RFInforma / México / lunes 07 de marzo del 2022.

Redacción.-

A un cuando la atención del país entero estaba puesta en Ucrania, no tardamos en darnos cuenta que no necesitábamos voltear a Europa para conocer los horrores de la guerra.

Esta vez los reflectores apuntaron al pequeño municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, al ser difundido un video en redes sociales que daba cuenta de un aparente “fusilamiento” contra un número indeterminado de personas que acudían a un velorio.

Ninguna autoridad pudo confirmar a plenitud los hechos observados en la grabación, al arribar al lugar donde se suscitó la matanza, la razón: los asesinos se llevaron los cuerpos y se dieron a la tarea de barrer –literalmente– las huellas del crimen, limpiándola con agua y jabón. Y no se trata de un caso aislado del que nos hayamos percatado apenas hace una semana, sino de un procedimiento habitual de las organizaciones delictivas para evadir la acción de la justicia, que llevan haciendo desde hace décadas, bajo la máxima de que sin cuerpo no hay delito que perseguir.

Así lo han narrado diversos sicarios detenidos por la autoridad, al dar testimonio de las técnicas aplicadas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, lo mismo disolviéndolos en tinacos repletos de ácido, incinerándolos para esparcir sus cenizas al río (como presuntamente hicieron con los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa), que enterrándolos en fosas clandestinas.

Una tragedia que para los familiares de los desaparecidos equivale a una muerte en vida. Que en algunos casos les alcanza en carne propia en represalia por asumir las tareas de búsqueda, ante la indiferencia de las instituciones competentes, que suelen dar carpetazo a estos asuntos o criminalizar a las personas no localizadas, supuestamente por “andar en malos pasos”.

Lo que incentiva la impunidad y bestialidad con la que actúan las organizaciones delictivas para mantener el control de estados y municipios rayando en el genocidio. Tan solo en lo que llevamos del presente sexenio, 21 mil 846 personas han desaparecido de manera violenta, un aumento de 57% comparado con el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto (RNPDNO, Segob, portal web: consultado el 4 de marzo de 2022). La probabilidad de que la mayoría aparezcan con vida es re­mota, lo que elevaría aún más el número de asesinatos reconocidas por el gobierno de López Obrador.

Y lo más probable es que las víctimas acribilladas el domingo pasado en San José de Gracia acaben engrosando está cruda estadística, cual si fuera un pozo sin fondo, y que coloca a México a la par de otros países que han enfrentado crímenes de lesa humanidad por desaparición forzada.

Lo cual no deja de ser útil al presidente y a los gobernadores de su partido (Morena), para maquillar las cifras reales de asesinatos y celebrar falsos avances en la estrategia de “abrazos, no balazos”, sin ex­poner el récord de desapariciones a manos del crimen… y también del Estado.

Un pequeño ejemplo de lo anterior, pe­ro no menos sintomático, se presentó pre­vio a la elecciones intermedias de 2021, al ser detenida la alcaldesa de Nochixtlán, Oaxaca, Lizbeth Victoria Huerta, militante de Morena, y su hijo Johan Matus, por su presunta autoría intelectual en la desapa­rición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, quien había denunciado a la alcaldesa –que buscaba reelegirse en el cargo– en instancias oficiales, por su presunta malversación de fondos públicos municipales a través de empresas fantasma. Claudia fue vista por última vez en una protesta contra la gestión de la presidenta municipal.

La fiscalía de Oaxaca confirmaría que la activista habría sido “ejecutada”, sin dar a la fecha con su paradero. A Claudia la desapareció el Estado (los gobernadores y alcaldes, a diferencia de lo que opi­na el presidente, son parte de su estructura) al que la izquierda acusaba con vehe­mencia de la desaparición de los 43 nor­malistas de Ayotzinapa, claro está, cuan­do eran oposición.

Con la activista oaxaqueña han optado por meter la cabeza, como avestruces, y para salir del atolladero, no han tenido más remedio que acusar a los “conservadores” de construir montajes o provocacio­nes con estos atentados o masacres, como la acontecida en San José de Gracia. Así lo ha reiterado no solo el presidente en su conferencia mañanera, sino prominentes comunicadores de izquierda y medios propagandistas del régimen como el periódico La Jornada.

Desaparecer personas o evidencias que permitan la captura y sanción de los agre­sores no es una pedagogía que haya naci­do en los cárteles (que en su gran mayoría son liderados por exjefes policiacos o ex­militares de élite), como la narrativa ofi­cial o pro oficialista pretenden hacer creer a la opinión pública, sino todo lo contrario: surgió en el seno del Estado.

De hecho, es algo cotidiano que las po­licías de todos los niveles se encarguen de limpiar de forma inmediata e irresponsable la escena del delito en “ejecuciones” o balaceras, estropeando involuntaria o voluntariamente, la cadena de custodia de la prueba y entorpeciendo la labor de los peritos.

Manipular la escena del crimen, ocultar cuerpos o, peor aún, negar las evidencias por asumir que forman parte de un complot político para dañar a la autodenominada cuarta transformación, representan una práctica sistemática de Estado que puede intensificarse alentada por la desesperación del presidente de pintar una rea­lidad que encaje con su promesa de pacificación, lo que no es una buena noticia para la democracia, la libertad y la seguridad de los ciudadanos. La comunidad internacional no puede seguir cerrando los ojos ante la distopía mexicana.

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