RFInforma / Ciudad de México / martes 11 de octubre del 2022

Redacción.-

Para entender la historia del presupuesto gubernamental sobre género, tenemos que conocer y entender primero un concepto: El «Anexo 13». Esta es la etiqueta con la que se ha llamado a todo dinero público destinado para apoyar a las mujeres, incluyendo las investigaciones de delitos como el feminicidio.

En aquella conferencia mañanera de julio de 2020, tanto el presidente López Obrador, como Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), hablaron de cómo el Anexo 13 estaba ayudando mejor que nunca a las mujeres en México.

“El presupuesto para las mujeres está en muchos lugares, está obviamente en el Instituto de las Mujeres, está, como presentó la (entonces) secretaria (Olga Sánchez Cordero), en la atención a la violencia, pero también está en seguridad pública, donde se está financiando con fondos de seguridad el programa Mujeres Constructoras de Paz y cada una de las dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres”, declaró Nadine Gasman.

Sin embargo, al analizar detenidamente los programas que reciben recursos de este Anexo, la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detectó que la mayor parte del presupuesto no se destina realmente a la erradicación de violencia y discriminación por razones de género.

De acuerdo con datos de la Cuenta Pública -en el periodo 2017-2021-, para 2021 el Anexo 13 tuvo el monto asignado más alto de esos años, con un total de 132 mil 652 millones de pesos. Quizá fue por esta razón que el Presidente afirmó que “nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora”.

Pero los cinco ramos con mayor presupuesto asignado del Anexo 13 corresponden a las Secretarías de Bienestar, Educación, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Desarrollo Social y Salud.

En 2021 los ramos correspondientes a Bienestar y Educación alcanzaron su máximo histórico con 77 mil 770 millones de pesos y 20 mil 943 millones de pesos, respectivamente.

El objetivo del Anexo 13 es etiquetar recursos enfocados en erradicar la violencia de género, aumentar la participación escolar y laboral de niñas y mujeres, por dar algunos ejemplos. No obstante, eso no sucede así.

De los aproximadamente 100 programas a los que destina recursos el Anexo 13, sólo hubo 13 que llevan a cabo acciones explícitas para contribuir a la igualdad de género y a una vida libre de violencias. En 2021, estos programas representaron únicamente el 4.06% del total del presupuesto del Anexo 13.

De ahí que sea posible concluir que la estructura programática de la actual administración es insuficiente para realizar acciones que favorezcan la igualdad.

Entonces, ¿qué programas que no tienen que ver con temas de género están en el Anexo 13? Si se analizan los programas y acciones adscritos es posible identificar que los principales programas, que concentran tres cuartas partes del presupuesto, no corresponden directamente con acciones en favor de la igualdad de género.

Ordenados de mayor a menor presupuesto están: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (49%), Jóvenes Construyendo el Futuro (8%), Sembrando Vida (6%), Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (6%) y Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (6%). Estos programas son justamente los proyectos emblema de la actual administración federal y a los que la Presidencia de la República les está dando prioridad.

El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que es el principal receptor de recursos a través de este anexo, es un programa universal para la atención de personas mayores. Los beneficiarios son personas adultas mayores de 65 años que viven en el país.

Si bien es un programa que beneficia tanto a hombres como mujeres, su objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. A pesar de que hay beneficiarias mujeres, no hay evidencia que este programa incluya políticas específicas para cerrar brechas de género.

De los 10 programas que reciben mayor presupuesto por el Anexo 13 sólo uno está dirigido específicamente en ayudar a las mujeres y a erradicar las brechas de género: el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadores, que busca aumentar la participación laboral de las mujeres, así como disminuir la carga de labores domésticas y de cuidado.

Sin embargo, en los últimos tres años, este programa ha tenido recortes que representan más de la mitad de su presupuesto. Pasó de tener 4 mil 399 millones de pesos asignados en 2018 a sólo 2 mil 413 millones de pesos en 2021.

Otro programa del Anexo 13 efectivamente enfocado en mujeres es el de Salud materna, sexual y reproductiva. Aunque en 2021 se le asignaron más de mil millones de pesos, este programa ha tenido caídas presupuestales los tres años anteriores. El año 2021 tuvo el menor presupuesto en el periodo del análisis, con una reducción de 21% respecto al último año.

Al analizar los programas del Anexo 13, es claro que la violencia de género no entra en las prioridades del gobierno federal. Por ejemplo, la política pública de fertilizantes, inscrita como parte del anexo de género sin que se explique por qué, tiene el doble de presupuesto que el Programa de Apoyo para Refugios. Como parte de su presupuesto de género, el gobierno mexicano gasta el doble en fertilizantes que en proteger a mujeres víctimas de la violencia.

El Anexo 13 tiene como fin que el presupuesto a favor de las políticas de género se distribuya de forma transversal en el gobierno federal. Pero el mecanismo resulta insuficiente para lograr su meta de política pública en tanto que es usado para asignar recursos a otros programas sociales, en lugar de concentrarse en aquellas acciones en favor de las mujeres.

La otra realidad oculta: los recortes presupuestarios
Las principales instituciones a nivel federal que tienen como objetivo generar e implementar políticas públicas focalizadas a atender las desigualdades y violencias contra las mujeres también han presentado recortes significativos en los últimos años.

Los centros de servicio de cuidado infantil surgieron como una política pública para alcanzar un principal objetivo: la inserción, permanencia y crecimiento de las mujeres en el mercado laboral, a través de la reducción de carga de labores de cuidado para las beneficiarias.

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2005, se encontró que la tasa de participación laboral de hombres y mujeres era diferenciada. Esto indicaría que las mujeres están menos en el mercado laboral que los hombres, en particular en el caso de mujeres en hogares con menores ingresos. En esta encuesta se destacó un motivo por el que las mujeres no están en el mercado laboral: la falta de opciones de cuidados de sus hijas e hijos. Casi el 60% de las mujeres mencionaron el cuidado materno como la causa principal de no poder trabajar.

Tomando como diagnóstico estas encuestas, en el año 2007 la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) introdujo el Programa de Estancias Infantiles (PEI) como una medida para disminuir la carga de cuidados a madres solas. Con ello se buscaba que esta política permitiera el ingreso y permanencia de las madres mexicanas en el mercado laboral.

El programa tuvo en su creación un presupuesto de menos de 2 mil millones de pesos y fue aumentando anualmente hasta mantenerse arriba de los 3 mil 500 millones de pesos. En 2018 fue el año con mayor presupuesto con un monto total ejercido de 3 mil 864 millones de pesos. De 2007 a 2018 tuvo también un aumento en la asistencia de niñas, niños y madres beneficiarias, principalmente de aquellas que se encontraban en el sector laboral informal y no contaban con seguridad social.

A dos meses de haber iniciado su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina del 7 de febrero de 2019, aseguró que había detectado “corrupción” en varios programas, incluyendo el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Este programa era un espacio dedicado al cuidado y atención infantil, operado por una persona que fungía como responsable y esta persona se encontraba capacitada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora llamada Secretaría del Bienestar.

“Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, declaró el Presidente.

En 2019, López Obrador, a través de la CIRCULAR UNO 2019, canceló todos los apoyos a organizaciones de la sociedad civil. Se argumentó como objetivo terminar con una intermediación que supuestamente originaba discrecionalidad, opacidad y corrupción.

El gobierno dejó de dar dinero de manera directa a estas instancias y ahora no existe información respecto a cuántas estancias continuaron después del año 2019. Ante dicho cambio operativo, los apoyos se dejaron de dar a los centros de servicio de cuidado infantil y se transfirieron directamente a las beneficiarias. Este cambio también llevó a una modificación presupuestal. Entre 2018 y 2019 se cortó en 51.5% el presupuesto, lo que significó un monto total ejercido de mil 975 millones de pesos para 2019.

Esta medida ha tenido consecuencias públicas para todas y todos. La asistencia de niñas y niños a centros de servicio de cuidado infantil disminuyó cerca de 20% tan sólo en el primer cuatrimestre de 2019 (Save The Children, 2019).

Además, el recorte de presupuesto generó que muchos centros cerrarán definitivamente por la falta de recursos. Al reducirse los apoyos para que creciera la oferta de centros infantiles se incrementaron los costos de mantener su operación, por lo que cerraron las estancias de la sociedad civil que hacían posible esta labor. Esto ha llevado a que miles de madres tengan que buscar opciones de cuidados informales como lo son otros miembros de la familia, por ejemplo.

Tres años después de los cambios en el programa, las mujeres reciben 1,600 pesos cada dos meses en compensación por el cierre de las estancias infantiles. De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios, el programa actualmente cuenta con 128 mil 375 beneficiarias. En 2018 las estancias infantiles atendían a 321 mil 726 mujeres en todo el país. Como efecto del cierre de las estancias infantiles, miles de madres se vieron obligadas a dejar a su hija o hijo con algún pariente o en una guardería privada. Otras tuvieron que renunciar a su trabajo, lo que diagnostica con claridad la falla central en los objetivos de la política pública.

Y la investigación de feminicidios
Desde enero de 2017 hasta junio de 2022, en todo México se han registrado 6 mil 11 feminicidios. A la par, en ese mismo periodo de tiempo 19 mil 25 mujeres han sido víctimas de homicidios dolosos. Esto de acuerdo a las cifras que mensualmente hace públicas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, no es posible saber cuántas de esas mujeres realmente fueron víctimas de un feminicidio y no de un homicidio doloso, ya que las cifras públicas no especifican las causas de muerte.

La importancia de diferenciar el homicidio doloso del feminicidio es la violencia con la que estas mujeres son asesinadas. El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:

• Los signos de violencia sexual
• Las lesiones o mutilaciones
• Los antecedentes de violencia
• Que hayan existido una relación entre la víctima y el victimario
• Las amenazas o agresiones previas al asesinato
• Que la víctima haya sido incomunicada
• Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público

Después de una larga batalla encabezada por activistas, abogados y principalmente familiares de víctimas de feminicidio, desde inicio de 2022, los 32 estados de la República Mexicana contemplan ya estos 7 puntos dentro de sus Códigos Penales Locales.

Además de estos, se han añadido otros indicativos en los Códigos Penales que rigen a los estados del País, como lo son:

• El cuerpo de la víctima haya sido enterrado u ocultado
• Se haya encontrado en un estado de indefensión. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio
• Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el feminicida una persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación
  Misoginia
• Cuando de la escena del hecho se desprendan indicios de humillación o denigración de parte del feminicida hacia la víctima
• Que el feminicida haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima
• Que el feminicida lo cometa por odio o aversión a las mujeres
• Que el feminicida lo cometa por celos extremos respecto a la víctima
• Discriminación

Sin embargo, entre el homicidio y el feminicidio existe otro delito que aún no está tipificado en todo el país: la tentativa de feminicidio. Al revisar los 32 Códigos Penales Estatales y el Código Penal Federal se identificó que solamente cinco estados tienen tipificado el delito de tentativa de feminicidio: Campeche, Durango, Nuevo León, Puebla y Yucatán.

Apenas en abril de 2022, con 474 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, las y los diputados aprobaron modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para sancionar el feminicidio en grado de tentativa. El dictamen indica que no gozarán de la libertad condicional, libertad anticipada, libertad preparatoria y la sustitución de la pena los sentenciados por este delito. Gracias a esta modificación ahora la pena por este delito (en donde está reconocido) será hasta de 40 años de prisión.

Carmen Sánchez lo vivió. Ella soñó con “El Enemigo” e imaginó que llegaba a la puerta de su casa para dejarle dinero que necesitaba. Tres horas después, El Enemigo apareció en su casa, como en el sueño, pero no le llevó dinero, sino una botella con ácido que vació en su cuerpo. Esto no fue un hecho inesperado, sino el desenlace de 10 años de violencia que sufrió al lado de su expareja.

Ella tenía 18 años cuando conoció al hombre que meses después se convertiría en su pareja y al poco tiempo también en su violentador. El ataque que desfiguró casi toda la mitad derecha de su cuerpo ocurrió el jueves 20 de febrero de 2014 y fue el peldaño más alto de la violencia que vivió durante una década.

A lo largo de su relación, Carmen presentó dos denuncias hacia su agresor, una de ellas por violencia intrafamiliar y la segunda por sustracción de una menor, pues se llevó unos meses a Monterrey a la hija que procrearon en común y la utilizaba para chantajear y manipular a Carmen. Gracias a estos precedentes se pudo tipificar el delito por el que se le acusaba de lesiones a feminicidio en grado de tentativa. Ya que los ataques con ácido no están reconocidos como agravantes en la tentativa de feminicidio.

La incorporación del delito de feminicidio en el año 2012 en el Código Penal Federal, significó un gran avance para visibilizar la violencia de género, pero actualmente ni el Código Penal de la Ciudad de México o el del Estado de México tienen reconocida la figura de feminicidio en grado de tentativa.

Los recursos para la (poca) investigación
En términos absolutos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es la institución gubernamental con mayor presupuesto de las cuatro analizadas para esta investigación, seguido del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y por último la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

En medio de una crisis pública de violencia hacia las mujeres, la Fevimtra y la Conavim han mantenido presupuestos que van a la baja. En 2021, el presupuesto destinado a Fevimtra tuvo una disminución del 3.6% respecto al año anterior, lo que se suma a las tendencias anuales de disminución de su presupuesto.

Aunque hay 10 feminicidios al día y un aumento generalizado en delitos de violencia de género, el presupuesto de la Fevimtra es insuficiente para atender el problema. Para el caso de la Conavim, institución que idealmente sería complementaria a Fevimtra, el presupuesto también ha sido comparativamente bajo en relaci desición con otras instituciones en favor de las víctimas, como lo es la CEAV.

Actualmente la Conavim mantiene un presupuesto, en términos reales, mayor que aquel destinado a la Fevimtra. Sin embargo, las desapariciones y feminicidios siguen a la alza y el trabajo de prevención de estas instituciones resulta insuficiente para atenderlos.

Gobierno ve a grupos feministas como amenaza

A finales de septiembre de 2022 se conoció la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había sido hackeada por el grupo de hacktivistas “Guacamaya”.

En los archivos extraídos de los servidores de la Sedena hay documentos en los que se describe a las feministas como una amenaza a la seguridad. En uno de los documentos confidenciales se coloca a las organizaciones de mujeres al nivel de grupos subversivos y guerrillas.

El documento hackeado reveló que, a través de informes de inteligencia generados por comandancias y zonas militares, el Ejército Mexicano espía y sigue de cerca las actividades de las activistas que coordinan y participan en la lucha por los derechos de las mujeres en México.

Para el actual gobierno federal, los movimientos feministas recién nacieron en 2019 “derivado de la muerte de una menor a manos de su padrastro, la presunta violación de una adolecente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Azcapotzalco; así como, el aumento en los índices de violencia en contra de las mujeres”.

Los informes internos de la Sedena sostienen que los movimientos feministas nacieron como contrapeso de la actual administración morenista, lo cual es falso, porque algunas activistas tienen décadas de lucha.

Los documentos señalan que los principales grupos feministas han incrementado sus movilizaciones y “cada vez se han tornado más violentas, transformando sus formas de presión, siendo los colectivos anarquistas los más violentos causando daños a inmuebles, monumentos, vías de comunicación y contra policías y transeúntes”.

La Secretaría de la Defensa Nacional identificó al menos 15 grupos feministas, entre los que destacan: el Bloque Negro, Colectivo Mas Mujeres, Colectiva Aquelarre Feminista, Marea Negra y Resistencia Queer.

Pero dentro de los datos más alarmantes está un listado de mujeres feministas que son espiadas por el Gobierno. Por ejemplo, cuando se tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (C.N.D.H.), ubicada en la calle República de Cuba No. 60, Col. Centro, en la Ciudad de México. El Gobierno mexicano identificó a 11 feministas que formaron parte de la toma, a las que identificó como miembras del “Bloque Negro”.

“Derivado de las diversas agresiones y actos vandálicos por parte de los colectivos feministas, se han realizado diversos análisis, revisión de perfiles y fichas de identidad, de personas relacionadas con hechos delictivos, en marchas y actos feministas a fin de obtener objetivos prioritarios e iniciar carpetas de investigación”.

De acuerdo al documento, al menos 7 jóvenes feministas ya fueron notificadas de que existe una carpeta de investigación bajo su nombre e incluso señalan que, en algunos casos, solicitaron registros telefónicos para determinar su ubicación y así lograr su ubicación.

La violencia que no para
Mientras el presupuesto para apoyar a las mujeres sigue disminuyendo, la violencia se incrementa.

En un periodo de siete días, tres mujeres fueron asesinadas de la misma manera: incineradas. La primera víctima fue Luz Raquel Padilla, que falleció el pasado 19 de julio de 2022 por quemaduras en el 90% de su cuerpo. A los pocos días de que su cuerpo fue encontrado la versión oficial que difundió la Fiscalía Estatal del estado de Jalisco fue que ella misma se había prendido fuego.

El primero de julio, Margarita Ceceña, de 30 años de edad, fue rociada con gasolina para después prender fuego a su cuerpo. 24 días después del ataque, Margarita murió. El ataque le provocó 70% de quemaduras en todo el cuerpo y el feminicidio fue supuestamente cometido por Primitivo “N”, quien era pareja de su prima.

Este caso se registró en la Ciudad de México, misma parte de la República Mexicana en la que Myrta Itzel -una mujer de 45 años de edad- sufrió maltrato y violencia física y emocional por parte de su pareja, quien le quitó la vida al incendiarla.

El ataque contra Myrta se registró el 4 de mayo, pero ella perdió la vida, por motivo de las quemaduras, a finales de julio.

En un solo mes, tres mujeres más entraron al conteo de feminicidios, por la misma causa de muerte. En uno de esos casos, la autoridad revictimizó con la versión oficial del caso, en los otros dos aún no hay pena contra los feminicidas. Y mientras sus familiares exigen justicia, en México, los recursos para investigar los delitos por razones de género siguen sin ser transparentados por las autoridades.

A lo largo de esta investigación trasnacional se revelará cómo este patrón de cero transparencia y correcto uso del presupuesto para erradicar la violencia de género es un mecanismo que se repite no solo en México, sino también en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Chile.

Desde México se presentarán ocho historias que reflejarán como la falta de correctas políticas públicas y utilización de recursos es uno de los factores principales que abonan a la impunidad en delitos como la desaparición de mujeres, el intento de feminicidio, el feminicidio, la violencia sexual, la violencia obstétrica y las implicaciones de que existan alertas de violencia de género y si realmente ayudan o son un mecanisno obsoleto.

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