RFInforma / Jalisco / sábado 18 de febrero del 2023

Redacción.-

Jalisco es el estado donde más personas desaparecen en México. Del registro oficial de 110 mil 662 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país, la entidad reporta 15 mil 042, es decir, el 13.6 por ciento a nivel nacional.

Aunque las primeras 72 horas son fundamentales en la búsqueda de una persona, la omisión, la falta de recursos, de personal y de capacitación por parte de las autoridades estatales a la hora de reportar y presentar una denuncia son algunos de los principales obstáculos para las familias.

Pese a esta crisis humanitaria, la ASF señala que desde 2018, Jalisco no ha comprobado más de 5 mil millones de pesos que recibió de la Federación, de los cuales, 45 millones corresponden al fideicomiso “Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco”, creado para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, fundamental para que haya justicia en este delito.

La colonia El Refugio está a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en automóvil. Se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a un costado del Periférico Oriente, en el estado de Jalisco.

En un terreno baldío de esa zona, donde las calles están sin pavimentar y hay construcciones en obra negra, un grupo de mujeres y algunos hombres se reúnen con palas, picos y varillas. Están acompañadas por elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda y custodiadas por miembros de la Guardia Nacional.

Son integrantes de dos colectivos que buscan a sus desaparecidos –Luz de Esperanza y Buscando Corazones en Jalisco–, quienes tras ser informados de que en ese sitio presumiblemente hay cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada, acuden en su búsqueda para, tal vez ahí, encontrar a sus seres queridos.

El sol del mediodía quema y el olor a basura es insoportable. Las y los buscadores, quienes usan playeras con el rostro de sus desaparecidos y gorras o sombreros, rastrean indicios de restos humanos: limpian parte del terreno con la pala y luego insertan en la tierra una varilla puntiaguda que posteriormente acercan a su nariz. Si huele a muerte, escarban con el pico.

El área de búsqueda incluye parte de un canal de aguas, seco por la temporada invernal, con maleza marchita, bolsas de basura y restos de animales. A unos metros arriba, en el terreno árido, hay rastros de pasto quemado, huesos cortados de vaca, botellas y residuos de platos de barro. Uno de los familiares dice que se trata de un ritual de santería para evitar que los restos humanos sean descubiertos.

Es el 30 de enero de 2023 y es una de las primeras jornadas de búsqueda del año en Jalisco, entidad que se ha convertido en una enorme fosa donde cada año desaparecen de manera forzada cientos de personas. Miles, de manera extraoficial. El estado está sobrepasado y quienes realizan el trabajo de búsqueda e investigación son las familias de las víctimas, agrupados en más de 20 colectivos en el estado.
Nuevo Sistema, más desaparecidos

La desaparición forzada es uno de los problemas más graves en México y Jalisco encabeza este delito. Los datos históricos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) indican que, hasta el 7 de febrero de 2023 hay un total de 110 mil 662 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. Tan solo este estado tiene 15 mil 042, es decir, el 13.6 por ciento.

La cifra comenzó a crecer de manera alarmante en Jalisco a partir del año 2000. De 8 personas reportadas como desaparecidas ese año, pasó a 20 en el 2001 y a 36 en 2002. Para el año 2003 fueron 56, hasta alcanzar su punto máximo de 2019, con 4 mil 791.

Incluso, en su memoria y como un reclamo a las autoridades, la Glorieta de los Niños Héroes, en Guadalajara, antes punto de celebración, fue rebautizada en 2018 como la Glorieta de las y los desaparecidos, llenándose de cientos de rostros con sus datos de búsqueda.

Aunque de 2020 a 2023 se registró una disminución respecto a 2019, según los datos oficiales, en esos tres años han desaparecido 8 mil 39 personas. No obstante, colectivos y organizaciones señalan una cifra negra de hasta el 80 o 90 por ciento, ya que muchas familias no denuncian por el miedo al crimen organizado y a las autoridades.

En contraste, hasta julio de 2022 el estado de Jalisco solo había logrado 11 sentencias condenatorias: seis cometidas por desaparición por particulares y cinco por desaparición forzada, según la respuesta que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas le dio al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) vía transparencia.

“En comparación con las cifras totales, de más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco, demuestra una impunidad amplia. Y además la impunidad que consideramos estructural”, dice Anna Karolina Chimiak, codirectora del Cepad, una organización civil que acompaña a las víctimas de desaparición en la entidad e impulsa sus procesos de acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.

El delito de desaparición de personas está relacionado con las estructuras de macrocriminalidad en Jalisco, que implica las relaciones, convivencias o apoyos que existen entre los grupos criminales y las autoridades a nivel estatal y municipal, lo que ha permitido el crecimiento de los primeros en los últimos años, explica.

En Jalisco, el grupo delictivo predominante es el Cartel de Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los más peligrosos en México y un objetivo prioritario para Estados Unidos.

Otras de las causas de la desaparición de personas son las diversas dinámicas del estado para no brindar información, no esclarecer los hechos, así como manipular estadísticas y la información pública, lo que se relaciona con la corrupción y la colusión que existe entre los grupos criminales y las autoridades, agrega Chimiak.

Pese a la gravedad del problema, menciona, cuando desaparece una persona, la primera acción de los familiares es denunciar ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero en muchas ocasiones la respuesta es no abrir la carpeta de investigación de inmediato.

Suelen pedir un tiempo de espera de 48 o 72 horas, responder que la persona seguramente se va a encontrar, utilizar el discurso criminalizante de que quien desaparece estaba involucrado en actividades ilícitas del crimen organizado o discursos basados en prejuicios de género –si se es mujer– como que se fue con el novio.

Esto, aún con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Jalisco, desde 2016, el cual transformaría el Sistema Tradicional de Justicia Penal Adversarial y Acusatorio a un Sistema de Oralidad, que priorizaría la garantía de los derechos humanos a través de procesos penales transparentes y ágiles, según el Gobierno estatal en su comunicado del 31 de mayo de ese año.

Se anunció la construcción de 29 salas de control y oralidad en los 12 distritos judiciales del estado, el diseño de un sistema informático para una actuación equipada y eficaz de todos los actores del sistema y la capacitación de 23 mil 711 operadores, como policías, agentes del Ministerio Público, jueces, peritos y defensores.

El 20 de agosto de 2016, el Gobierno estatal abrió el fideicomiso “Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco”, siendo gobernador el priista Aristóteles Sandoval –asesinado el 18 de diciembre de 2020–, con 12.6 millones de pesos.

El objetivo de su creación fue el pago de sueldos y gastos inherentes a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de lograr la puesta en marcha del mismo.

Para 2018 –último año de Sandoval como gobernador y el primero del actual mandatario emecista Enrique Alfaro–, el Presupuesto estatal refleja que el Fideicomiso recibió un presupuesto de 50 millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no se comprobó el destino de 45 millones de pesos que recibió de participaciones federales.

No entregaron la documentación que aclarara y comprobara el uso del dinero, por lo que la Auditoría inició una acción llamada “Solicitud de Aclaración” con la que pide a la entidad que presente la información necesaria para atender esta observación. Hasta enero de 2023, el estatus continuaba “en seguimiento», respondió la ASF a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), vía transparencia.

ASF: fiscalizador opaco

El Fideicomiso “Nuevo Sistema de Justicia Penal y Juicios Orales del Estado de Jalisco” es parte de una lista de 23 instituciones (ejecutores del gasto) que en conjunto no comprobaron debidamente 5 mil 112 millones de pesos otorgados por el Gobierno federal, como documentó la ASF en su revisión a la Cuenta Pública 2018. (Auditoría de Cumplimiento 974).

A casi cuatro años de emitir esa solicitud de aclaración (2018-A-14000-19-0974-03-001), la ASF no sabe qué pasó con ese dinero, ni da paso a la siguiente acción, como es el pliego de observaciones.

En 2018, el Gobierno Federal entregó a Jalisco más de 55 mil 571 millones de pesos de participaciones federales, de los cuales 14 mil 353 millones fueron a municipios y 41 mil 353 millones se administraron por el estado, estos más el rendimiento financiero de 47 mil 984.5 pesos, dieron un total de 41 mil 401 millones de pesos.

De esta cifra, el Gobierno del Estado de Jalisco no aclaró ni proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de los 5 mil 112 millones de pesos, de los cuales pidió su aclaración.

“Por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (…) la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida…”, señaló la ASF.

MCCI solicitó a la ASF conocer el estatus de dicha solicitud de aclaración y su respuesta fue “En seguimiento”.

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco respondió que el estado de trámite de la solicitud es “con pronunciamiento emitido” y compartió una liga a la auditoría 974, la misma en la que la ASF emite la solicitud de aclaración al estado.

El sitio web de la ASF, en el apartado “Capacitación Institucional”, señala que la solicitud de aclaración es una acción preventiva, en la que se pide a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional para atender las observaciones. Les da un plazo legal de hasta 160 días hábiles –entre la notificación al ente auditado, la respuesta de éste y el pronunciamiento de la auditoría–.

Si no se atiende la acción, la consecuencia es la formulación de un pliego de observaciones, que es una acción correctiva, en la que “La ASF determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos”, se lee.

En Jalisco no se ha aclarado el destino de los más de 5 mil 112 millones de pesos de la Cuenta Pública 2018 y la ASF ha incumplido la Ley de Fiscalización al no tomar acciones. Mientras, miles de familias esperan que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sea una realidad en la práctica para prevenir y castigar éste delito y se tengan los recursos humanos y materiales para encontrar a sus desaparecidos.

Ante el alto número de desaparecidos en Jalisco, hace falta personal especializado en la materia que puedan atender todas las investigaciones, dicen las familias, porque los ministerios públicos están sobrecargados de trabajo, los casos se acumulan sin avances y muchos realizan un trabajo ineficiente. Sólo presionan a las autoridades para tener algunos resultados los casos muy mediáticos o que las familias se unan a colectivos.

Ignorar a los desaparecidos

Las primeras 72 horas son cruciales para hallar a una persona desaparecida, pero la omisión, la falta de recursos y la negligencia de las autoridades cuando los familiares presentan una denuncia imperan y son algunos de los principales obstáculos en Jalisco.

“Las 72 horas iniciales son las básicas, en esas 72 horas la Fiscalía debe de ir al lugar de los hechos, levantar una perimetría, levantar peritajes, ver las posibles rutas de escape, pedir cámaras y videos al C5, C4 e incluso solicitarle a la Dirección de Análisis de Contexto que haga uno, porque tú lo necesitas en ese momento, no un año después. Y eso no está pasando (…) el trato es hostil para que la víctima no conozca sus derechos y no se acerque. Hay gente que le niegan hasta la denuncia inicial”, relata Héctor Rodolfo Flores González.

Él es secretario del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco. Vivió esa experiencia cuando su hijo Hector Daniel, de 19 años, fue sustraído de su casa por hombres armados que se identificaron como elementos de la Fiscalía estatal. Se lo llevaron sin una orden de aprehensión.

En la Fiscalía le dijeron que lo fuera a buscar al Penal de Puente Grande, pero el joven nunca estuvo ahí. “Para poder denunciar tardé 16 horas, me tuvieron 16 horas ininterrumpidas para ver si yo cambiaba (mi versión). O no sé lo que ellos querían”. Desde entonces Héctor Rodolfo se dedica a buscarlo, entre amenazas e intentos de secuestro.

“El Estado está rebasado, el Estado no quiere asumir la responsabilidad, no quiere decir que sí es un problema la desaparición. Como no es un problema, no lo trata como tal y lo quiere esconder. El Estado aquí en Jalisco solo ha tratado de desaparecer a sus desaparecidos en todos sus procesos”, acusa.

Liliana Meza, presidenta del mismo colectivo, también busca a su hijo Carlos Maximiliano desde el 22 de octubre de 2020, cuando siendo estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG) fue secuestrado en su casa por hombres armados que se identificaron como miembros de la Fiscalía. La amenazaron con un arma para que no interviniera y le dijeron que tenía una orden de aprehensión por robo, que lo buscara en Fiscalía Central.

“Es una mentira, no existe tal denuncia, tal orden de aprehensión. Me quedé esperando a los primeros respondentes en mi domicilio: llegan una hora después los (policías) estatales”.

No hay avances en sus casos, por lo que Liliana Meza, Héctor y otras familias conformaron el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, el 3 de octubre de 2021, el más nuevo de la entidad. Se enfoca no solo a la búsqueda post-mortem en fosas. También se define como una agrupación de derechos humanos que hace búsqueda en vida.

Al dolor que provoca la desaparición, las familias suman otros agravios y delitos como la extorsión.

Miguel Soto Martín estudiaba el octavo semestre y estaba por titularse de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuando fue secuestrado de su domicilio en el municipio de Tlaquepaque por un grupo de personas armadas.

“Por medio de marros rompieron las protecciones, ingresaron a la casa, se robaron pertenencias, una camioneta Toyota seminueva y a mi sobrino lo sustrajeron de la casa y lo subieron en un vehículo. Actualmente son 5 meses y medio que lo estamos buscando, no hemos tenido respuesta, solamente extorsiones por parte de grupos delictivos. Desde entonces lo buscamos, no nada más sus padres, sino toda la familia”, explica uno de sus familiares, que pide omitir su nombre.

El estudiante fue secuestrado el 15 de septiembre de 2022 de su domicilio y hay muchos casos parecidos en los últimos años.

“Ya no puedes estar seguro ni en tu casa, ya vive uno con miedo. Mientras no nos alcanzaba la inseguridad decíamos: esto nada más le pasa a las personas que hacen cosas malas. Verdaderamente mi sobrino era un estudiante y ahora, yo que soy trabajador, tengo miedo. La gente que es mala está armada y a nosotros no nos dejan ni armarnos”, dice.

Buscadores incansables

Esmeralda Quiroz Marín es de estatura baja y complexión delgada, tiene el rostro de su hijo Jesús Gerardo González Quiroz, de 24 años, estampado en la espalda de su playera negra. Lleva una gorra rosa y pantalón de mezclilla. Y pese al calor y al olor a podrido no deja de escarbar.

Una fosa se empieza a formar a sus pies. Está rodeada de otras mujeres y hombres buscadores y del personal de la Comisión de Búsqueda de Jalisco. Encuentran pequeños residuos oscuros entre la tierra y los colocan encima de un trozo de costal blanco.

De pronto, surgen lo que parecen ser pedazos de una mandíbula con dientes, que se suman a otros restos hallados. Esmeralda sigue escarbando. La mayoría de las buscadoras se han ido a descansar a la sombra de una lona o a hidratarse.

El sol es cada vez más intenso y el paisaje es árido y desolador. Pero Esmeralda y un grupo de ocho personas sigue con picos y palas. Toman fotos de los fragmentos acomodados junto a monedas para que se compare mejor su tamaño.

Envían las imágenes por whatsapp y esperan una respuesta que definirá las próximas horas. Si son restos humanos, vendrá el personal de la Fiscalía y los peritos para el procesamiento y levantamiento de un cadáver. Podrían terminar a la media noche o extenderse por días.

Pero la respuesta es negativa: son huesos de animales. La noticia pronto se extiende y alrededor de las 3 de la tarde se marchan. Las y los buscadores hablan de la próxima manifestación del 15 de febrero, de las pegas masivas de cédulas de identificación, de la siguiente búsqueda.

“Si te das cuenta todos los días hay desaparecidos, no hay un solo día que yo diga ‘este día no hubo personas desaparecidas’. La cifra ha sido de mayor a un extremo mayor”, dice Esmeralda, en entrevista, un día después de la búsqueda.

La acaban de amenazar por teléfono para que deje de buscar a su hijo, menciona.

Ella solo quiere que le digan dónde está. No emprenderá ninguna acción penal. Espera que alguien vea este reportaje y le dé noticias.

Desde que desapareció su hijo, Esmeralda se ha unido a diferentes colectivos y ha viajado a Colima y la Ciudad de México para difundir la cédula de búsqueda de Jesús Gerardo. Participa en las jornadas de búsqueda, como la del 30 de enero en la colonia El Refugio, en donde a pesar del sol y el cansancio, nunca paró.

“Si no es escarbando, es difundiendo en las redes, pegando su ficha”, describe.

Así es la vida de estas familias: Incansable.

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