Juez federal otorga suspensión provisional contra impresión de libros de texto gratuitos
La organización exigía el cese en la impresión de libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas vigentes
RFInforma / Ciudad de México / lunes 22 de mayo del 2023
Redacción.-
Un juez federal otorgó una suspensión provisional contra la impresión de libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas autorizados para el ciclo escolar 2023-2024, demanda que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia contra la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El juzgado de Distrito en Materia Administración en la ciudad de México señaló que la resolución ordena a la SEP y a la Comisión Nacional de Texto Gratuito verificar que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la publicación de los libros de texto gratuito.
“La suspensión se concede para que las autoridades responsables (Secretaría de Educación Pública y Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito), dentro de su esfera competencial, antes de continuar con la edición, impresión y entrega de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023- 2024, verifiquen que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio, y para la publicitación de los libros de texto gratuitos, que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa; así como de la puesta a disposición de aquellos libros en términos de lo previsto en la ley”, indicó en la resolución.
Además, explicó que al priorizar el interés superior de la infancia, las autoridades federal deberán adoptar las medidas que estimen pertinentes a fin de que, de no haberse observado las reglas en comento para la aprobación de unos (planes y programas) y otros (libros de texto gratuitos), se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.
Exhortó también a que se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes, programas y libros.
“A fin de salvaguardar el derecho a la educación, deberán implementar los mecanismos necesarios para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los programas y planes que hayan sido aprobados para el ciclo 2023-2024”, indicó el juez federal.
Detalló que esta suspensión provisional no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía.
El juez federal señaló que la demanda de la Unión Nacional de Padres de Familia se vincula la violación de derechos no sólo en el entorno individual, sino en el colectivo, principalmente, relacionados con el derecho a la edición pública y gratuita.
La organización exigía el cese en la impresión de libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas vigentes, así como para que en su caso se paralice la pretendida distribución de dicho material, dada su falta de cumplimiento con los programas vigentes.
Además, pedía que se ordene la publicación de la lista de libros de texto aprobados conforme a planes y programas vigentes, así como de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del Acuerdo por el que se expidió el Plan de Estudios publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de agosto de 2022.
En marzo pasado, Latinus reveló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja a marchas forzadas para terminar los libros de texto gratuito que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere dejar como legado ideológico de su gobierno.
Para hacerlo, la SEP ha saltado todos los procesos y obligaciones que el mismo gobierno de AMLO estableció en su reforma educativa llamada Nueva Escuela Mexicana.
Especialistas consultados por Latinus aseguran que ya hay millones de libros de texto impresos, pero que no podrán distribuirse el próximo ciclo escolar porque no han sido revisados por los estados, los maestros y los padres de familia, como lo obliga la reforma.