RFInforma / Ciudad de México / martes 1 de noviembre del 2022

Redacción.-

En esta entrega de Nuestro Dinero analizamos las compras y contratos que realizó el Gobierno Federal entre julio y septiembre de 2022. Con un enfoque en la baja competencia de las instituciones del gobierno federal así como un par de casos que ejemplifican las puertas abiertas a un mal uso de nuestro dinero. En este texto podrás conocer las irregularidades que encontramos en los contratos del gobierno durante el tercer trimestre de 2022.

Algunos de los resultados más importantes son:

Con corte al 30 de septiembre de 2022, la tendencia en el número de contratos por tipo de procedimiento de contratación se ha mantenido, en tanto que 8 de cada 10 contratos son por adjudicación directa y 1 de cada 10 por licitación pública. Esta tendencia es semejante a la de sexenios previos.

48 de cada 100 pesos se han gastado por licitación pública mientras que 37 pesos de cada 100 son mediante procedimientos de excepción. Adicionalmente, 15 de cada 100 se gastan por otros tipos de contratación, lo que incluye contratos entre entes públicos, contrataciones con créditos externos y procedimientos no clasificados.

160 dependencias y entidades han asignado más del 50% de sus contratos mediante procedimientos de excepción en 2022.

En este trimestre tres instituciones tuvieron más de 95% de su gasto en contratos con poca o nula competencia: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con 99%, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con 98% y Diconsa con 94%. Estas fueron las instituciones de la administración pública que más gastaron en contratos vía adjudicación directa e invitación restringida.

El contrato de mayor monto para el tercer trimestre (12,417 mil millones de pesos) lo dio Banobras a Mota-Engil, una empresa con irregularidades en sobrecostos y retrasos en compras de años anteriores documentadas en distintas auditorías. Esta misma empresa también ha recibido contratos relacionados con el Tren Maya.

La empresa Ingeniería para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V., socia de una empresa inhabilitada previamente, ha recibido más de 40 millones en contratos este año con el sector salud. Sus contratos fueron con el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga», el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

PANORAMA GENERAL

Del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, el Gobierno Federal ha entregado 125,561 contratos por un total de $358,930 millones de pesos. Esto significa que en lo que va de 2022, el gobierno ha entregado cada día un promedio de 465 contratos por 1,329 millones de pesos. Como punto de referencia, con este ritmo de contrataciones se gasta el equivalente al presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral (INE) cada 9 días.

Durante este periodo se analizaron las compras de 310 entidades y dependencias del gobierno federal. Se descargaron las bases de datos de contratos para todos los años con corte al 30 de septiembre. Se procesaron 1,798,450 contratos desde 2010 hasta el tercer trimestre de 2022 por un monto total acumulado de $4,184,651,631,051 —es decir, cuatro billones ciento ochenta y nueve mil quinientos dos millones seiscientos veintiún mil ciento cincuenta y un pesos— en contratos de compras públicas del gobierno federal.

Adicionalmente, para esta investigación se realizó una corrección de la información de CompraNet, ya que los datos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) se encuentran mal capturados en la plataforma CompraNet. Había 180 contratos para personas físicas con montos superiores a 193 millones de pesos en cada uno, lo que sumaba un monto total de más de 31 mil millones de pesos. El INDEP tiene un presupuesto de 1,400 millones de pesos, por lo que los datos oficiales son incorrectos. Esta anomalía se debe a que registraron como el costo individual de cada contratación la suma de todos los contratos. Esta no es la primera vez que identificamos este tipo de errores de captura, ya que en nuestra última revisión también encontramos un contrato del Sistema de Administración Tributaria registrado con un monto 100 veces superior al que aparece realmente en el expediente de la compra.

Al revisar los contratos por la cantidad de dinero que se ha dado dependiendo del tipo de procedimiento (adjudicación directa, invitación restringida o licitación pública), identificamos que, como se ve en la parte verde de la gráfica siguiente, 48 de cada 100 pesos se han gastado por licitación pública mientras que 37 pesos de cada 100 son mediante procedimientos de excepción, una proporción prácticamente igual a la de 2021.

Tal como se ve en la sección gris de la misma gráfica, 15 de cada 100 pesos son entregados por otros tipos de contratación, lo que incluye contratos entre entes públicos, contrataciones con créditos externos y procedimientos no clasificados. Esto quiere decir que se gasta más en otros procedimientos que en invitación restringida. El monto de este rubro ha aumentado en los últimos años. A partir de 2019 tuvo un aumento importante, sobre el cual profundizaremos en futuras investigaciones debido a que suscita un interés público particular en tanto que por esta vía se dio el desvío de miles de pesos documentado en la Estafa Maestra.

Como se observa en la gráfica siguiente, la tendencia en el número de contratos por tipo de procedimiento de contratación se ha mantenido, en tanto que 8 de cada 10 contratos son por adjudicación directa, tal como se ve en la parte roja de la gráfica. Únicamente 1 de cada 10 se da por licitación pública y el resto se divide entre invitación restringida y “otros” contratos. La ley establece que el procedimiento por regla general deberá de ser por licitación pública. Aunque su distribución según el monto de los contratos se asemeja a lo propuesto en la ley, según el número de contratos no se sigue ni de lejos esta regla, tal como resalta la siguiente gráfica.

Las instituciones que, en lo que va de 2022, han entregado más dinero bajo los procedimientos excepcionales, aquellos con menor competencia, fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguido de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Diconsa, Comisión Nacional del Agua (Conagua), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Banco del Bienestar, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y, finalmente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Liconsa.

A partir de estas 10 instituciones que concentran el mayor número de procedimientos excepcionales detectamos focos rojos en las compras. Por ejemplo, encontramos un caso en el que una empresa pasa por encima de la ley, al darle la vuelta a una inhabilitación previa. También exponemos contratos con empresas que tienen historial de incumplimiento y sobrecostos en obras, como explicaremos en la siguiente sección de esta investigación.

Otro hallazgo en sí mismo es identificar las instituciones con más procedimientos excepcionales. El IMSS, por ejemplo, es la institución que año tras año encabeza la lista de mayor monto destinado en contratos por procedimientos de excepción. Por el volumen en montos y cantidades de lo que adquiere, presenta más riesgos de corrupción, irregularidades y violaciones a la ley que otras instituciones.

Llama la atención que el Insabi se encuentre en segundo lugar, en tanto que a partir de 2022 se creó el IMSS-Bienestar para sustituir al Insabi en las tareas de dar apoyo y atención médica a las personas sin seguridad social. La salud pública es un tema muy relevante y la falta de competencia en este sector es una constante. Tanto el IMSS, que anualmente es la institución con mayor monto destinado a procedimientos de excepción, como el Insabi encabezan la lista nacional de instituciones con más procedimientos excepcionales, que no pocas veces han presentado irregularidades.

Desde MCCI se han documentado las deficiencias del Insabi en las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, durante la atención de la pandemia el Insabi no acreditó la recepción de 650 ventiladores con un costo de más de 920 millones de pesos, así como la entrega de un millón de mascarillas por 40 millones y también incumplió en proporcionar la documentación justificativa para la compra de 2,250 ventiladores más por 1,600 millones de pesos.

A pesar de las irregularidades del Insabi y de la creación del nuevo organismo público descentralizado no sectorizado, IMSS-Bienestar, el Insabi se encuentra en segundo lugar de mayor monto usado en procedimientos de excepción.

De las 299 instituciones analizadas con procedimientos de excepción, 160 instituciones del gobierno tienen más del 50% del monto de sus contratos por procedimientos de excepción, de las cuáles más de 40 tienen el 100% de sus contratos por esta vía.

Adicionalmente, de las 10 instituciones con mayor monto gastado en procedimientos de excepción, 7 de ellas superan el 50%. Por ejemplo, BIRMEX, FONATUR y Diconsa fueron las instituciones que más gastaron en contratos con procedimientos de excepción (99%, 98% y 94%, respectivamente), principalmente a través de adjudicación directa e invitación restringida.

La ley es clara: “las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas.” Estas 10 instituciones usan con tal frecuencia los procedimientos menos competitivos que, en conjunto, concentran el 25% del total de recursos entregados a través de compras públicas. Es decir, 3% de las instituciones son responsables de 1 de cada 4 pesos dados mediante mecanismos de excepción. A continuación profundizaremos en las irregularidades detectadas en este grupo de instituciones.

Empresa con sobrecostos en Banobras

Como hemos visto, Banobras entrega 78% de sus contratos y 83.79% del monto que ha pagado este año a través de procedimientos de excepción. Además, fue la institución que dio el contrato más grande en el tercer trimestre de este año. De acuerdo con la plataforma de CompraNet, este contrato se otorgó mediante una adjudicación directa.

Al revisar los documentos referentes a este contrato, encontramos que si bien los documentos se tratan de la realización de un concurso, el proceso se asemeja más a una adjudicación directa porque descalificaron a todos los proveedores y únicamente quedó el ganador. Es decir, prácticamente se eligió sin competencia. Se trata de un contrato por 12 mil 417 millones de pesos (sin IVA) dado a la empresa Mota-Engil. El objetivo de éste fue la prestación de servicios para el mantenimiento, rehabilitación y operación del Tramo Compostela-Las Varas de la Autopista Tepic-Compostela, ubicados en el estado de Nayarit. De acuerdo con el fallo de este procedimiento, 5 proveedores presentaron propuesta para este concurso, se desecharon 4 propuestas por no ser solventes técnicamente y la única que quedó fue la de la empresa Mota-Engil. Sin embargo, no es posible saber cuál de los 28 motivos, establecidos en las bases, para declarar no solvente técnicamente fue el motivo por el que se descalificaron las otras 4 propuestas.

La empresa Mota-Engil ha sido señalada en varias investigaciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por venderle al gobierno con sobrecostos, tal como evidencia el contrato 2014-11-DE-A027-W-00-2014 para la construcción de un subtramo ferroviario de la nueva línea NBA del libramiento de Celaya, Guanajuato, en 2014. Así lo señala la Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-09100-04-0404.

La ASF señaló que se agregaron más de 100 conceptos que no estaban contemplados en el contrato, lo que equivalía a un monto de 211 millones de pesos, cercano al 47% del importe total contratado. De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) sí es posible y está permitido modificar contratos, tanto por monto como por fecha; sin embargo, las modificaciones no deben de rebasar el monto o plazo de 25% de lo pactado en el contrato en tanto que puede ser un indicio de competencia desleal. La ASF solicitó la aclaración de más de 15 millones de pesos por las modificaciones no justificadas de este contrato.

Esta misma empresa recibió el contrato por adjudicación directa para la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, construcción de la plataforma y vía del Tren Maya, así como las adecuaciones a carreteras a principios de este año. Estos dos contratos suman más de 16 mil millones de pesos. Se otorgaron 16 mil millones de pesos para una empresa con irregularidades documentadas, investigadas y que, de repetirse, ponen en riesgo nuestro dinero.

Los sobrecostos en obras y servicios comprometen nuestro dinero y los tiempos de entrega de obras o servicios. También violan una parte importante de la ley de obras, en tanto que implican afectaciones a la ciudadanía derivadas de las faltas en las obras o servicios contratados. A pesar de tener antecedentes de violaciones a la ley, esta empresa fue la que este tercer trimestre tuvo el contrato más grande en el país.

Uno de los riesgos de contratar con sobrecostos es que da indicios de posible colusión o competencia desleal. Por ejemplo, si la propuesta económica fue la más baja en una licitación o invitación restringida, y ese fue el factor determinante en la elección de ese proveedor como el ganador, que tenga historial de sobrecostos implica que puede haber bajado los costos con tal de ganar e imponer sobrecostos durante la marcha de la obra. En ese sentido, es un riesgo público en tanto que el costo final de la obra puede terminar siendo mucho mayor que con otras alternativas que cotizaron a precios realistas.

Darle la vuelta a una inhabilitación: un caso del Sector Salud

Otro caso irregular para este trimestre sucedió en el sector salud. Llevamos a cabo una investigación de las empresas inhabilitadas y una revisión de sus socios y representantes legales. Uno de los casos que más llama la atención es el de la empresa Innovaciones Hospitalarias de México, S.A. de C.V. En mayo de 2021, el órgano interno de control del Instituto Mexicano del Seguro Social le impuso una sanción de más de 900 mil pesos y la inhabilitación de ser proveedor del gobierno durante dos años, en un período entre el 28 de mayo de 2021 y el 28 de mayo de 2023.

El motivo de la sanción fue que la empresa proporcionó información falsa en la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales del SAT, así como en su declaración contractual. Sin embargo, esta empresa inhabilitada es socia de la empresa Ingeniería para el Cuidado de la Salud, S.A. de C.V., que este año ha recibido 6 contratos con instituciones del sector salud del gobierno federal. Además de estar asociadas, entre ellas comparten en su liderazgo a dos de los tres socios de la empresa inhabilitada.

Las instituciones que han tenido contratos con esta empresa, socia de una inhabilitada, son el ​​Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga», el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Los contratos han sido por un total de 43 millones de pesos.

No es el primer caso en el que empresas inhabilitadas utilizan una segunda empresa para tener contratos con el gobierno. Los mismos socios y la misma operación, pero con otro nombre. Resulta difícil rastrear el nexo entre la nueva empresa y la inhabilitada, lo que resulta una forma muy conveniente de seguir teniendo contratos con el gobierno pese a la inhabilitación.

De ahí la importancia que la sanción no sea únicamente a nivel empresa, sino que debería garantizar mecanismos de control para otras empresas con los mismos socios, sobre todo si sus operaciones corresponden al mismo sector que las empresas inhabilitadas. Con esto nos referimos a que no sólo debería restringirse la participación de la empresa inhabilitada, sino que su sanción debería extenderse a los socios de la empresa inhabilitada. Las leyes que regulan las contrataciones públicas establecen que las inhabilitaciones serán para evitar temporalmente la participación de manera directa o de interpósita persona, esto quiere decir que aplicaría la inhabilitación tanto para la empresa como para intermediarios. Sin embargo es un vacío en la ley donde no está bien definido si intermediarios aplicaría también para los socios compartidos de empresas o empresas que sean a su vez socias de alguna inhabilitada. La Secretaría de la Función Pública debería incluir el nombre del representante legal del contrato que se incumplió al emitir una sanción. De esta manera, podrían disminuir los riesgos de incumplimiento para socios o empresas que buscan pasar al margen de la ley con sanciones.

En este caso hablamos de medicinas para distintos hospitales e institutos. En este rubro, la revisión de las empresas que participan en contratos de gobierno debería ser exhaustiva en la medida que los riesgos de incumplimiento pueden poner en peligro la vida y la integridad de las personas. En el sector salud estos riesgos deberían ser inadmisibles. Este es un problema público que pone en riesgo nuestro dinero y que además implica un vacío legal. No hay ley o reglamento que evite esta manera de darle la vuelta a la ley.

La transparencia y el uso de nuestro dinero de manera eficiente es un reto que este gobierno tiene aún por resolver. Las irregularidades en los casos de esta investigación son un indicio de las fallas en la competencia, en el apego a la ley y en los riesgos que hay cuando las contrataciones del gobierno federal no tienen un seguimiento puntual de las autoridades y la impunidad en fallas en contratos sigue siendo una constante.

Un factor que inhibe la transparencia es el hecho de que la información en la plataforma presenta irregularidades. Se encontró desde información contradictoria hasta fallas sistemáticas de captura. Como explicamos al hablar del INDEP o de algunos contratos de BANOBRAS, los datos de los contratos celebrados este trimestre simplemente no reflejan la realidad. No quiere decir que el resto de la información sea falsa, pero sí implica que cualquier esfuerzo de análisis se complica debido a un negligente trabajo de registro. Estas fallas reflejan fallas sistemáticas de captura y de transparencia en algunas instituciones.

Esta investigación buscó presentar algunos contratos que ejemplifican la persistencia de irregularidades, el abuso de los procedimientos que deberían ser excepcionales e incluso los posibles conflictos de interés. En algunas instituciones, estos abusos representan casi la totalidad de su gasto corriente. Esto sucede en instituciones como BIRMEX, FONATUR o DICONSA. En BANOBRAS, estos mecanismos excepcionales permitieron otorgar el contrato más grande del trimestre a una empresa señalada como riesgosa por anteriores auditorías.

Lo que se calló cuando se cayó CompraNet

En esta entrega de Nuestro Dinero también analizamos las compras y contratos que realizó el Gobierno Federal entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2022. Este periodo es particularmente importante debido a que fue cuando la Secretaría de Hacienda tuvo fuera de servicio la plataforma CompraNet, que es una de las fuentes principales para saber cómo contrata el gobierno. Esto significó que por dos semanas el gobierno operó y gastó en total opacidad.

En esta sección podrás conocer en un apartado especial el análisis sobre lo que sucedió durante las semanas que CompraNet estuvo fuera de servicio. Algunos de los resultados más importantes son:

Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Secretaría de Hacienda no han respondido satisfactoriamente qué se contrató durante el periodo que CompraNet estuvo fuera de servicio, pues sus datos no concuerdan con la información pública disponible.
Entre los contratos con mayores montos para el periodo de caída de la plataforma CompraNet se encuentra el contrato de Prevención y Readaptación Social con la empresa Irkon Holding S.A. de C.V., por un monto de más de 230 millones de pesos. Esta empresa fue inhabilitada en 2017 por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla y ha tenido auditorías por irregularidades derivadas de sobrecostos en contratos de años anteriores.
Durante la caída de CompraNet también se identificaron contratos por 20 millones de pesos entregados a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, Cyber Robotics Solutions, misma que había sido inhabilitada por la Función Pública y acusada de irregularidades como sobrecostos y haber dado información falsa para ganar contratos.
Plataformas como CompraNet son fundamentales para el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y a la transparencia. Este tipo de herramientas nos permite monitorear cómo las instituciones del gobierno usan nuestro dinero. CompraNet es una plataforma electrónica de compras del gobierno federal que, entre sus múltiples funciones, registra y almacena la información de compras públicas realizadas con recursos federales de modo que las instituciones gubernamentales puedan reportarlas al público por medio de su plataforma digital.

Esta plataforma lleva más de 25 años operando regularmente sin fallas. Sin embargo, el pasado 15 de julio de 2022 se anunciaron problemas técnicos en esta plataforma, por lo que se reanudaron los servicios 18 días después, el día 1 de agosto de este año. A través de la cuenta oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se publicó en su cuenta de twitter que entre el 15 de julio y el 28 de julio se habían realizado 214 licitaciones públicas por un monto de 14 mil millones de pesos de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin embargo, no se publicó información sobre los contratos referentes a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Tampoco se supo qué contratos fueron de los que la Secretaría de Hacienda hablaba y si realmente los procesos se siguieron en presencial, o incluso si las fallas en la plataforma llevaron a una menor competencia en los procesos de licitación pública. De igual forma, no se informó sobre la cantidad de contratos por adjudicación directa durante este periodo de inhabilitación de la plataforma.

En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad realizamos solicitudes tanto a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada del monitoreo de la Plataforma Compranet, como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de la operación de la plataforma. Ambas respuestas fueron insuficientes.

Se solicitó la información del número total de contratos realizados tanto de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y todos los de obras para todos los tipos de procedimiento de contratación: licitación pública, invitación restringida, adjudicación directa, así como los contratos entre dependencias y entidades. Adicionalmente se pidió también los contratos con monto total de los contratos, fecha, tipos de contratación, procedimientos de contratación, proveedores que ganaron los contratos, número de proveedores que participaron en cada procedimiento de contratación y objetos del contrato.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo turnó a la Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la respuesta fue que es incompetente para dar la información de los dos puntos principales solicitados.

Respuesta de SHCP a solicitud de información

Respuesta de SHCP a solicitud de información incompetencia

La caída de esta plataforma generó a la vez preocupación y exigencias de la sociedad civil. En primer lugar porque, aunque tiene aún muchas deficiencias, en 26 años nunca había tenido una falla que inhabilitara el sistema y su uso. En segundo lugar, la preocupación fue no sólo la imposibilidad para consultar información de compras públicas sino que los procesos de contratación en este periodo fueran eficientes, transparentes y con apertura para la ciudadanía.

La imposición de los procesos presenciales puede tener consecuencias importantes para nuestro dinero. En primer lugar, se limita la competencia en procedimientos de compra. En segundo, en un proceso presencial hay mayor contacto entre proveedor y unidad contratante, lo que puede abrir espacios a colusión y corrupción.

Debido a la respuesta en la que la Secretaría de Hacienda declara ser incompetente para dar el número total de los contratos y los montos de cada uno, como lo hicieron a través de sus redes de comunicación oficiales, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todos los contratos registrados en CompraNet para las fechas en las que estuvo caída la plataforma. Es decir, entre el 15 de julio y el 1 de agosto.

En el periodo de suspensión de CompraNet hubo 4,966 contratos, de los cuales 200 fueron de obras y 4,698 de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El resto se clasificaron como otros o no se clasificaron. Se realizaron contratos por 12,517 millones de pesos en el periodo del 15 de julio al 1 de agosto. Un promedio de 275 contratos cada día y un monto promedio de más de 736 millones cada día.

Como puede notarse, estos 12,517 millones de pesos son inferiores a los 14 mil millones señalados en la publicación en Twitter de la SHCP, lo que significa que hay información pendiente según las cifras oficiales. Si a esto se le suma la falta de respuesta a las solicitudes de información realizadas, las y los ciudadanos seguimos sin tener en claro qué sucedió con nuestro dinero durante esas fechas. Probablemente solo algunas autoridades, con un mandato legal de transparencia, lo saben.

Lo que nosotros pudimos rescatar fue que 10 proveedores y contratistas acumularon el mayor monto en contratos durante la caída de CompraNet. Entre estos 10 se repartió 56% del monto total gastado en ese periodo. Entre estos contratistas destaca el caso de una empresa con irregularidades documentadas en años anteriores.

La opacidad durante caída la plataforma, así como la incertidumbre de que la información que ya se subió a la plataforma sea correcta, genera dudas sobre la competencia, los posibles abusos o los márgenes de discrecionalidad en las compras durante este periodo. Entre los contratos con mayores montos para el periodo de caída de la plataforma CompraNet se encuentra el contrato de la institución gubernamental Prevención y Readaptación Social, encargada de las cárceles, con la empresa Irkon Holding S.A. de C.V. por un monto de más de 230 millones de pesos. El título de contrato fue para Mantenimiento a Centros Federales de Prevención y Readaptación Social.

En 2017 esta empresa tuvo una auditoría derivada del contrato para el “Mejoramiento urbano del Corredor Insurgentes”. Entre las observaciones que se hicieron a la empresa encontramos que hubo sobrecostos en los contratos por más del 25%, lo cuál es una violación de la ley. De igual forma, la obra extendió el plazo de entrega hasta el doble del tiempo que se planeó inicialmente. Entre las investigaciones sobre las distintas obras que ha hecho la empresa, hay declaraciones que señalan que esta empresa fue inhabilitada en 2017 por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.

Auditoría CDMX/FONMETRO-AGU/17 IRKON Holdings

Adicionalmente la empresa Irkon Holding pertenece a dos socios que aparecieron en la lista de nombres de mexicanos de Panama Papers, en la que fueron señalados por crear empresas en paraísos fiscales. Si bien esto no es por sí mismo una ilegalidad ni un delito, es una alerta que vale la pena mencionar cuando hablamos de compras públicas. Constituye una irregularidad que permite a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera o a la Auditoría Superior de la Federación hacer un seguimiento de los recursos derivados de estos contratos para analizar si hay alguna ilegalidad en este caso, que representa un foco rojo en materia de contratos.

Por otro lado, el proveedor de equipos dentales, José Safar Boueri, se encuentra en la lista de proveedores que recibieron los contratos con mayor monto durante el periodo de caída de la plataforma CompraNet. Se trata de un proveedor que estuvo inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública entre 2014 y 2015. Aunque ha tenido un historial de contratos con gobierno con montos relativamente pequeños, para 2021 recibió un total de 39 contratos que acumulaban un total de 7 millones de pesos. Adicionalmente, se encontró otro error de captura en CompraNet para estos contratos. En la plataforma se registró el monto total del contrato por más de 4.8 mil millones de pesos, aunque los documentos del contrato señalan que se trata en realidad de un contrato únicamente por 48 millones de pesos (sin IVA). Es decir, es una irregularidad más en la captura de la información y registro de la misma. Sin embargo, e incluso tras esta corrección, este proveedor en solo dos contratos obtuvo 214 millones de pesos (con IVA). Si bien había tenido otros contratos en este año, ninguno excedió el millón de pesos antes de la caída de CompraNet. En cambio, uno de los dos contratos que recibió durante la caída de CompraNet tuvo un monto de 157 millones.

Hay otros dos contratos que llaman la atención durante este periodo. Como documentó Milenio en la investigación “Mega adjudicaciones durante caída de CompraNet”, otros de los contratos que se dieron durante el periodo de suspensión de esta plataforma fueron para la empresa Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Esta empresa ha sumado un total de nueve contratos este año, de los cuales siete de ellos fueron por adjudicación directa, acumulando un total de 58 millones de pesos entre sus 9 contratos. Los títulos de los contratos incluyen Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, otros son para adquirir Materiales, accesorios y suministros médicos así como Mantenimiento de equipo médico. Los contratos de esta empresa han sido con el IMSS, SEMAR, el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, el ISSSTE y el Hospital Juárez de México.

Esta misma empresa tuvo dos inhabilitaciones por la Secretaría de la Función Pública en 2020. Estas inhabilitaciones, de 24 y 27 meses, fueron por vender ventiladores al IMSS durante la emergencia por Covid-19 a un precio fuera del rango del mercado. Además, los materiales no cumplían las especificaciones técnicas para su uso y la empresa proporcionó información falsa para ganar contratos. Un par de meses después, por razones no aclaradas, la Función Pública declaró que quedaron sin efecto ambas inhabilitaciones.

CONCLUSIONES
En las compras públicas, las autoridades responsables deben buscar lo más cercano a la normalidad, lo ordinario y lo planeado. Sin embargo, el tercer trimestre de 2022 fue un periodo extraordinario caracterizado por la falta de transparencia, fallas en las herramientas de monitoreo y en la continua tendencia de ciertas dependencias de abusar de los procedimientos excepcionales de compra.

Este reporte está basado en información pública que proviene de un esfuerzo histórico del Estado mexicano con la transparencia hacia los ciudadanos. La transparencia no solo implica publicar la información, sino que debe de ir de la mano de una revisión de la misma, de manera que la información sea veraz y precisa. Durante este periodo, dos factores pusieron en riesgo el compromiso público con transparencia. Primero, que durante un mes CompraNet, la plataforma en la cual se guarda y audita la información del gasto de gobierno, haya fallado en su labor. Ni las dependencias, ni los proveedores, ni la sociedad civil pudieron asegurarse de que se siguieran procesos de contratación apegados a la ley. No hubo un reporte oficial ni público sobre las irregularidades visitadas en ese periodo, no tenemos noticias sobre cuándo serán resarcidos los huecos en la información, y, dado que el gobierno siguió contratando, ni siquiera sabemos la magnitud de lo que no se ha hecho público. Es decir, no sabemos cuántos de los contratos celebrados no están declarados en el sistema, por lo que desconocemos también esos procesos de contratación.

También encontramos contratos otorgados a empresas cuyos socios han sido vinculados con empresas inhabilitadas o que dan información falsa para conseguir contratos, que tienen historial de sobrecostos en contratos e incluso al hijo del actual director de CFE, Manuel Bartlett.

Nuestro objetivo es demostrar lo importante que es para todos y todas un sistema de transparencia que nos permita revisar y mejorar las formas en que el gobierno gasta nuestro dinero. Al mismo tiempo, esta investigación busca denunciar las faltas e irregularidades que se encontraron en los procesos de compra para exigir una mejora en ambos: tanto en el sistema en el que se llevan a cabo como en los procesos de auditoría que los rigen. Una cosa es clara: las puertas y ventanas para el desperdicio de nuestro dinero siguen abiertas de par en par.

» Fuente «