Por Rodolfo Franco

“El crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable.”

Sir John Hurt

El cuarto año de gobierno de López Obrador se vio envuelto en otro escándalo de corrupción, la empresa paraestatal Birmex adquirió de manera irregular diversos medicamentos controlados, como fentanilo, morfina, propofol y midazolam, aprovechando la emergencia de la pandemia del Covid-19, medicamentos por los que se pagaron 82 millones de euros (1,700 millones de pesos aproximadamente) pero no fueron entregados y los que se recibieron no cuentan con certificados de origen ni permisos sanitarios, por lo que se encuentran almacenados y a punto de caducar.

Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A de C.V.) es una empresa de participación estatal, a la que el presidente López Obrador le encargó las adquisiciones de medicamentos para surtir al bodrio de sistema de salud Insabi, que sería similar al de Dinamarca, sistema que fracasó y desapareció para ser transformado en IMSS Bienestar.

Durante la gestión de Pedro Zenteno Santaella como director y Raúl García Robles como responsable de Administración y Finanzas de Birmex, se adjudicaron de manera directa contratos por 82 millones de euros (1,700 MDP aproximadamente) a dos empresas de Lituania de nombre Uab Jorinis y Entafarma, para la compra de medicamentos controlados para pacientes graves por COVID-19. La compra contemplaba 10 millones de ampolletas de fentanilo, morfina, propofol, midazolam, medicamentos de anestesia general y anticoagulantes a las empresas lituanas.

Birmex fue puntual en el paga, sin embargo no todos los medicamentos llegaron y los que sí se surtieron con contaban con el correspondiente certificado de origen y los permisos sanitarios, por lo que la Cofepris no autorizó su venta y distribución por no cumplir con los análisis respectivos, la ausencia de registros obligó a su almacenamiento, ese fue el motivo por el que no fueron utilizados durante la pandemia. Luego de 12 meses de estar almacenados caducaron, mientras que otros están próximos a perder su efecto.

La criminal acción no concluyó ahí, mediante una cesión de derechos de cobro, documentos apócrifos y firmas falsas se pagaron los primeros 25 de los 82 millones de euros a tres empresas fantasmas ‘Eurepa Comercializadora’, ‘Gravitacional Pro’ y ‘Denoter’, empresa que no eran las lituanas y no tenían relación alguna.

Las investigaciones arrojaron que la apoderada de la empresa Eurepa comercializadora es una empleada de limpieza que vive en una unidad habitacional, y que la empresa después de cobrar fue disuelta. La empresa Gravitacional Pro, informó que sus oficinas están en un edificio de Polanco, donde nadie conoce a la empresa, y la empresa Denoter, su domicilio está en un departamento de interés social en la colonia Agrícola Oriental. Ambas empresas tienen un mismo apoderado: Juan José Morales Miranda con un agravante, a Denoter la señalaron de realizar operaciones simuladas en Segalmex e ISSSTE.

Otro cobro falso fue realizado por Yara Celene Portillo Martínez, utilizando documentos falsos logró cobrar 37.5 millones de euros acreditándose como representante legal de la empresa Jorinis, al enterarse la empresa lituana informó que dicha persona no era su representante legal y evidentemente desconoció el cobro.

Así se cobraron 62.5 millones de euros de un contrato de 82, por medicamentos que no cumplieron con la calidad, normas sanitarias, certificados y registros de cofepris, productos que no sirvieron para paliar la pandemia.

Por donde se le vea, un fraude con tintes de lesa humanidad, la muerte a costa del dinero.

En Twitter me puedes encontrar como @RFInforma