RFInforma / Ciudad de México / martes 23 de mayo del 2023

Redacción.-

El presidente López Obrador ha mencionado varias veces que en su gobierno ya se acabó la corrupción y no hay impunidad. En sus mañaneras, ha expresado que “el que la hace, la paga. No es de que se comete un crimen y hay impunidad. Puede ser que lleve tiempo porque hay que hacer investigaciones, pero se trabaja todos los días”. Sin embargo, ¿es cierto que el que la hace la paga? La desafortunada realidad es que en México sigue habiendo altísimos niveles de impunidad y de corrupción: lo mismo en los delitos que sufre la ciudadanía de manera cotidiana, como en los grandes casos y escándalos de los últimos años, los del sexenio de Enrique Peña Nieto y los del actual gobierno.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en el 93.2% de los delitos que se cometieron en 2022 no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. En los delitos específicos de corrupción, una investigación realizada por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey encontró que, entre 2019 y 2021, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR recibió 4,566 denuncias, pero obtuvo cero sentencias condenatorias. Cero.

Ante el panorama de impunidad prácticamente garantizada en los delitos de corrupción, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad elaboramos el proyecto del Tablero de la Impunidad. Se trata de un esfuerzo para mejorar el entendimiento de qué está pasando en los grandes casos de corrupción, de este sexenio y del pasado, al identificar qué ha pasado con cada uno de los presuntos responsables y registrar los avances específicos de sus procesos en el sistema de justicia. El objetivo es saber cuánto nos falta para abatir la impunidad.

Analizamos 16 casos de corrupción a nivel nacional. Nueve casos son del sexenio actual: los desvíos en Segalmex, el desplome de la Línea 12 del Metro, los escándalos de corrupción relacionados con la familia del presidente, los presuntos abusos de poder del fiscal Gertz Manero, el desvío de recursos en la CONADE, los contratos de medicamentos a empresas del exsuperdelegado Carlos Lomelí, los negocios con empresas fantasma en la cooperativa Cruz Azul, los moches en el DIF y las irregularidades dentro del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP). Siete casos son del sexenio pasado: la Estafa Maestra, los sobornos de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados, la Operación Safiro, los diezmos de Delfina Gómez en Texcoco, el espionaje con Pegasus y los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). Todos los casos tienen un factor en común: la impunidad.

Para este proyecto realizamos un análisis de notas periodísticas, expedientes judiciales y sentencias del Poder Judicial de la Federación de las personas presuntamente involucradas. Esto, para poder describir el avance en la línea jurídica de cada proceso penal o procedimiento administrativo que las personas presuntamente involucradas habían enfrentado. Además, creamos una metodología de seguimiento del proceso penal. Sintetizamos el proceso penal en 24 casillas. Si una persona llegaba a la casilla 24, relativa a una sentencia, el proceso contaba con 100% de avance. Para los casos donde hubo procedimientos administrativos realizamos una analogía con las etapas del proceso penal.

Una vez recabada la información oficial, proveniente de las autoridades jurídicas o administrativas, y la periodística sobre los procesos que enfrentaron los presuntos responsables, construimos la línea procesal de cada caso y con base en los diferentes porcentajes de avance de cada presunto responsable promediamos el avance general de cada caso de corrupción. Al final, encontramos que ha habido muy pocas sentencias en materia penal y, en general, el porcentaje de avance de los casos es muy bajo.

Para evaluar los niveles de impunidad de los dieciséis casos de corrupción, analizamos más de mil expedientes judiciales. En total, encontramos a 224 personas presuntamente involucradas. El avance promedio de los casos es de 24%, —donde el 100% es la sentencia—. En los 224 casos revisados, sólo encontramos ocho sentencias condenatorias en materia penal. Además, es importante resaltar que estas sentencias fueron en materia local (todas en Chihuahua). Es decir, en materia federal, no encontramos ni una sentencia condenatoria en materia penal. Esto implica que sólo en el 3.77% de los casos denunciados en materia penal se obtuvo una sentencia condenatoria. A pesar de la negligencia en las investigaciones,e tan solo en estos dieciséis casos documentamos desvíos que suman alrededor de 26.7 mil millones de pesos. El hallazgo central es simple: la impunidad es la variable constante en los casos de corrupción a nivel nacional.

Ahora bien, para mostrar algunos ejemplos de nuestros hallazgos, podemos analizar los casos más emblemáticos del sexenio actual y del sexenio pasado: el caso de Segalmex y la Estafa Maestra.

El caso de Segalmex es el mayor desfalco documentado en México, hasta ahora. Los desvíos acumulan 15,300 millones de pesos. Este organismo, Seguridad Alimentaria Mexicana, tiene el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria, distribuir productos básicos en comunidades rurales y elevar la productividad del campo mexicano. Es decir, tiene el objetivo de ayudar a la población en situación de vulnerabilidad, sin embargo, lo único que ha hecho ha sido desviar miles de millones de pesos. A pesar de que los desvíos y actos de corrupción fueron denunciados públicamente desde noviembre de 2020, no fue hasta el 2023 que se han visto avances significativos.

El avance general de este caso es de 24%. Identificamos a veintiún presuntos responsables, once personas han sido vinculadas a proceso y diez de ellas se encuentran en prisión preventiva, pero ninguna cuenta con una sentencia en materia penal. Sin embargo, lo que llama la atención es que pareciera ser que hay personajes intocables por su cercanía con el presidente. Por ejemplo, Ignacio Ovalle, quien era director de Segalmex, no ha enfrentado ningún proceso penal o procedimiento administrativo. Al contrario, sigue siendo servidor público. Actualmente es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), donde recibe un sueldo de más de 150 mil pesos al mes. Ovalle cuenta con el respaldo del presidente, quien ha mencionado que Ovalle “es una gente buena, desde mi particular punto de vista”. Lamentablemente, en el otro extremo de la justicia hay personas como Simón Escobar Copca, quien era jefe del almacén rural “La Luisiada” de Diconsa y le pagaban un sueldo neto de 14 mil 700 pesos al mes. Simón se encuentra en prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este caso nos demuestra que a veces los procesos penales no sancionan a los verdaderos responsables, sino a chivos expiatorios.

El segundo caso que analizamos es la famosa Estafa Maestra. Entre 2013 y 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se desviaron 7,670 millones de pesos a través de un esquema basado en la transferencia de recursos por parte de once dependencias gubernamentales a ocho universidades públicas, quienes después entregaron estos recursos a empresas fantasma, como lo documentó la investigación de MCCI. Así, el dinero desapareció. Al igual que en el caso de Segalmex, estos recursos debían llegar a la población mexicana que más lo necesitaba.Fue la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) una de las instituciones más involucradas en este desvío. En septiembre de 2023 se cumplen seis años desde que este caso salió a la luz; sin embargo, el avance en la investigación ha sido minúsculo.

En este caso localizamos a 81 presuntos responsables. El avance general del caso es de 21% y no ha habido ni una sentencia condenatoria en materia penal, pese a que siete personas llegaron a estar vinculadas a proceso. Tenemos que resaltar que en este caso Rosario Robles permaneció en prisión preventiva durante más de tres años por un delito que no ameritaba esta medida cautelar. Pareciera ser que Robles fue sólo una simulación para que el gobierno pudiera decir que estaba combatiendo la impunidad de este caso, cuando la realidad es que la Fiscalía General no ha realizado las investigaciones pertinentes para sancionar a todas las personas responsables. Todo indica que en este caso, al igual que en todos los demás, habrá impunidad maestra.

Estos dos casos son sólo una pequeña muestra de la realidad del país: ni la corrupción ni la impunidad se han terminado. Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad creemos que es de vital importancia investigar qué sucede con los casos de corrupción y que la autoridad demuestre con hechos su compromiso por combatir la impunidad. Por esto, les invitamos a visitar nuestra investigación completa, que iremos actualizando conforme avancen los casos, si avanzan: El Tablero de la impunidad. Así pueden confirmar que, por desgracia, aunque el presidente repita que la corrupción se ha terminado, la realidad es otra muy diferente.

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