RFInforma® – Ciudad de México, lunes 8 de noviembre de 2021

Redacción.-

En política, tarde o temprano, el discurso termina quedando rebasado por la realidad. La explosión de una toma clandestina de gas en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en la capital de Puebla, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas, derriba de golpe la afirmación triunfalista del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno había “podido eliminar prácticamente es ta actividad delictiva”.

La catástrofe revela la simpleza con la que las últimas dos administraciones federales han encarado el problema, al concebirlo simplemente como un quebranto para el presupuesto público, y no como una amenaza de protección civil que puede costar vidas.

Por ejemplo, en 2018, las pérdidas para Pemex por el robo de combustibles ascendieron a 60 mil millones de pesos, apenas al 2% del total de inventarios comercializados en todo ese año.

Es decir, los costos no operativos de la ordeña ilícita de carburantes eran marginales y, para el gobierno de Peña Nieto, resultaba más caro invertir en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, para sancionar a los responsables, encarecer el delito e inhibir estas conductas, y en la reubicación de las viviendas que invadían los derechos de vía de Pemex, lo que las convertía en una verdadera bomba de tiempo.

La negligencia del gobierno de Peña Nieto quedaría asentada mes y medio después de dejar el cargo, al estallar un poliducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde fallecieron en total 137 personas que recogían gasolina robada, en cubetas y bidones, expulsada a presión de una válvula clandestina.

La tragedia se convirtió en la tercera con el mayor número de decesos en todo el mundo en las últimas dos décadas, únicamente por debajo de las explosiones de oleoductos en Nigeria registradas en los años 2000 y 2006, por tomas ilegales, en donde perdieron la vida más de 250 personas en cada evento, cuando recuperaban el petróleo derramado.

En el gobierno de López Obrador, la solución sigue anclada en la protección de las finanzas públicas más no en mitigar el peligro que representa la perforación de los ductos para la ciudadanía.

Así lo expuso reciente mente el director de Pemex, Octavio Ramírez Oropeza, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, al destacar como único logro el dinero recuperado por la empresa.

Según informó el director de Pemex, des de que el gobierno decidió cambiar la logística de transportación de ductos a pipas, custodiadas por militares, el volumen de carburantes robados pasó de un promedio de 56 mil barriles por día (bpd) en 2018 –su pico más alto en los últimos 21 años–, a 6 mil 400 bpd en 2019, 4 mil 800 bpd en 2020 y 4 mil 100 bpd en lo que va de 2021 (ca da barril equivale a 159 litros).

El promedio de barriles robados al día en 2021, se redujo en un 92.6 por ciento en comparación con el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. En lo que respecta al gas LP, el volumen sustraído ilegalmente bajó de 13 mil 600 bpd en 2018, a 5 mil bpd en promedio, de 2019 a 2021. Según él director de Pemex, la estrategia en su conjunto ha generado ahorros por 143 mil 383 millones de pesos.

Sin bien el resultado de estas acciones pudo haber evitado el robo a gran escala, y ahuyentado a los cárteles del narcotráfico por hacerles poco redituables las ganancias, bandas de menor escala se han multiplicado para tomar su lugar y apropiarse de los remanentes que aún circulan por las tuberías, una cifra nada despreciable de 9 mil 100 bpd, donde 5 mil son de gas LP, a donde han migrado los delincuentes, la mayor parte extraída en el estado de Puebla.

Prueba de ello son las 2 mil 72 tomas clandestinas descubiertas en los gasoductos de Pemex en 2020 a nivel nacional, de las cuales el 79% (mil 639 tomas) se halla ron en Puebla.

Esto representa un aumento del 833 y del 2 mil 460 por ciento, en compa ración con las 222 y 64 grifos irregulares en gasoductos a nivel nacional y en el estado de Puebla en 2018, de acuerdo con datos de Pemex entregados vía transparencia.

Tomando en cuenta el precio promedio por litro de gas LP, los ladrones obtienen ingresos estimados de 11 millones de pesos diarios a nivel nacional (casi 4 mil millones de pesos anuales).

Puebla es nuevamente el epicentro de un mal que no solo afecta a la hacienda pública, constituye una amenaza para la vida de las personas y su patrimonio.

De poco servirán los llamados del presidente López Obrador a los habitantes para denunciar a los delincuentes, pues en muchos de estos municipios donde prolifera el huachicol, y ahora el gaschicol, los mismos pobladores se han tomado muy en serio el principio constitucional de que el petróleo –y sus derivados– es propiedad de la nación, enrolándose en el negocio para tomar a la fuerza una porción del pastel, y operando como escudo humano para repeler de sus comunidades a los elementos de la Guardia Nacional enviados para contrarrestar el saqueo de hidrocarburos.

Si la estrategia federal continúa enfocada en generar ahorros, dejando fuera el comba te a la impunidad con la que actúan los grupos criminales, la reubicación de las poblaciones asentadas en zonas de riesgo, la erradicación del mercado negro, y sin hacer frente a autoridades corruptas y empresarios gasolineros y gaseros inmiscuidos, tragedias como la de San Pablo Xochimehuacan, volverán a repetirse.

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