguridad”, agrega el proyecto de Ríos-Farjat que se someterá a discusión.

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