Por Rodolfo Franco

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentó su informe a menos de un mes de cumplirse un año más de la masacre de Iguala.

En la presentación del documento aseguró que la «verdad histórica» se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura, fabricación de pruebas y manipulación de la escena del crimen, aclarando que su informe no tiene ninguna coincidencia con la llamada «verdad histórica» expresada por el entonces Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, hoy detenido y acusado de tres delitos; tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia, cometidos durante el desarrollo de la investigaciones que lo llevaron a las conclusiones de la verdad histórica.

“Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas. Y es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones, que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”, afirmó Encinas en la presentación del informe.

Hasta aquí nada es diferente al pasado, los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen desaparecidos desde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año 2014. Luego entonces ¿qué es diferente? Siguen desaparecidos y no se tiene certeza de su paradero. La coincidencia en ambas versiones es que se asume el fallecimiento.

La diferencia de la «verdad histórica» con el “Informe de la Comisión para la Verdad” estriba en que ahora se menciona el abominable hecho como un crimen de estado, ese es el avance.

Pero no se tenía que ir tan lejos, en diciembre del 2014 la periodista Anabel Hernández publicó en la revista Proceso la primera parte de su investigación con un reportaje titulado “La verdadera noche de Iguala”, donde señala que en el operativo para detener a los estudiantes normalistas que habían secuestrado camiones de la empresa Estrella de Oro, participaron elementos de las policías municipales y estatales de Guerrero, policías federales, así como elementos del el ejército y la marina.

El objetivo era rescatar un cargamento de heroína con valor de dos millones de dólares, que sería trasladado a los Estados Unidos a mediante los autobuses 1531 y 1545. Cargamento que los jóvenes estudiantes desconocían estuviera en los camiones.

Narra Anabel en la entrevista que le realicé hasta Europa, que el narcotraficante Martín Villegas Navarrete, alias ‘El Elegante’, capo del clan de los Beltrán Leyva, señalado de vínculos con el entonces comandante de la novena región militar con sede en Guerrero, Salvador Cienfuegos Zepeda, que al enterarse del secuestro de los camiones, se comunicó con el Coronel de Infantería José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 batallón en Iguala, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar, por lo que encabezó la operación para rescatar la droga con elementos del ejército, apoyado por policías, por versiones de testigos, los estudiantes habrían observado la maniobra de rescate, por lo que fueron secuestrados, separados en grupos y nunca más se supo de ellos. ‘El Elegante’ en entrevista con Anabel en una prisión de Estados Unidos a donde fue deportado, reconoció que la droga en los camiones era suya.

Sobre el caso Ayotzinapa, Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Sedena, aseguró en entrevista a Excelsior el 10 de julio de 2015 que el Ejército no intervino, pues en el cuartel del 27 Batallón no había personal ni vehículos para atender la emergencia. Por esa declaración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que el general faltó al derecho a la verdad y confundió a la opinión pública.

El resto es parte de la protección que tendió el estado para no incriminar a elementos del ejército, la marina, policía federal, como fue el caso de Omar García Harfuch, hoy Secretario de Seguridad en la CDMX, permitiendo desde la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación, desviar la investigación para no revelar los pactos criminales del estado con los Beltrán Leyva.

Lo grave es que ahora se sigue relevando de toda responsabilidad a generales y funcionarios del pasado que siguen conectados al presente, buscando crear otra versión de la verdadera verdad histórica.

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