Por Rodolfo Franco

Resultaría ingenuo pensar que la empresa concesionaria se iría a la conclusión del título de la concesión, sin buscar una opción. Solo el Municipio y la Concesionaria saben a ciencia cierta que hay detrás de las auditorías, anexos al título, adendum’s, archivos epistolares y largas charlas que finalmente llevaron al divorcio de dos entes que sirvieron a la sociedad y se sirvieron, pero como no existe fecha que no se cumpla y plazo que no se alcance, el 23 de octubre de acuerdo a lo previsto por el municipio, comenzará la Ccapama a operar y administrar el sistema que la concesionaria habrá de entregar.

Empero, como señalan los juristas, es aquí donde se centra la litis que se avecina. La Concesionaria mostró inconformidades por especificas condicionantes establecidas en el proceso de entrega recepción planteadas por el Municipio, así como quién le recibirá.

Señalan los quejosos que la condición del Municipio en caso de no entregar metodologías, sistemas y know how (experiencia y habilidades de la empresa), digamos sus patentes y desarrollo del conocimiento, serán denunciados penalmente, lo que significaría una exigencia desproporcionada, pero si esta fue desarrollada, auspiciada y pagada por el Municipio, sería comprensible el reclamo, por ello señalo que solo las partes en desacuerdo saben lo que carga el morral.

Por otro lado, ya existe la primera acción legal emprendida por la concesionaria en contra del Municipio, un amparo presentado en contra de la designación del ente que va a recibir, la concesionaria señala que es el Municipio su contraparte y no la Ccapama, por lo que ahora será un Juez quien determine primero si admite la demanda de la empresa, luego si obsequia la suspensión del acto, es decir ‘congelar’ el proceso de entrega recepción en tanto que el Juez entra al fondo del asunto y determina quién tiene la razón.

Mientras la administración de Leo Montañez ya tomó la firme decisión de asumir la operación de las líneas de agua potable y alcantarillado, la concesionaria presentó su “Proyecto de Transición para la prestación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Municipio de Aguascalientes para el periodo 2023-2028”, ofreciendo acompañar al Municipio para tomar la rectoría del servicio de forma adecuada, ordenada y en tiempo, planteando soluciones técnicas, solución al servicio al cliente y una inversión de 447 millones de pesos en áreas estratégicas para mejoras en el servicio y recuperación de caudales, sin embargo su propuesta fue como un grito en el desierto, desde el municipio no respondieron.

Para lograr la concesionaria una prórroga de 5 años, invocaron lo establecido en la condición cuarta del Título de Concesión, que determina la posibilidad de prorrogar en el entendido que el concedente (Municipio) tenga un plazo de 180 días, contados a partir de la solicitud hecha por el concesionario para resolver. También se deben cumplir dos condiciones sine qua non; Prevalecer las causas de imposibilidad del Municipio para la prestación del servicio, y la obtención de la autorización del Congreso local.

La segunda causa ya la activaron, se presentó la solicitud al Congreso, y la primera, la fundamental, a juicio de la concesionaria, el Municipio no está preparado para operar a través de la Ccapama, porque la Ccapama solamente cuenta con facultades de vigilancia, más no de operación.

Lo cierto es que de judicializarse el proceso de entrega recepción, se ‘enturbiará el agua’.

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