Por Rodolfo Franco

A casi cinco décadas de la fundación de la benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, un día sí y otro también es motivo de comentarios negativos, dentro y fuera de la institución, siendo los últimos los más delicados, pues horadan el prestigio de la institución académica.

Si tuviéramos que comparar la vida de la casa de estudios con el cuerpo humano, esta padece de progeria, está envejeciendo prematuramente, temas como censura, sectarismo, presunta corrupción, vendettas, gregarismo, y elitismo -porque compite en costo de colegiaturas con universidades particulares, dejando de lado su esencia de servir a los más desfavorecidos económicamente- son aristas que ya se discuten abiertamente.

El iceberg de temas flotaba en la espesa bruma de la noche del temor, alguien debía romperla, surgieron escaramuzas que terminaron con ‘renuncias’, separaciones, llamadas de amonestación, expedientes abiertos, descalificaciones y embestidas salpicadas de moralinas proferidas por los integrantes de la cofradía que controla la universidad, sin dejar de recetar anatemas contra los ‘disconformes’ con la administración y política que rompe la ‘pax universitas’ que a juicio equiparable con la inquisición, determinaban que los herejes pretendían desestabilizar la ‘armónica vida universitaria’, pero que como en las mejores familias, las miserias de algunos miembros eran ocultadas, callaban las violaciones cometidas por familiares, hoy se rompió con el cristal que engullía los gritos de quienes demandaban el disenso como método de perfeccionamiento de la vida universitaria, la discusión de ideas y opiniones, las investigaciones a los recursos materiales y económicos, a las prebendas hacia algunos grupos, al patrimonio, a la calidad educativa, al sistema operativo burocrático poco transparente, al uso de plazas y cátedras como premio o castigo.

El catedrático y abogado Alan Capetillo, víctima del ‘santo oficio universitario’, piolet en mano dio el primer golpe al iceberg, acusando censura y cuestionando severamente al rector, su método inquisitorio, retó a debatir y solo encontró la ignominia por el silencio, pero la valiente manifestación de Capetillo rasgó el témpano, su grito fue escuchado por los estudiantes, quienes días después mediante mantas colgadas en un paso a desnivel que une la universidad con un centro comercial, denunciaron la intromisión en la conformación del consejo universitario.

A las voces valientes se sumó el arquitecto Ignacio Jiménez Armas, denunciando que en la universidad los procesos de licitación de obra están amañados y dirigidos, demandando al rector evitar actos de corrupción, acabar con el negocio de unos cuantos y garantizar licitaciones con piso parejo. Un secreto a voces entre el gremio de la construcción pero que nadie se había atrevido a revelar.

A la palestra subió el notario y académico Jesús Eduardo Martín Jáuregui, cuestionando contratos preferenciales a un selecto grupo de personajes, acto seguido le vendría una notificación para presentar su declaración patrimonial, más grave resultó que la empresa radio BI, donde expresó su cuestionamiento, tumbaría la nota que hacía referencia al comentario.

Vendría la publicación que hice del adeudo millonario por parte de la universidad al IMSS, que para cubrirlo optaron por la desincorporación de un predio con la finalidad de garantizar el crédito fiscal, lo que hace presumir de una mala administración, y sembrando la duda entre los trabajadores y académicos, respecto al registro real de sus salarios y los fondos acumulados en las prestaciones no solo en el IMSS, también en el Infonavit.

El iceberg se viene fragmentando, el informe de resultados correspondiente a la auditoria a la UAA en el año 2017, exhibe lo que se ocultaba, diez observaciones sin solventar, de las cuales una de ellas muestra que se excedieron en un 13 mil 150 en transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas, tampoco se justificaron legal y documentalmente casi 60 millones de pesos entregados en apoyos y subsidios, por citar solo algunas irregularidades.

La serie de irregularidades motiva a la reflexión profunda, al análisis, al escrutinio desde dentro y desde afuera, porque la universidad es un organismo ‘público’ descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que significa que es de todos.

Por el bien de la universidad estamos obligados a exigir la rendición de cuentas, tenemos y debemos velar y vigilar por ella, y eso incluye el debate y la discusión, no la censura y la opacidad.

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