RFInforma / Nuevo Laredo / viernes 24 de marzo del 2023

Redacción.-

La recomendación por uso excesivo de la fuerza, violaciones graves de los derechos humanos y a la vida, que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de cinco personas a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, incurrió en omisiones.

Así lo dejó saber el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado en el que aseguró que como parte de las recomendaciones la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, si bien encontró responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, también encubrió la cadena de mando.

La organización dirigida por Raymundo Ramos, alentó que entre las omisiones que se documentaron también se encontró que se omitió la alteración de evidencias y la privación arbitraria de la vida hacia dos jóvenes, identificados como Gustavo Ángel y Jonathan Amos.
“En esta recomendación de la CNDH se encubre la actuación del capitán segundo de Caballería, Elio Conde Toledano y de los mandos superiores que tuvieron conocimiento de los hechos, como lo es el General Jorge Goználiez Gálvez”, aseguró Raymundo Ramos en el pronunciamiento emitido el 22 de marzo.

En ese sentido, se señaló que no hay duda de que la recomendación 95VG/2023 fue emitida para “complacer” a la Sedena y que, incluso, es posible que esta se haya redactado por el mismo departamento jurídico de la dependencia castrense.

“Así de grande es el sometimiento de la CNDH”, aseguró el Comité local.

También se reclamó que la CNDH no considere las denuncias que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió sobre el caso, pues en el documento que la CNDH hizo público el 22 de marzo, se tomó en consideración el monitoreo de medios de comunicación para abrir el expediente de queja.

Se sumó a ello el que el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó al lugar del ataque seis días después de los ataques contra los jóvenes. Esta comitiva, dijo, estuvo integrada por cuatro abogados, pero no por psicólogos, personal que se consideró necesario para atender a víctimas sobrevivientes y a los familiares de quienes fallecieron en la agresión.

Tampoco se registró el arribo al lugar de peritos para documentar los daños a la viviendas aledañas, pues muchas de ellas registraron impactos de bala en paredes e incluso en muebles y electrodomésticos; así como en un vehículo particular, que también resultó afectado.

En su comunicado, el Comité local dijo que la CNDH tampoco documentó las amenazas que se presentaron en contra de los familiares de Gustavo Ángel, cuando militares se presentaron en su domicilio y los acusaron de pertenecer a un grupo criminal. Esto mismo ocurrió con familiares del sobreviviente, identificado como Alejandro.

Raymundo Ramos precisó que tampoco se dirigieron recomendaciones por los disparos que los elementos del Ejército realizaron, entre ellos el teniente de Caballería, Walter Abel Castro Guzmán, con lo que se puso en riesgo a la población civil.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dijo que será en los próximos días cuando se dará cita en el Senado de la República para solicitar a Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, una comparecencia de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

La versión de la Sedena en torno a este caso señaló que los agentes escucharon un estruendo, a lo que respondieron accionando sus armas de fuego. Todo ello, después de que se percataron de una camioneta que viajaba a exceso de velocidad, con las luces apagadas, sin placas y con siete personas a bordo.

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