Por Rodolfo Franco

El sexenio del presidente López Obrador ha sido el del empoderamiento del ejército, institución que desdeñó en campaña asegurando que debía regresar a los cuarteles, y al asumir la banda presidencial reculó, los ha encumbrado económicamente y con decretos los convirtió en empresarios, buscando despojar a los empresarios neoliberales que tanto odia de las actividades productivas, restándoles poder fáctico derivado de su dinero, mermándoles control sobre actividades estratégicas en la productividad del país, como las vías férreas (léase Ferrosur) y los bancos (léase City Banamex) y tal vez, buscando acercarse a los modelos cubanos o venezolanos donde el ejército controla todo.

Ya hemos realizado en otros artículos la luenga relación de actividades del ejército mexicano, comenzaron de albañiles y terminaron de aviadores, hablando de los que vuelan los aviones, no los que compensan las nóminas de los generales.

El 5 de diciembre del 2022 López anunció que los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Campeche estarán bajo el control de la Secretaría de la Defensa, y adelantó la creación de la línea aérea que también operarán, bajo el argumento populista de tener una mayor oferta de vuelos y boletos más económicos.

Los aeropuertos del sureste del país se unirán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que ya es operado en su totalidad por el Ejército y al Nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carillo Puerto’.

Trascendidos publicados la semana pasada, señalan que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ya está en trámites para buscar “operar” los aeropuertos de La Paz y San José del Cabo en Baja California. Para satisfacer el voraz apetito de la milicia cebada por la 4T, el pasado jueves se confirmó que por instrucciones del presidente la renovación de la concesión del Aeropuerto Internacional del Norte (ADN) fue negada. Las autoridades federales aprovecharon para anticipar que la concesión próxima a vencer el 12 de agosto, no le será renovada a la Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos.

Ante la información el medio de comunicación península digital entrevistó personal de la Secretaría de Gobernación sobre si la decisión también podría alcanzar al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), quienes operan doce aeropuertos en el país, incluidos los de Los Cabos y La Paz, la respuesta fue contundente; “Hay avances en el tema de ambos aeropuertos; en Baja California Sur ya se tiene el aeropuerto de Loreto; y los aeropuertos de La Paz y Los Cabos ya están pedidos”.

El presidente al alimentar a la Sedena con innumerables encomiendas reservadas a la iniciativa privada, y por ende lucrativas, ha logrado crear una peligrosa rivalidad entre la elite de la Marina con la Sedena, razón por la que ahora entregó el Aeropuerto de Ciudad del Carmen a la Secretaría de Marina. También se les asignaron los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón, ubicados en Sonora, sumado a los trabajados de vigilancia que realiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) así como en los aeródromos de Cancún y Cozumel, en Quintana Roo; Mérida y Chichen Itzá, en Yucatán, y de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

En la historia reciente del país más de quince líneas aéreas han quebrado, porque la demanda de vuelos no depende de un decreto, sino de la correlación de fuerzas del mercado, y las experiencias indican que lo que el gobierno administra siempre termina por fracasar.

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